Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 017/2014
20 de marzo de 2014
Gracias, buenos días a todas y todos. Saludo al presidium que nos acompaña, en especial al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), al Procurador, al Secretario de Seguridad, a las organizaciones como Open Society, al Instituto que dirige Camacho Solís, a los integrantes del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (Cupihd), al Subsecretario, a las señoras y señores Diputados, a las Consejeras de nuestra Comisión y a todas las personas, medios de comunicación y al público que tiene interés en este tema.
El día de hoy nos interesa presentar el Informe Especial Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México 2012-2013. Durante los últimos meses, todas y todos hemos sido testigos de la forma en que se ha intensificado de manera muy importante el debate sobre las políticas que deben implementar los Estados sobre el tema de las drogas.
En este sentido, es relevante señalar que la discusión de este tema no ha sido exclusiva del ámbito mexicano y mucho menos del Distrito Federal. En general, podemos informar que nos encontramos frente a una amplia y profunda discusión que ha cobrado una enorme fuerza en muchos países del mundo.
De esta manera, tenemos que entre el 3 y 21 de marzo se está llevando a cabo en la ciudad de Viena, en el marco de su 57 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de la ONU, un examen de alto nivel sobre la aplicación de la Declaración Política y Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas.
Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó llevar a cabo, por primera ocasión, una Audiencia temática sobre las políticas de las drogas en los derechos humanos, a solicitud de 16 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región. La mencionada Audiencia tendrá lugar el próximo 25 de marzo en Washington y reflexionará, entre otros aspectos, sobre la necesidad de advertir de los graves impactos que la política de fiscalización de las drogas ha tenido en los países de la región y sobre la necesidad de adecuar las políticas en la materia y conformar con los más altos estándares de protección de los derechos humanos.
En este contexto, la elaboración que del Informe Especial Drogas y Derechos Humanos que presentamos el día de hoy, tiene como fundamento el Artículo 146 bis del Reglamento Interno de la Comisión, para elaborar un tipo de herramienta que tenga, dentro de todos los integrantes y todos los componentes que se reflexionan en el mismo, todas las valoraciones que desde la visión de derechos humanos y con datos, con información y con toda la sistematización que pueda aportarse en este tipo de reflexiones se pueda documentar como un insumo en las discusiones de política pública.
De los datos que se destacan en el Informe que presentamos el día de hoy, tenemos que se recupera una gran cantidad de temáticas sobre el tema de las políticas de drogas y su relación con los derechos humanos. Apuntaré de manera somera, el Informe estará a disposición para la lectura más exhaustiva, los puntos torales que concentra el propio Informe.
En primer lugar, debe darse un paso definitivo hacia la eliminación de estigmas y prejuicios que se desarrollan alrededor del tema de las drogas y, particularmente, frente a las personas usuarias. El Informe advierte sobre la situación adversa que enfrentan las personas usuarias de drogas, debido al estigma y prejuicios que enfrenta, vinculados con una percepción dominante en la sociedad, que asocia las drogas con la enfermedad, la adicción y/o la delincuencia.
Precisamente por eso, resulta indispensable incorporar conocimiento basado en una investigación rigurosa que nos permita eliminar muchas de las ideas preconcebidas que la sociedad tiene sobre este tema.
En segundo lugar, es fundamental llevar a cabo un cambio de paradigma sobre el tema de las drogas. Tradicionalmente los derechos humanos han sido excluidos de denominación en los sistemas de fiscalización de estupefacientes y no son considerados como principios rectores para la aplicación de medidas de fiscalización. El llamado sistema de fiscalización, compuesto por una serie de tratados de corte punitivo, ha tenido como uno de sus principales propósitos limitar el uso de estupefacientes a los usos médicos y científicos y encomendar a los Estados adoptar disposiciones penales para perseguir y castigar toda actividad relacionada con sustancias psicoactivas.
A varias décadas de la primera Convención del Sistema de Fiscalización, los resultados de su implementación son, cuando menos, cuestionables. Una de las principales aportaciones que nos proporciona el Informe que hoy presentamos, es el que se refiere a lo que señala el propio Relator de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud: la necesidad de llevar a cabo un cambio de paradigma hacia la adopción de un enfoque de fiscalización de drogas, basado en los derechos humanos, que permita la formulación de una estrategia reguladora de las sustancias que crean dependencia y orientadas a proteger a las y los usuarios, al tiempo que se reducen al máximo los riesgos y daños asociados a las drogas.
En este sentido, es importante que el centro de la discusión sea cada vez menos las sustancias y cada vez las personas que las usan o no. Adicionalmente, sabemos que actualmente se discuten en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un paquete de iniciativas sobre la materia.
Aclaramos que el Informe se concluyó a finales del año pasado, por lo que el análisis de tales iniciativas no forma parte del documento que hoy presentamos. Sin embargo, tenemos la expectativa de que nuestro estudio abone a la discusión que se desarrollará en el ámbito parlamentario.
Desde luego, la Comisión es respetuosa de las facultades, autonomías, concurrencias que se puedan tener a nivel federal o a nivel local, pero siempre estaremos atentos para proporcionar los insumos necesarios en la discusión desde una visión de derechos humanos.
El tercer punto es la necesaria planeación, implementación y evaluación de políticas públicas de manera integral. Hablar de drogas no es el tema solo en sí: es hablar de toda una política pública que vea protocolos de integración y participación de las personas usuarias de drogas, de personas expertas, Organizaciones de la Sociedad Civil en el diseño e implementación de las políticas de drogas en un respeto integral a los derechos humanos.
El punto cuatro también es fundamental erradicar de manera definitiva la criminalización de los usuarios. Al enmarcar el uso de drogas en una lógica de carácter penal, las personas usuarias entran en contacto con el sistema judicial, en un contexto en el que sus garantías judiciales y/o a un juicio igualitario y justo no siempre se encuentran garantizadas, hay que dar los insumos al Poder Judicial para que puedan tener elementos adecuados de persecución de delitos sin que sea la vía punitiva la única opción o la última forma de acercamiento o de criminalización de este fenómeno.
Una política pública de salud que incorpore un esquema integral de prevención de riesgos y daños es el último punto de los cuales se destaca en este Informe, con la promulgación de la Ley del consumo de sustancias psicoactivas en el Distrito Federal, se ha avanzado para crear un marco de protección de los derechos humanos de las personas usuarias de drogas.
No obstante, las políticas, programas y medidas implementadas resultan dispersas. Queda subyacente una concepción asistencialista que considera a las personas usuarias como meros beneficiarios de servicios y no como sujetos plenos de derechos. Precisamente por ello, resulta fundamental incorporar el enfoque de reducción de riesgos y daños como eje rector de las distintas estrategias y acciones y asegurar el respeto a la autonomía de las personas, en particular para decidir si siguen consumiendo o no, así como de las consecuencias que dicho uso puede ocasionar.
Como puede advertirse, el Informe plantea una importante cantidad de desafíos sobre esta compleja temática, razón por la cual esperamos que sea un insumo que alimente la discusión pública y la participación ciudadana. Es necesario recordar que una política pública o ley con enfoque de derechos debe además cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha contraído nuestro país. Debe ser el resultado de un proceso activo de participación ciudadana.
Agradecemos el interés de las autoridades; entregamos el día de hoy este Informe y celebramos que sin tabúes, con datos, con rigor, con pluralidad, con tolerancia y con respeto podamos discutir el tema de drogas. Muchas gracias.
