Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 70/2022
7 de junio de 2022
- Autoridades deben recuperar la confianza de periodistas y defensores.
- La CDMX principal receptora de personas periodistas que huyen de sus entidades por estar en riesgo.
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El papel de los OPDH frente a periodistas es defenderlos mediante acciones públicas y recomendaciones puntuales Este año la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México se da en un contexto profundamente preocupante; las agresiones a las personas periodistas y comunicadoras de medios tradicionales y digitales, en particular las que culminan en asesinatos, han aumentado de forma alarmante.
La libertad de expresión es un derecho de todas las personas, no sólo de periodistas o defensores de derechos humanos. Sin embargo, debido al relevante papel que desempeñan en la sociedad, cuando se les priva de este derecho merece una atención distinta; su trabajo debe ser valorado, en función del deber que tiene el Estado para garantizar que toda persona tenga libre acceso a información plural y oportuna, tal como lo establece el Artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien, desde 2010 el Informe Especial sobre Libertad de Expresión en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya identificaba al país como el más peligroso del continente para el ejercicio periodístico; hoy ocupamos ese lugar, pero a nivel mundial, apenas delante de países como Corea del Norte, Siria y Vietnam de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. En el año en que se elaboró el Informe referido de la CIDH, se registraron 10 homicidios de personas periodistas; ahora en sólo 6 meses han sido asesinadas 11.
El abanico de las agresiones es amplio, Artículo 19 emitió solo en abril y mayo pasados 10 alertas relacionadas con: allanamiento, acoso judicial, amenazas y abuso de la fuerza pública en agravio de personas periodistas. Lo que resulta consistente con que el 54% de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) del país observamos este incremento que en la mayoría de los casos son amenazas.
En el caso de la Ciudad de México, esta se ha convertido en la principal receptora de personas periodistas en situación de Desplazamiento Forzado Interno, debido al riesgo que corren de seguir en sus entidades de origen. Para el 2020, 72 personas periodistas se encontraban en la Ciudad como parte de las Medidas Urgentes de Protección; entre ellas 15 mujeres y por lo menos 11 que se trasladaron con sus familias. Fenómeno que exige de las autoridades una atención integral durante su estancia: psicosocial, acceso a un nivel de vida adecuado, vivienda, empleo, salud y educación.
Ante esta crisis, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) considera ineludible y urgente que, en primer lugar, se recupere la confianza de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos en las instituciones del Estado mexicano; y avanzar en lo inmediato en la revisión del marco normativo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, de acuerdo con el Diagnóstico de la Organización de Naciones Unidas (ONU), será insostenible en 2024 por el número creciente de personas acogidas.
En esta revisión deben participar las y los periodistas; y la sociedad civil; tomando en cuenta las buenas prácticas internacionales para disminuir la violencia en contra de las y los periodistas, y fundamentalmente, reformular las herramientas y mecanismos de coordinación y articulación de acciones efectivas y eficientes entre la federación y los estados; ya que, sin esa acción integral, la actual situación de emergencia no va a frenarse.
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