jueves , 27 enero 2022
Galería: Presentación Informe Anual 2020

Discurso de la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, en la presentación del Informe Anual 2020

Discurso 25/2021
29 de junio de 2021

Aquí tenéis mi voz alzada contra el cielo de los dioses absurdos, mi voz apedreando las puertas de la muerte con cantos que son duras verdades como puños.

Él ha muerto hace tiempo, antes de ayer. Ya hiede.

Aquí tenéis mi voz zarpando hacia el futuro.

Adelantando el paso a través de las ruinas, hermosa como un viaje alrededor del mundo.

Mucho he sufrido: en este tiempo, todos hemos sufrido mucho.

Yo levanto una copa de alegría en las manos, en pie contra el crepúsculo.

Borradlo. Labraremos la paz, la paz, la paz, a fuerza de caricias, a puñetazos puros.

Aquí os dejo mi voz escrita en castellano.

No te olvides que hemos sufrido juntos.

En Castellano, de Blas Otero.

Buenas tardes a todas, todos y todes, quienes nos acompañan el día de hoy en este evento, que da cumplimiento al mandato establecido en el Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Dirijo la presentación del Informe Anual de Actividades 2020 a las personas que habitan y transitan esta Ciudad, y lo hago ante Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno; Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; y ante el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso; todos de la Ciudad de México.

En este ejercicio de rendición de cuentas me acompañan Guillermo Fernández Maldonado, Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Genoveva Roldán Dávila, Consejera de esta Comisión; Marco Antonio López Ortega, integrante del Mecanismo de Participación Infantil de este Organismo; Héctor Castillo Berthier, Director General del Circo Volador, Centro de Arte y Cultura; y Tania Morales Olvera, Directora General de la Asociación por las Infancias Transgénero.

Saludo a las y los integrantes del Consejo de esta Comisión y a los Presidentes y Presidentas de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como a las personas que acompañan este acto público desde el Congreso de la Ciudad de México, las Alcaldías, sociedad civil, organismos internacionales, servicio público, academia, personas defensoras, y Poder Legislativo Federal, entre muchas otras personas, a quienes agradezco su presencia en las redes sociales.

La pandemia por COVID-19 nos enfrentó a la más grave crisis de salud de escala global que ha atravesado la humanidad; es la emergencia sanitaria más devastadora del último siglo.

Las repercusiones han sido múltiples y se han extendido a los diversos ámbitos de la vida, entre ellos el económico y social. El cumplimiento de los derechos humanos, por tanto, se ha visto fuertemente trastocado por esta crisis sanitaria, y buena parte de sus efectos los iremos constatando con el tiempo.

El Informe de actividades que se presenta el día de hoy corresponde a un inusitado y fuera de lo ordinario año, el 2020, y se da a conocer aún en un contexto de pandemia.

Ante este escenario, el papel de los Organismos Públicos de Protección de Derechos Humanos ha sido, sigue siendo y será esencial.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se adaptó al contexto de pandemia para asegurar la prestación de sus servicios a las personas, porque trabajar para la defensa y la garantía de los derechos humanos no permite tregua alguna.

Por esa razón, esta Comisión se mantuvo abierta los 365 días del año, para lo que implementó un control sanitario y desarrolló un Protocolo de Actuación para su Personal, que incluyó el reforzamiento de medidas que posibilitaran un entorno Seguro, para nosotros y para las víctimas y personas peticionarias.

En términos absolutos, durante el 2020, hubo una diferencia importante en el número de personas que solicitaron los servicios de la Comisión, en comparación con 2019.

Mientras que en febrero, previo a la declaratoria de pandemia, el máximo de personas atendidas por semana alcanzó 881, entre la última semana del mes de marzo y hasta el mes de junio, se presentó una drástica caída de hasta 50% de lo registrado al inicio del año, cuando el máximo de personas por semana apenas alcanzó poco más de 400.

A partir del mes de julio se incrementó la afluencia; y al mes de octubre se alcanzaron máximos, de alrededor de 700 personas, para empezar a disminuir nuevamente los dos últimos meses del año.

En ningún momento, desde marzo, se logró una afluencia semanal prepandémica.

Aquí destaca el índice de feminidad de personas peticionarias, que evidencia una mayor cantidad de mujeres que de hombres, en 34 de las 53 semanas del año, cinco semanas más de las registradas en el año inmediato anterior.

Durante el año, se brindaron 23.7% menos servicios; los principales momentos de disminución abrupta fueron del 14 de marzo al 14 de abril; posteriormente, los primeros 20 días de junio, y finalmente, en la última quincena de diciembre.

El total de servicios benefició a 33 mil 309 personas y 268 colectivos agraviados y, en su mayoría, correspondieron a gestiones vinculadas a la emergencia sanitaria.

En cuanto a la relación entre los servicios proporcionados por las diversas vías, durante 2020 se evidenció la preferencia de las personas por la vía telefónica, por sobre la vía personal.

Por su parte, de los 7 mil 334 expedientes de queja que se atendieron en las Visitadurías, tan solo 1 de cada 10 estuvo relacionado directamente con aspectos vinculados a la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto tuvo un comportamiento diferenciado, en función de la temática denunciada y del momento del año en que fue presentada.

Muestra de ello es que, para la Quinta Visitaduría General, dedicada a aspectos de derechos humanos laborales, la proporción de quejas vinculadas directamente con COVID fue de 30%.

Para la Tercera Visitaduría, encargada de asuntos relacionados con Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ese porcentaje representó 17%.

Por su parte, la Segunda Visitaduría General tuvo 8% de asuntos relacionados directamente con la emergencia sanitaria en el ámbito penitenciario.

Finalmente, la Primera y Cuarta Visitadurías Generales, especializadas en seguridad ciudadana, procuración de justicia, violaciones graves a derechos humanos y grupos de atención prioritaria, registran 1% de sus expedientes de queja relacionados directamente con COVID.

Respecto al comportamiento de esas quejas, durante el año, fue diferenciado; por ejemplo, la Segunda y Quinta Visitadurías son las que recibieron el primer impacto de la pandemia en el primer trimestre de ésta. La primera queja COVID se presentó el 5 de febrero, antes de la declaratoria de emergencia.

En lo que toca al comportamiento de las quejas relacionadas con asuntos laborales, entre marzo y junio, las quejas se vincularon a la falta de provisión de insumos para personas trabajadoras de sectores esenciales, las asociadas a la protección en el ámbito laboral de las personas trabajadoras con comorbilidades, personas trabajadoras cuidadoras de familiares con alguna condición de salud o discapacidad y personas mayores.

Para el caso de las quejas relacionadas con el sistema penitenciario, éstas se asociaron en un inicio con la necesidad de gestionar vías de comunicación prontas y diligentes, para dar a conocer el estado de salud de las personas privadas de su libertad; atender las quejas por la restricción a las visitas; asegurar las consultas y atención médica y el cumplimiento de los protocolos de salud para prevención de contagios al interior de los centros; para lo que no solo se realizaron visitas de verificación a cada uno de éstos (más de 41), sino que se impulsó la comunicación virtual para la denuncia de irregularidades y la vinculación con las familias en colaboración con las autoridades penitenciarias.

Los temas a cargo de la Tercera Visitaduría, que guardan relación directa con la crisis sanitaria por COVID 19, versaron a la falta de atención médica en la red de hospitales de la Secretaría de Salud local, la negativa de práctica de prueba al COVID, suspensión de servicio de agua y afectación al ingreso familiar por suspensión de actividades económicas.

Hacia la segunda mitad del año, las quejas versaron sobre negligencia médica en atención de personas contagiadas por el virus SARS-COV-2, con falta de apoyo para familiares de personas contagiadas, algunas de ellas fatales, así como continuó la exigencia de apertura de actividades económicas.

Para las Visitadurías con menos quejas relacionadas con la emergencia sanitaria –Primera y Cuarta- los asuntos asociados con ésta tuvieron que ver, inicialmente, con la falta de cumplimiento de los lineamientos para la prevención de contagio, como la ventilación y sana distancia, acceso a gel y lavado de manos en separos o espacios de detención en Juzgados Cívicos o por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo patrullas; así como con quejas de personas petenecientes a grupos de atención prioritaria que fueron mudadas de sus espacios de pernocta en inmuebles o calle, como trabajadoras sexuales, usuarias de albergues de la ciudad y calle.

Es muy relevante insistir en que, a todos estos asuntos relacionados directamente con la emergencia sanitaria por COVID 19, en todas las Visitadurías se les dio un tratamiento prioritario y fueron resueltos, en su mayoría, durante el trámite, a través de medidas cautelares y oficios de colaboración, para dialogar pronto con la autoridad y resolver de manera diligente, desde un enfoque de justicia restaurativa.

Sobre la atención a los asuntos que no guardaron relación directa con la enfermendad por COVID 19, se observaron como temas recurrentes los despidos injustificados, el acoso laboral y sexual, pago fuera de tiempo, asuntos derivados de la reducción de las labores de investigación ministerial, el retraso en la posibilidad de consulta a expedientes para que las víctimas estuvieran al tanto de las investigaciones y procedimientos judiciales, y la pausa en las diligencias para peritajes.

Algunos otros efectos derivados de la pandemia, fueron los aspectos no atendidos o puestos en pausa en materia de salud, la vida en la vía pública, las investigaciones de delitos y los derechos de las víctimas, la reinserción social, el uso excesivo de la fuerza policial, la falta de agua, la violencia familiar y la violencia institucional, especialmente dirigidas a mujeres, niños y niñas, y personas mayores.

Es importante mencionar que muchos de los asuntos que lleva la Comisión, en especial en el rubro de administración y procuración de justicia, tuvieron retraso, dada la imposibilidad para recibir información de las autoridades señaladas como responsables, por las personas peticionarias en sus quejas.

Esto fue así, dado a la suspensión de labores y/o plazos de las instituciones, lo cual no permitió obtener respuestas a las solicitudes de información giradas desde la Comisión. Estos asuntos, aun cuando no estuvieron relacionados directamente con la emergencia sanitaria, sí derivaron de ésta.

El hecho de que 89% de las quejas atendidas no se vincule directamente a COVID conjuga, por lo menos, dos aspectos: el primero, es que la emergencia sanitaria evidencia la interdependencia en los derechos; y por ello, la respuesta debe de contemplar esa realidad, pues es palpable que la amenaza a uno repercute en el ejercicio de los otros.

La pandemia no ha afectado solo un derecho ni sus impactos han sido homogéneos, sino que son diferenciados y en cadena. Es por eso que la magnitud de este evento global va a ir transmitiendo sus efectos en ondas más amplias.

El segundo aspecto es que, las medidas de prevención de contagio y atención a la pandemia por el virus SARS-COV2 en la Ciudad de México no se llevaron a cabo, en ningún momento, a costa de la limitación de derechos, represión o ejercicio de medidas que correspondieran a un estado de excepción de iure o de facto.

En cuanto al trabajo de determinación de violaciones a derechos humanos y reparación de las víctimas, el año pasado la CDHCM emitió ocho Recomendaciones. Éstas reconocieron a 199 víctimas. Si bien ese número fue menor que en los dos años anteriores, es superior a las emitidas en 1998, 2005 y 2017.

Adicionalmente se emitieron las dos primeras Recomendaciones Generales de este Organismo Público de protección de Derechos Humanos; tanto en éstas como en las Recomendaciones ordinarias, se continuó fijando estándares innovadores y representativos de problemáticas estructurales.

Para 2020, estos estándares correspondieron al desarrollo del derecho de las personas a ser buscadas, recientemente observado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); los criterios para la reparación del proyecto de vida; el desarrollo de derechos colectivos sobre el espacio público; la contradicción entre el modelo de institucionalización con el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente y a participar en la comunidad, entre otros.

Las labores territoriales de la Comisión se vieron trastocadas por la declaración de la pandemia. Si bien lograron aperturarse las Delegaciones pendientes de este Organismo en cuatro Alcaldías, las oficinas cerraron en los meses más críticos, y redujeron su horario, en otros.

A pesar de ello, la presencia accesible en el espacio público se materializó con el acompañamiento y la gestión social con motivo del ejercicio del derecho a protesta social en 171 expresiones, de las cuales 152 fueron acompañamientos para prevenir y garantizar los derechos de las personas manifestantes. Esto representa 141% más cobertura que el año anterior.

Vale la pena resaltar que 43% de estas expresiones de protesta estuvo relacionado con el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que denota que esta causa de conflictividad social continuará, lo que debe llevarnos a una transformación de las estructuras que termine, de una vez por todas, con las violaciones sistémicas a los derechos de las mujeres.

En 2020, la Comisión llevó a cabo 470 actividades educativas activas que contaron con la participación de 105 mil personas, lo que significó un aumento de 93% respecto del año anterior; es decir, se tuvo una cobertura de casi el doble.

Este trabajo se potenció a través de la plataforma AprendeDH, una alternativa para la educación en derechos humanos que se gestó durante el año que se reporta como respuesta institucional a la pandemia por COVID-19.

Sumado a lo anterior, durante 2020 se llevaron a cabo ocho aperturas de los 10 cursos autogestivos, y tres de un curso tutorado.

La Comisión continuó con la vinculación de las agendas de derechos humanos focalizados en los grupos de atención prioritaria.

Se dio apoyo a 20 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajaron con población directamente afectada por la pandemia y la emergencia sanitaria, como personas en situación de calle, salud mental, violencia de género y violencia contra personas jóvenes, entre otras.

En lo que toca a la articulación entre organismos y autoridades, se dio continuidad en la atención a las personas en contexto de movilidad, que implicó el seguimiento a los procesos de mediación y articulación impulsados.

Para ello, se convocaron 24 reuniones virtuales con cuatro albergues y OSC que brindan atención directa a las personas. Cabe destacar que no hubo contagios.

Considerando las medidas de distanciamiento social, la Comisión adecuó su actividad al espacio digital. Destaca la Consulta #Infancias Encerradas, que dio voz a más de 40 mil niñas, niños y adolescentes en todo el país, de las cuales la mitad son de la Ciudad de México.

Lo expresado por niñas, niños y adolescentes en su diversidad se leyó en clave de derechos humanos para dirigir recomendaciones asociadas al derecho a la salud, al juego, a la educación, la cultura, la ciencia, entre otros.

Del 9 de julio al 23 de octubre de 2020, fueron publicados y presentados 27 informes de análisis: uno nacional; 5 estatales, incluido el de la Ciudad de México; 16 de Alcaldías y 4 informes especiales: discapacidad que incluye una versión en lenguaje sencillo; personas jóvenes; niñas y adolescentes mujeres y; niñez y adolescencia no binarias.

En lo que toca al fortalecimiento institucional, en el 2020 se convocó a concurso para el Servicio Profesional de Carrera, resultando en 19 personas más, con lo que al día de hoy una cuarta parte del personal de la institución forma parte de este Servicio.

Además, se operó la fase de Actualización Permanente del Programa de Profesionalización del SPDH y la Estrategia de Profesionalización desde Casa, dirigido a todas las personas trabajadoras de la CDHCM, en el que participaron 96% de ellas.

La crisis sanitaria terminará.

Contamos con vacunas que a la larga nos harán más fuertes contra el virus, pero aun hay una deuda pendiente para desarrollar vacunas contra los impactos sociales y económicos que nos dejará y para la exacerbante desigualldad que la exponenció.

Nuestra labor como personas defensoras de derechos humanos no puede ser la de espectadores que se limiten a señalar lo que es evidente, y es que en el 2020 se vulneró el derecho a la salud e integridad de millones de personas alrededor del mundo.

La pandemia que inició el año pasado y que aún padecemos, se sostiene de un campo fértil que se alimenta de las limitaciones previas, como es el abatido sistema de seguridad social, la manipulación del medio ambiente y el consecuente impulso de las enfermedades zoonóticas, la toma de decisiones con criterios exclusivamente económicos y políticos que desdeñan el conocimiento científico y un marco bioético de referencia.

Ante esto, la obligación de los Organismos Públicos de protección de Derechos Humanos es dar respuestas como Sistema No Jurisdiccional. El virus nos ha afectado en lo colectivo, y son respuestas de esa dimensión las que contribuirán al fortalecimieno que como sociedad tengamos hacia eventos de este calibre.

Dos mil veinte será recordado como un parteaguas en la historia de la humanidad, por su carácter global. Ni siquiera las Guerras Mundiales lo fueron en esa magnitud.

Las personas aquí presentes hemos sido protagonistas de un año que será recordado como el año en el que el mundo se encerró, el año que vivimos el peligro, el año del temor, el año de la incertidumbre, el año en el que la intención era sobrevivir.

Aquí cabría preguntarse ¿cuál es la participación de quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos para esta memoria colectiva?

A pesar de lo difícil que es hacer un alto en el camino durante una pandemia en curso, es importante iniciar, porque el 2020 se va a prolongar, y nos va a determinar.

Podríamos apuntar algunas lecciones.

Una primera y fundamental, es que la ruta de delimitación de derechos que implica cierre de fronteras, represión, aislamiento forzado, entre otras medidas, está equivocada; y la Ciudad de México no optó por esta vía, lo que representa un precedente de la mayor relevancia en el manejo de situaciones, de tal impacto en una urbe y zona metropolitana de la magnitud de la nuestra, en la que la conflictividad social natural es ya alta y constante.

Como segunda lección, está el hecho de asumir y dar lugar a la realidad de la interconectividad y su papel en la globalización de los padecimientos, pero también de las soluciones.

Para ello, el diseño de sistemas de protección coordinados, articulados y que partan del reconocimiento de la Interdependencia de Derechos permitirán responder de forma integral a los retos.

Lo que pasa en la colonia Ermita Zaragoza, de la Alcaldía Iztapalapa, por decir un ejemplo, no es ajeno a lo que sucede en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde cruza una calle y se está de un lado o está del otro. Las fronteras locales, regionales y nacionales no pueden estancar los esfuerzos para dar soluciones y respuestas efectivas.

Corolario de lo anterior, es que las respuestas de las instituciones no pueden desvincularse de un enfoque diferencial e interseccional, porque es innegable el impacto desigual de los eventos catastróficos.

Una lección adicional, es que parte de la respuesta que se proyecta como importante ante la situación que vivimos, implica repensar la Ciudad. Ejemplo de ello podemos encontrarlo en que, durante la pandemia, los medios individuales de transporte no motorizado ocuparon más espacio público, y éste no solo no debe perderse, sino que debe permanecer, crecer e impulsarse como contenido básico del Derecho a la Ciudad. Las estrategias territoriales de salud son otro ejemplo.

Finalmente, otra lección advertida y reiterada desde la economía feminista, es que el cuidado es un trabajo; y es un trabajo que aporta al desarrollo social, comunitario y económico de un país. Es un trabajo invisibilizado y altamente feminizado.

La pandemia sacó de la invisibilidad esta actividad doméstica, para insistir en que debe de ser de interés público, y que requiere guardar un necesario y justo equilibrio de géneros en su participación, e involucrar de manera corresponsable a los actores públicos, privados y domésticos.

La vinculación del sistema de cuidados con los sistemas de apoyo para la vida independiente, así como con la política social, es fundamental para acompañar a las personas a lo largo de su ciclo de vida y en su diversidad.

Esta Ciudad es única en el reconocimiento constitucional del Derecho A Cuidar y Ser Cuidado. La experiencia que hemos vivido permitirá contar con un sistema de cuidados de vanguardia, si así nos lo proponemos.

Los retos que tenemos por delante se multiplican. Sin duda, la incorporación y la conciencia sobre la salud integral individual y comunitaria debe de estar en el centro.

La emergencia nos ha hecho constatar lo que se ha dicho por años: la salud no puede entenderse solamente como la ausencia de enfermedad. No podemos escindir este concepto y, en ese sentido, la atención a la salud mental, como un aspecto base de la salud pública, debe traducirse en una transversalización de medidas en el sector salud, educación, deporte, cultura, por mencionar algunos.

Debe hacerse mención de otro reto: los impactos de esta crisis sanitaria mundial aumentarán la conflictividad regional, social y familiar. Es preciso adoptar una estrategia, desde el enfoque de derechos humanos y con una necesaria perspectiva de género: nunca más sin las mujeres, pues hacerlo así provoca la violencia de género.

Para los Organismos de protección de estos Derechos Humanos, el papel que debemos tomar es claro: ser mediadores, articuladores, concertadores, impulsores de la construccion de soluciones, guardianes de la centralidad de personas y su esfera de derechos.

La perspectiva de justicia restaurativa, sus principios, su puesta en marcha en el día a día para la resolución de conflictos y su resolución, debe provenir de nosotros.

Finalmente, el gran reto es dar pasos agigantados y apresurados para emparejar el piso y acortar las brechas que se profundizaron con esta pandemia.

Esto es una deuda y es un reto. No podemos ser cómplices o pasivos espectadores de las afectaciones causadas por el impacto diferenciado que esta crisis sanitaria tiene en las personas, en función de muchos determinantes sociales. La desigualdad mata.

¿Qué herramientas usaremos para afrontar estos retos? La primera y fundamental: la construcción colectiva, la reconstrucción de la colectividad como base mínima para afrontar las situaciones que nos afectan.

En ello, las Comisiones de Derechos Humanos tenemos un papel fundamental que adoptar. La promoción de derechos humanos no puede realizarse alejada de la construcción empírica de esta realidad, pues si no salimos juntos de situaciones como ésta, no salimos.

En esta realidad, cobra aún más sentido nuestro papel como mediadores, y articuladores de la participación de todos los actores sociales necesarios: el Estado con sus instituciones, la academia y necesariamente las OSC, las organizaciones de base comunitaria, las colectivas y todo ese entramado que surge de la ciudadanía.

La pandemia es un fenómeno global, y es preciso sumarse a las soluciones desde la acción local comprometida y corresponsable.

A la Ciudad y sus habitantes les sirve una Comision fuerte y comprometida; y eso solo se consigue con el trabajo diario y cercano con las personas.

Esto no sería posible sin el esfuerzo cotidiano de quienes forman parte del equipo de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de sus casi 700 integrantes, quienes como muchos de los que habitamos y transitamos esta Ciudad, han atravesado un 2020 con partidas, pero que renuevan su esperanza en la convicción de su trabajo.

En suma, tal como lo expresó una adolescente de 17 años, habitante de la Alcaldía La Magdalena Contreras, que participó en la Consulta #Infancias Encerradas: “Que las personas entiendan que somos un equipo”.

Muchas gracias.