Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 9/2019
2 de febrero de 2019
Reportes de usuarias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro sobre intentos de secuestro perpetrados en esas instalaciones y sus inmediaciones en días recientes ha movilizado a organizaciones civiles, colectivos y a la propias autoridades para generar mapas de riesgo, a fin de contar con mayor información sobre este problema que merma el uso y disfrute del espacio público, la movilidad de las mujeres, así como su derecho a una vida libre de violencia.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se mantiene atenta a la situación y al trabajo de las Células de Atención de Emergencia coordinadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), integradas por mujeres agentes del Ministerio Público y de Policía de Investigación, además de abogadas de la Secretaría de las Mujeres y con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX).
Dichas células se crearon para atender y orientar a las mujeres que hayan sido objeto de este tipo de ataques y, en su caso, serán apoyadas por el inicio de la carpeta de investigación. Inicialmente se instalarán en las estaciones Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM Iztapalapa del Metro.
La violencia contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, es un problema de desigualdad de género que se encuentra normalizado y que se agrava en un contexto de impunidad. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) revelan que 81.4% de las mujeres capitalinas se sienten inseguras de vivir y/o transitar en la Ciudad de México.
Es importante que estas acciones se unan a mediano plazo con intervenciones integrales que incorporen programas de capacitación para el personal de seguridad pública, diseñados desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género; campañas que promuevan la denuncia; acciones que garanticen la accesibilidad, eficiencia y seguridad del transporte público, incluidos los Centros de Transferencia Modal (CETRAMS); estrategias de intervención ciudadana que incentiven la participación social en el logro de la igualdad sustantiva, así como la generación de diagnósticos con datos desagregados que permitan mejorar el diseño de la política pública para la prevención, atención y acceso a la justicia.
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