Pronunciamiento 62/2017
1 de diciembre de 2017
- La Comisión se suma a la preocupación de instituciones, especialistas y Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior.
El día de ayer, 30 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior; por lo cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a quienes integran el Senado de la República a privilegiar el pleno respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los estándares internacionales en la materia, en el marco de la construcción de un esquema de seguridad en el país con apego a éstos.
Lo anterior, ante el contexto actual de violencia que prevalece en México y que ha dado cabida a violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, haciendo urgente la limitación de su intervención en funciones de seguridad pública que corresponden a las autoridades policiales civiles.
Asimismo, la CDHDF se suma a las diversas preocupaciones manifestadas por: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, personas especialistas en la materia y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que han manifestado su preocupación por la aprobación de este dictamen.
Al respecto este Organismo ha dado seguimiento a las diferentes iniciativas de Ley de Seguridad Interior presentadas en los órganos legislativos federales y en su momento ha manifestado su preocupación por que se apruebe una Ley que vulnere derechos humanos y las garantías que los protegen.
Por todo lo anterior, la CDHDF manifiesta su preocupación ante la grave situación de crisis de seguridad por la que atraviesa nuestro país desde hace más de diez años, en la que la ciudadanía enfrenta un clima de violencia generalizada en diversas zonas del país, que ha generado miles de víctimas de asesinatos, desapariciones, desplazamiento interno tanto de personas, familias y comunidades enteras; así como vulnerabilidad que genera esta violencia a periodistas y defensores de derechos humanos, tanto de organizaciones civiles como de instituciones de defensa de derechos humanos. Esta iniciativa no contribuye al enfrentamiento estructural de la problemática sino exacerba el clima de violencia.
Es urgente que los esfuerzos legislativos se orienten a la emisión de un marco normativo que brinde un esquema de seguridad con enfoque de derechos humanos, adoptando para ello los más altos estándares internacionales en la materia; enfatizando la obligación que el Poder Legislativo tiene a fin de asegurar el respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
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