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Discurso de la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la CDHDF, en la inauguración del Foro Derechos Humanos y Empresas en la Nueva Agenda Urbana

Discurso 36/2016
20 de septiembre de 2016

Gracias, buenos días a todas y todos. Saludo a los integrantes del presídium que, no es menor esta coincidencia afortunada, tanto del Representante del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos para México (ONU-HABITAT), el Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo, el Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, el Director General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a quien le pedimos le haga extensivo nuestro saludo al señor Secretario, y al Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Asimismo, les doy la cordial bienvenida a todas y a todos los invitados especiales, los cuales son actores estratégicos que han estado vinculados en el proceso de Habitat III, entre los que se encuentran personalidades del Gobierno federal y local, Organismos Internacionales, academia, integrantes de la Sociedad Civil, medios de comunicación, consultores, especialistas e interesados en el proceso, y especialmente la iniciativa privada, sector al cual está dirigido este Foro.

Cabe mencionar que, el proceso de elaboración de la agenda que se adoptará en la ciudad de Quito, Ecuador, durante la realización de Habitat III, en el próximo mes de octubre, y les preciso Habitat III, es porque se reúne cada 20 años, y es un ejercicio que nos va a permitir posicionar de manera muy estratégica diversos temas; es un trabajo arduo y comprometido que no se puede entender de manera aislada, sin antes congratular los Acuerdos Internacionales que se han aprobado. Como ejemplo de dichos Acuerdos, es necesario mencionar la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular su Objetivo 11, el cual establece la necesidad de “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; así como la aprobación de la Agenda de Acción de Addis Abeba, de la Tercera Conferencia Internacional sobre la financiación para el desarrollo; y la adopción del Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres.

También resulta importante reconocer el consenso internacional para adoptar el Acuerdo de París, mismo que tiene como finalidad la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global.

De la misma forma, dicho Acuerdo reconoce que el cambio climático es una preocupación común de la humanidad y que cuando las partes tomen medidas para hacer frente al cambio climático, se debe respetar, promover y considerar sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos, en especial los Derechos de los Pueblos Indígenas; de las comunidades locales, tanto urbanas como rurales; las personas migrantes; personas LGBTTTI; las Niñas, Niños y Adolescentes; las juventudes; Personas con Discapacidad, y otras personas en situación de vulnerabilidad; así como la promoción de la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad entre generaciones.

Dichos Acuerdos Internacionales han servido sustancialmente para diseñar la Nueva Agenda Urbana, misma que, una vez adoptada, debe verse reflejada en la construcción de ciudades habitables para las personas, donde el crecimiento urbano, el ordenamiento territorial y el andamiaje institucional, coadyuven en la generación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, así como con presupuesto público que esté alineado a éstas y que contemple no sólo los principios de Economía, Eficacia, Eficiencia, Racionalidad, Austeridad, Transparencia, Rendición de cuentas y control, sino además, que su gasto refleje la búsqueda de los principios de Respeto, Protección, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos.

Es decir, es de suma importancia que las autoridades gubernamentales definan objetivos, líneas estratégicas, acciones, planes y programas para la implementación, monitoreo y evaluación de la Nueva Agenda Urbana; lo anterior, con la finalidad de poder ejercer plenamente los derechos humanos en contextos urbanizados, complejos y diversos como el de la Ciudad de México.

En ese tenor, resulta preciso resaltar el trabajo cotidiano que se realiza desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en la atención de problemas que se convierten en obstáculos para que las personas que habitan y transitan en el territorio del Área Metropolitana de la Ciudad de México tengan acceso a una vida digna, armónica y saludable.

En más de 20 años de gestión, el posicionamiento de la Comisión ha sido congruente con el fomento de una urbanización que promueva las externalidades positivas que hagan viable una mejor distribución del ingreso, de los recursos que provee la naturaleza, del territorio, de los espacios públicos, así como de la conservación del patrimonio cultural, histórico y ambiental que requieren más de 20 millones de personas.

Para los que no viven cotidianamente la realidad de habitar en esta urbe más grande del mundo, es necesario destacar que cada vez se presenta un mayor número de conflictos sociales relacionados con la provisión de servicios públicos en el territorio y la escasez de suelo disponible, adecuado y asequible para la producción de vivienda.

En la Ciudad de México, crece la percepción y preocupación social acerca de la privatización de los espacios públicos, la pérdida irremediable de árboles y áreas verdes, el incremento de la mala calidad del aire, la falta de acceso a agua potable y a otros servicios, y el hacinamiento y los problemas de movilidad.

Con la multiplicidad de fenómenos tendientes al conflicto, también aumentan los desafíos que apremian la búsqueda de soluciones creativas, teniendo como eje central y transversal el respeto y protección de los derechos humanos.

En este contexto, hago hincapié en el Derecho Humano a la Ciudad, el cual sólo se puede explicar y entender desde una concepción amplia, que implica tanto obligaciones y responsabilidades del Gobierno como de la ciudadanía, y en el que convergen diversos derechos humanos, reconocidos en ordenamientos nacionales e internacionales, como Vivienda adecuada, Seguridad personal y jurídica, Educación, Salud, Movilidad, Cultura, Medio ambiente sano, Trabajo, Alimentación, Agua, Participación y un Nivel de vida adecuado; con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de todas las personas y la sustentabilidad de los ecosistemas urbanos.

Hay que reconocer, y justo del Grupo de Trabajo que conformó el Jefe de Gobierno, que en la Propuesta que se entregó a la Asamblea Legislativa, viene contemplado el Derecho a la Ciudad como Derecho Humano. Si se logra esta aprobación, ya por la Asamblea Constituyente, sería la primera Constitución de Latinoamérica que concentre este Derecho.

Por lo tanto, la materialización de estos derechos que integran el Derecho a la Ciudad requiere de una estrategia de defensa y protección de un bien social: el territorio. En otras palabras, la urbe con infraestructura instalada es el espacio físico habitable y habitado, identificado por una comunidad como un elemento relevante para asegurar una vida digna, tanto de las generaciones presentes como de las futuras.

Desde su concepción, el Derecho a la Ciudad hace posible visibilizar a la persona como elemento protagonista, donde la Ciudad es el escenario de encuentro colectivo, en el que los bienes comunes lo son para todas y todos.

El Derecho a la Ciudad también es la base para poner en práctica su transformación y reivindicar su concepción, promover la distribución de los recursos y la manera de vivirla. Lo anterior nos permitirá pensar a la Ciudad como un espacio culturalmente rico y socialmente diversificado que cuenta con una infraestructura que mejore la vida de sus habitantes, quienes deberán tener más alternativas para salir de la pobreza y acceder a estrategias que les permitan cubrir sus necesidades básicas. Para ello, las autoridades, en coordinación con la iniciativa privada, garantizarán sin discriminación el ejercicio de los derechos humanos, incluido el acceso a servicios materiales, facilidades, infraestructura y viviendas asequibles y habitables, alimentación, saneamiento, agua, trabajo, salud y educación.

Lo decía bien el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, coincidimos plenamente en la revisión que se debe hacer del Salario Mínimo, con esto que implica el Trabajo Digno y redituable.

Ahora bien, en el tema que hoy nos ocupa en este Foro, denominadoDerechos Humanos y Empresas en la Nueva Agenda Urbana es necesario resaltar la corresponsabilidad que tiene las empresas en la implementación, monitoreo y evaluación de la Nueva Agenda Urbana y su rol fundamental en el financiamiento de la agenda multimencionada en este discurso.

La inclusión del sector empresarial en las discusiones en materia de derechos humanos es indispensable; de la misma manera, las empresas deben ser reconocidas como actores fundamentales en la promoción y respeto de los derechos humanos y, sobre todo, deben considerárseles socios estratégicos en el diseño de políticas públicas urbanas e inclusivas para la conservación, el mejoramiento y el crecimiento urbano sostenible; aunado a la ya referida corresponsabilidad que tiene la iniciativa privada en la creación de ciudades inclusivas, seguras y resilientes, donde se respeten, promuevan protejan y garanticen los derechos humanos,

Adicionalmente, el Foro que hoy se lleva a cabo es un espacio idóneo parea enfatizar la importancia de incluir el Derecho a la Ciudad en la Nueva Agenda Urbana y, especialmente, plantea la necesidad de contar con principios legales comunes, así como con parámetros que ayuden en el diseño de las bases de un nuevo marco legal urbanístico basado en el Derecho Humano a la Ciudad, el cual permita el desarrollo de ciudades planeadas, inteligentes, seguras, incluyentes, prósperas, innovadoras, resilientes y sostenibles, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan y transitan por los centros urbanos. Y lo anterior, no se puede hacer sin una participación clara y efectiva de la iniciativa privada.

Créanos que nos motiva mucho el interés, esta asistencia a la convocatoria, la solidaridad para generarlo en esta convocatoria común y el compromiso de esta Comisión de Derechos Humanos de seguir fomentando estos foros para este tema que nos ocupa en la Agenda Urbana del próximo mes en Quito, pero sobre todo en la agenda de la empresa, la iniciativa privada y de los derechos humanos en nuestra Ciudad. Continuaremos haciendo estas convocatorias y agradecemos siempre el interés que se está manifestando y haremos nuestras Conclusiones de este Foro, que estaremos entregando como parte de las Reflexiones que está realizando la Comisión, para tener también una postura clara con una Ciudad como la nuestra en la Agenda Habitat III. Muchas gracias.