Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 186/2016
29 de septiembre de 2016
En la Constitución de la Ciudad de México deben quedar reconocidos todos los Derechos de las Audiencias, a través de los cuales se garantice la participación real de la ciudadanía, el pluralismo y la diversidad en los medios públicos de comunicación.
En ello coincidieron las y los especialistas que participaron en el Segundo Coloquio Sobre el Derecho de la Información “Voces de la Ciudad: Hacia el Reconocimiento de su Derecho en el Marco del Constituyente”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
La Presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Adriana Solórzano Fuentes, explicó que los medios de comunicación son mucho más que entretenimiento: “deben ser garantía de información plural y un espacio abierto a la deliberación; pueden ser reforzadores de prejuicios o motores de cambio”.
Al participar en la Mesa 1. “Función pública de los medios de comunicación en el Derecho a la Información”, indicó que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México debe reconocer los Derechos de las Audiencias como un componente del Derecho de la Información, que incorpore la alfabetización mediática y la accesibilidad ciudadana a los medios, como elementos de la pluralidad.
Sin embargo, reconoció que no basta con proclamar el derecho; hace falta que la ciudadanía lo conozca y lo comprenda para que con su ejercicio tome vitalidad y verdadera relevancia.
El escritor, periodista y filósofo Francisco Prieto Echaso, expuso que un Defensor de las Audiencias debe tener conocimiento del medio del que es defensor, de su historia, de su contenido, del código de ética e identificación con el público.
“Su deber es el de atender a esas audiencias cuando éstas reclamen haber sido lastimadas, pero también reeducarlas en lo que concierne a la interpretación de las leyes y, en su caso, de la bondad de las mismas”, apuntó.
Quien fuera Defensor del Televidente en Canal 22 del año 2013 a 2015, dijo que el Ombudsman en esta materia debe atender a los receptores y no implicarse en problemáticas internas del medio que no hayan encontrado eco en ellos. Al respecto, expuso: «En función de la responsabilidad educativa inherente a los medios de comunicación, podría defender la verdad histórica desconocida por la audiencia de algún programa».
La Presidenta de la Asociación Civil Comunicación Comunitaria, Aleida Calleja Gutiérrez, sostuvo que en la Constitución de la Ciudad de México no se pueden regatear los Derecho a la Libertad de Expresión y de Información; por el contrario, deben ampliarse en otras dimensiones, como lo establecen los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Afirmó que quien no tiene información diversa, no está en capacidad de formarse una opinión para tomar decisiones libres. Por eso es importante incluir en la Constitución de la Ciudad de México la dimensión de pluralismo y diversidad en los medios públicos de comunicación.
En ese contexto, consideró necesario asegurar que existan espacios de expresión y de servicio para las y los habitantes de la capital a través del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México (conformado por Código CDMX y Capital 21), porque en este momento no está funcionando como tal, a favor de la ciudadanía.
La Defensora de la Audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Beatriz Solís Leree, explicó que dentro del estatuto de todos los Defensores de las Audiencias debe estar el propiciar y promover una participación crítica del público acerca de qué y cómo informan los medios de comunicación. Por eso son fundamentales tres pasos para comenzar a generar audiencias reconocidas con derechos: conocer, evaluar y exigir.
Por ello, en el marco del Constituyente de la Ciudad de México se debe de vigilar que absolutamente todos los Derechos de las Audiencias estén incorporados en la Constitución, con mecanismos claros para su garantía en los medios públicos del Sistema de Radio y Televisión.
El riesgo de no hacerlo, subrayó, es que se quede en buenos deseos o letra muerta lo establecido en la Carta Magna y deslegitimar a la figura de la Defensoría de las Audiencias.
