Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 108/2016
26 de junio de 2016
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI, A.C.) realizaron el Foro Por El Derecho a la Rehabilitación de Personas Sobrevivientes de Tortura.
En el marco del Día Internacional de Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, el Consejero de la CDHDF, Juan Luis Gómez Jardón, dijo que el problema en México no es de leyes, pues “ya tenemos muchas”, sino de su operatividad.
Especialista en Derecho Penal y a partir de su experiencia en el debido proceso y en el contexto de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, estableció que como prioridad y foco de atención se garantice la procuración de justicia como un mecanismo irrestricto e innegociable de respeto a los derechos humanos: “Es imposible que exista justicia sin derechos humanos”, señaló.
Gómez Jardón abordó en su intervención los retos del Sistema de Justicia Penal Oral ante el delito de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que coordinadamente deberán prevenir, investigar, juzgar y sancionar las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.
En coincidencia, Gabriela Carreón Lee, del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh, A.C.), dijo que una Ley General en la materia no resolverá el problema, pero reconoció la incidencia de la Sociedad Civil en el diseño y contenido del ordenamiento bajo los estándares internacionales mínimos de la iniciativa aprobada por el Senado de la República y que actualmente se encuentra bajo el análisis de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, exhortó a que las y los legisladores mantengan los estándares y que incluso pudieran hacer una ley más proteccionista, en por lo menos cinco temas, tales como la tipificación adecuada de la tortura, así como de las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, por la finalidad que persiguen y por la similitud de los daños que genera en la víctima y en sus familiares.
Edith Escareño Granados, del CCTI, habló de la rehabilitación de las personas sobrevivientes de tortura y expuso que en este proceso se deben aplicar varios y diferentes enfoques terapéuticos, dependiendo de las necesidades individuales de las víctimas, de su entorno cultural, social y político.
Advirtió que la rehabilitación debe considerar las secuelas en los familiares de la víctima: “el restablecimiento de la vida de aquél cuya dignidad ha sido quebrantada es un proceso que requiere tiempo, por lo que necesita apoyo material, psicológico y social de larga duración”.
De acuerdo con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se entiende por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación; cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura se conmemora el 26 de junio, fecha en que, en 1987, entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes.
La Coordinadora Jurídica del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Diana Morales, coincidió con Verónica Cervera, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en que existe una urgente necesidad de tomar en cuenta la voz de las víctimas como primer paso para una rehabilitación real, así como de la instrumentación de un marco jurídico y mecanismos que garanticen la recuperación de las personas que han sido torturadas, quienes tienen que recuperar su proyecto de vida en la sociedad.
Para que el trabajo de rehabilitación sea integral y multidisciplinario, Natalia Pérez Cordero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), señaló las características a tomar en cuenta: investigación de hechos, restitución de derechos, bienes y libertades, rehabilitación física, psicológica y social; que se garantice la no repetición; además de acciones que beneficien a sus familias y la reparación económica del daño.
Tras mencionar la recopilación de cifras que hablan de 10 mil 400 denuncias por casos de tortura en México, 27 mil 600 personas desaparecidas en dos sexenios, Javier Enríquez Sam, médico del CCTI, apuntó que los centros de derechos humanos se encuentran rebasados por la cantidad de solicitudes de apoyo y atención a víctimas de tortura; mientras que el Estado mexicano no cuenta con un plan de salud integral que atraiga los casos.
Por su parte, las psicólogas Isabel Mariana Acuña y Mariana Castilla, de la Subdirección de Atención a Poblaciones en Vulnerabilidad de la CDHDF, explicaron la aplicación del Protocolo de Estambul en esta Comisión para detectar casos de tortura, como ocurrió con la Recomendación 19/2009.
Desde la experiencia de la Sociedad Civil, Valeria Moscoso, Directora del Área Psicosocial de la CMDPDH, lamentó que de 2006 a 2014 existan más de 5 mil denuncias por tortura ante diversas procuradurías de justicia en el país y 4 mil 500 quejas ante Comisiones de Derechos Humanos por la misma práctica; pero más grave resulta que –de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, elaborado por la CEAV y la Universidad Nacional Autónoma de México en marzo de este año−, alrededor de un 50% de la población entrevistada apoya la tortura contra personas acusadas de delitos como secuestro.
Hizo un llamado a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a continuar realizando su labor de acompañamiento a las víctimas, pero con una perspectiva psicosocial, para conocer su entorno, el de sus familias y su comunidad, pues la rehabilitación es un proceso colectivo, que implica una transformación social.
