Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 15/2016
18 de abril de 2016
Gracias, buenos días a todas y a todos, saludo al señor Director de este Instituto, Pedro Salazar, tan querido y sobre todo, tan necesario en las reflexiones contemporáneas que se dan en el país y en esta Ciudad.
Agradezco también a Lucía Raphael, creo que en sí misma la convocatoria, los contenidos de lo que será todo este ejercicio, todo este Congreso Internacional habla, por un lado de la necesidad de visibilizar estos espacios; y por otro, efectivamente, del foco rojo de lo que implican los retrocesos al momento que uno ve, de lo que se tiene que seguir señalando en materia de género.
Para construir un Estado democrático y de derecho, debe garantizarse el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, que no debe entenderse como la exigencia de un trato idéntico, sino como el reconocimiento de la diversidad y de la obligación estatal para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres.
Las diferencias sexuales siguen traduciéndose casi sistemáticamente en desigualdades y desventajas sociales; aunadas a las de etnia, clase, edad y condiciones, como la discapacidad y la situación migratoria, las cuales acentúan aún más la discriminación en el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres.
Reconocer estas diferencias permite tomar acción y contribuir al cambio hacia la igualdad y la justicia; en este camino, juezas y jueces, así como todo funcionario público, juegan un rol relevante, ya que con la incorporación de la perspectiva de género a sus sentencias y tareas cotidianas, contribuyen al reconocimiento de los derechos de las víctimas y a la reparación de las violaciones de éstos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su más reciente Informe sobre la situación de los derechos humanos en México enfatizó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las medidas que tome el Estado para cumplir con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres.
Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por México, nos obliga a realizar acciones dentro del entramado legal del Estado, así como en el diseño de las políticas públicas y programas de acción gubernamental a fin de incorporar la perspectiva de género y evitar actos de discriminación persistentes y sistemáticos en la vida pública del país y especialmente en la impartición de justicia.
En este sentido, las instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia deben cumplir dicha encomienda, con el objeto de evitar casos que han puesto al Estado mexicano en la observancia de las agencias internacionales de derechos humanos por no incorporar la perspectiva de género en sus investigaciones y sentencias.
Ejemplo de ello fue el caso de Inés y Valentina, dos mujeres indígenas de Guerrero que fueron violadas por personal militar y que les fue negado el acceso a la justicia, lo cual conllevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en contra del Estado mexicano por haber violado los derechos de las víctimas e hizo hincapié en que las autoridades deben otorgar una protección efectiva que considere las condiciones de género, sociales, económicas y culturales de las personas.
A pesar de que el derecho a la no discriminación se encuentra estipulado en la Constitución, aún persiste la falta de materialización de lo establecido en la normatividad, por lo que no se garantiza, en la práctica, el ejercicio de los derechos humanos y en el acceso a la justicia para las mujeres.
Para que sean tangibles los avances que hemos dado a nivel legislativo es necesario contar con los programas y acciones gubernamentales pertinentes, los cuales solo serán operables a través de la instrumentación de presupuestos con perspectiva de género.
Lo anterior implica la asignación de recursos de forma eficaz y suficiente para incentivar programas para la igualdad entre mujeres y hombres, entre ellos aquellos que incorporen la perspectiva de género en el acceso y procuración de justicia y eliminación de la violencia.
Este panorama nos permite observar los retos y metas que debemos alcanzar en materia de derechos humanos y género; por lo que la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Ciudad celebra este tipo de espacios de reflexión, con el objeto de realizar análisis conjunto, en torno a las buenas prácticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en plena igualdad.
Sólo reiterar lo que sigue siendo indignante, en la propia Comisión, en plena Ciudad de México, Siglo XXI, seguimos emitiendo Recomendaciones por violencia obstétrica, seguimos emitiendo Recomendaciones por negación de acceso a la justicia, seguimos y vamos a emitir dos Recomendaciones (fácil hay 4 este año) en materia de género: el caso Yakiri, el caso Clara Tapia, donde sigue siendo un factor la situación de cómo el sistema de justicia se convierte en una perversión por el simple hecho de ser mujeres.
Y sí hay que decirlo con claridad y seguirlo alertando, que esta situación de la falta de no sólo una sensibilidad y de capacitación; sino de una situación perversa en el propio sistema, enraizado en forma institucionalizada que permite esa violencia adicional, por el simple hecho de ser mujer. Transversalícenlo y júntenlo, con el hecho de ser mujer, discapacitada o migrante, y se convierte en una perversión mayor.
Muy pertinente el foro. Agradecemos mucho este espacio para poder compartir las reflexiones, y muy necesario seguir visibilizando en el contexto de la nueva Constitución. No decirlo de otra manera. No se entiende una Constitución en esta Ciudad sin una perspectiva de género. Y una alerta: no se entiende una Constitución que quite derechos ya adquiridos y plenamente ganados y defendidos en esta Ciudad, como un instrumento mínimo que debe estar ahí, sin un paso atrás en esta materia. Muchas gracias.
