Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 51/2015
02 de diciembre de 2015
Gracias, buenos días a todas y a todos, agradezco la amabilidad de la asistencia, sobre todo porque tenemos representado en este honorable presídium tanto al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a la propia Academia y a nuestro Consejero de la Institución, agradecerles porque muestra justo la importancia y la necesidad de esta transversalidad institucional, académica y de la propia Comisión para la convocatoria a estos eventos.
Por segundo año consecutivo, nos convoca el Coloquio Los Retos de la Reinserción Social: Derechos Humanos de las personas privadas de libertad ante la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual pretende generar un espacio de discusión y encuentro entre diversos actores, tanto del ámbito gubernamental como académico y de la Sociedad Civil, con un enfoque multi e interdisciplinario y de derechos humanos, que posibilite la identificación de necesidades, obstáculos, así como buenas prácticas, a fin de construir herramientas para enfrentar los grandes retos que plantea una de las finalidades de la pena privativa de libertad.
El 18 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, la cual marca un antes y un después en la forma de impartir justicia en nuestro país. Entre los aspectos más relevantes de esta Reforma encontramos el nuevo proceso acusatorio y oral y la incorporación de los jueces de control, sentencia y ejecución.
No omito mencionar, que de conformidad con el Artículo 1ro. transitorio del decreto mencionado, las reformas a los artículos 17, 19, 20 y 21 entrarían en vigor cuando así lo estableciera la legislación secundaria, sin exceder el plazo de ocho años, y ese momento ha llegado. En unos meses se implementará de manera total en el Distrito Federal el Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo cual plantea nuevos retos y desafíos pero, al mismo tiempo, genera la oportunidad de avanzar en el respeto y garantía de los derechos de todas las personas que habitan y transitan en nuestra Ciudad.
Esta tarea, ha exigido por parte de todas las instancias y dependencias involucradas, un alto compromiso en cuanto a contar con la infraestructura necesaria, tanto en la creación y adecuación de las salas de juicio oral y en las Coordinaciones Territoriales, los espacios para las y los defensores públicos y en los centros de reclusión, a fin de garantizar los presupuestos del debido proceso, la presunción de inocencia y la adecuada separación entre las personas procesadas y sentenciadas. Asimismo, se han invertido tiempo y recursos en la formación y capacitación de los servidores públicos. No obstante, el Distrito Federal por sí mismo plantea un reto enorme, ya que es la entidad con la mayor población penitenciaria de nuestro país, con una población de aproximadamente 36 mil personas.
Para alcanzar el objetivo de garantizar los derechos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentran privadas de libertad cumpliendo una sentencia, reconociendo que este deber de garantía es reforzado por la propia condición de reclusión, se requiere el concurso y esfuerzo de todas las instancias involucradas de manera directa y de todas aquellas que tienen también el deber de colaborar y el interés de contribuir a proteger los derechos humanos de la población penitenciaria.
Me refiero a las instituciones que por ley tienen la obligación de garantizar y proveer servicios; me refiero a quienes desde la iniciativa privada asumen el compromiso y contribuyen al mejoramiento de las condiciones en que se encuentran las personas en reclusión y a quienes desde la Sociedad Civil organizada participan en este empeño y se constituyen en vigían del cumplimiento de este deber de protección.
Mención especial merecen los esfuerzos que se realizan desde la Academia en la reflexión y construcción teórica sobre los temas penitenciarios, porque contribuyen a la construcción de estrategias y alternativas de atención y porque constituyen también en la conciencia crítica de lo realizado.
Precisamente en ello radica la importancia del Coloquio que hoy nos reúne, pues pretende generar un espacio de discusión y encuentro entre diversos actores, tanto del sector gubernamental como académico y la Sociedad Civil.
Como dije anteriormente, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, son responsables de garantizar los derechos de las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad o en prisión preventiva y por ello existe la necesidad de que se establezca una colaboración permanente con el Sistema Penitenciario a fin de generar las condiciones que permitan la reinserción social y deseamos que este Coloquio sea el espacio idóneo para fortalecer este fin.
Haciendo énfasis, en que los distintos grupos de población que se encuentran privados de libertad requieren una intervención especial desde las instituciones, a fin de brindarles una atención integral, que reconozca sus necesidades específicas y los haga visibles. Entre estos grupos destacan las mujeres, personas adultas mayores, personas indígenas, las que viven con alguna discapacidad, además de personas migrantes, adolescentes, niñas y niños, personas también en situación de calle, entre muchas otras.
Garantizar los derechos humanos de las personas en reclusión es un deber del Estado, por lo que las acciones que se implementen deberán estar dirigidas a propiciar que puedan construir un proyecto de vida que les brinde alternativas para el momento en que obtengan su libertad, en beneficio de ellas y ellos mismos, sus familias y la sociedad.
El proceso de reinserción social no es solamente la suma de actividades educativas, de trabajo y capacitación o deportivas, ni éstas por sí mismas darán por resultado que hombres, mujeres y adolescentes privados de libertad puedan reincorporarse a la vida en sociedad.
Esta Comisión considera de gran importancia realizar acciones de prevención: prevenir el delito, prevenir la reincidencia, prevenir la vulneración a los derechos humanos, prevenir escenarios de violencia, prevenir escenarios de impunidad y garantizar que en los casos en que lamentablemente se violen derechos humanos, se repare el daño de manera integral y se establezcan las debidas garantías de no repetición.
Por ello, es importante reconocer y enfatizar, que a través de las buenas prácticas se puede prevenir la reincidencia. Si mujeres, hombres, y adolescentes que obtienen su libertad egresan con una profesión, capacitados en habilidades que les permitan insertarse en el ámbito laboral después de haber vivido una experiencia de respeto a su dignidad y a sus derechos humanos, se podrá romper el círculo vicioso de la reincidencia.
A través de las conferencias y mesas de trabajo del presente Coloquio se abrirán a la discusión diversos temas, desde diversos enfoques y diversos actores y al final de cada actividad se hará un intercambio de puntos de vista y se construirán las conclusiones.
En este intercambio de ideas y propuestas, agradecemos la participación y entusiasmo mostrado por académicos y académicas, legisladores, legisladoras, funcionarios y funcionarias, miembros del poder judicial, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes se suman de manera generosa a este segundo Coloquio.
También es importante mencionar que desde el 30 de noviembre, como ya nos lo anticipaba el Subsecretario, en las instalaciones de esta Comisión de Derechos Humanos se cuenta con la exposición de trabajos elaborados por las y los internos de los centros de reclusión y por las y los adolescentes de las Comunidades de Tratamiento que están disponibles para su venta, por lo que se les hace una atenta invitación a que nos acompañen en el corte de listón y adquieran los productos a la venta.
No quiero terminar sin reconocer el trabajo que encabeza la Visitadora Montserrat Rizo desde la Segunda Visitaduría, a todas y todos las Visitadoras y Visitadores, al equipo de trabajo de la propia Comisión, que de manera entusiasta realiza esta otra actividad, este otro enfoque que tiene que ver con la privación de la libertad desde este ambiente disciplinario, multidisciplinario, de intercambio, de propuestas y como siempre este comprometido equipo, créanme siempre es un gusto. Y no es menor reconocer y hacer público este agradecimiento a su esfuerzo y a su trabajo, porque finalmente, por segundo año estamos logrando este ejercicio de la mano siempre comprometida de todas y todos, pero también con el generoso aporte doble de la camiseta que tiene la Segunda Visitaduría, y en general toda esta digna Comisión.
Les pediría se pongan por favor de pie para hacer formalmente la inauguración. Siendo las 11:00 horas con 24 minutos, del día 2 de diciembre del II Coloquio Los retos de la reinserción social, para el bien de esta institución, de las propias personas que habitan y transitan, pero sobre todo de estas personas que están actualmente privadas de su libertad y que merecen, con toda dignidad, espacio, atención y visibilización.
Muchas gracias a todas y todos, y que sea para bien el ejercicio que se llevará a cabo en estas jornadas.
