Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 215/2014
7 de noviembre de 2014
- En octubre se registraron en el país 34 agresiones directas al derecho a la libre expresión; 3 de esos casos fueron asesinatos contra comunicadores, dos hombres y una mujer
- Prioridad que los principales actores sociales salvaguarden las condiciones de seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión y protejan la libertad y acceso a Internet
- Fundamental consolidar el esfuerzo para la creación de iniciativa de Ley para la Protección Integral de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera preocupante la situación en torno al derecho a la libre expresión que se vive en el país, pues sólo en octubre pasado, se identificaron 34 agresiones directas en perjuicio de este derecho.
La institución, a través del Registro de Agresiones a la Libertad, a cargo de su Relatoría para la Libertad de Expresión, contabilizó al menos tres asesinatos contra comunicadores en el país, así como un número importante de denuncias por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas y materiales, ataques cibernéticos, desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad y ataques a radios comunitarias, entre otros.
En lo que va del 2014, ya suman 17 asesinatos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, lo cual representa un incremento considerable en comparación con el mismo periodo del año pasado, en el que la cifra total de víctimas ascendió a 13.
Entre los casos de asesinatos registrados en octubre, se menciona el del líder comunero de la Presa Picachos, Atilano Román, quien fuera ultimado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, mientras conducía su programa de radio en la cabina de las instalaciones del periódico “El Sol de Mazatlán”.
Asimismo, está la desaparición y presunta muerte de la ciberactivista María del Rosario Fuentes Rubio, médica, twittera y colaboradora de la red de denuncia de la violencia Valor por Tamaulipas, de quien, tras su privación ilegal de la libertad, fueron publicadas en su propia cuenta de twitter fotografías donde aparece asesinada.
Ambos casos son símbolos de las formas más recientes de violencia e intimidación explícitas, ya que en ellos se intervinieron los espacios de expresión de la y el comunicador, la cabina de radio y la cuenta de redes sociales.
El tercer caso es el de Jesús Antonio Gamboa, Director del periódico mensualNueva Prensa en Sinaloa, quien fue encontrado sin vida el pasado miércoles 22 de octubre, 12 días después de haber desparecido. El cuerpo del periodista fue hallado con impactos de bala y signos de tortura.
De igual forma, en octubre se tienen registrados dos desapariciones, dos casos de privación ilegal de la libertad y una tentativa de privación ilegal de la libertad.
Destacan los casos del reportero Miguel Enrique Ortega Bonilla, quien fue privado de su libertad el 5 de octubre pasado mientras iba camino a cubrir una marcha en Chignautla, Puebla; siete horas más tarde fue liberado; así como el de un grupo de periodistas de la comunidad de Frontera, Coahuila, quienes fueron presuntamente privados ilegalmente de su libertad por parte de padres de familia en una escuela primaria. Los padres de los alumnos citaron a los representantes de los medios de comunicación en el plantel para luego retenerlos, acusándolos de difamación.
Otro hecho preocupante es el de Rubén Darío Cruz Santos, quien se desempeñaba como periodista de la fuente judicial para El Diario del Sur, en Acayucan, Veracruz. Cruz reportó que tuvo que salir de la entidad de manera urgente ante las amenazas de muerte que pesaban en su contra y un intento de plagio el pasado 5 de octubre.
Asimismo, resaltan los crecientes ataques a la libertad de expresión por vías electrónicas, ya sea en forma de espionaje, con el uso de bots o a través de intimidaciones, amenazas y hostigamiento por redes sociales, así como otros intentos de censura.
Resalta en este rubro, el tercer ataque cibernético al medio veracruzanoJaque Mate desde los Tuxtlas y la campaña de desprestigio en contra del portal de noticias Sin Embargo.
En este último caso, el 27 de octubre de 2014, la CDHDF emitió medidas precautorias para el medio digital, por los ataques recientes de los cuales han sido objeto, de un supuesto representante del Jefe Delegacional en Cuajimalpa, que exige con amenazas que el medio retire de su portal una serie de fotografías que fueron retomadas de la cuenta en Facebook de ese funcionario. Estos hechos fueron antecedidos por una serie de llamadas y correos electrónicos en el mismo sentido.
Esta Comisión aplaude los espacios que el Internet ha abierto para el ejercicio de la libertad de expresión y por lo tanto desea hacer del conocimiento público su profunda preocupación ante esta serie de agresiones.
La CDHDF se ha pronunciado también en repetidas ocasiones respecto a las agresiones a la libertad de expresión a las que se enfrentan las radios comunitarias en el Distrito Federal y en el resto del país, ataques que van desde la negación de licencias hasta agresiones físicas a instalaciones o a su personal.
Otro caso que se registró en la Relatoría, fue el ataque al Director de la radio comunitaria Al Límite 107.1 FM, Gabriel Arévalo, en Tenosique, Tabasco, quien fue golpeado y amenazado.
Los obstáculos al ejercicio democrático del derecho a la protesta social, así como a la labor de documentación ciudadana y periodística han sido otros importantes retos a los que como sociedad nos hemos enfrentado en el país.
Sobre el tema de la obstrucción a la protesta, uno de estos hechos fue el que ocurrió durante las primeras semanas de octubre, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde 24 personas fueron detenidas –incluyendo estudiantes –, por colgar mantas en algunos puentes peatonales y protestar en contra del gobierno de esa entidad federativa. Tras lo ocurrido, y en el marco del Informe del Gobernador, elementos de Fuerza Civil de la localidad fueron dispuestos para vigilar los puentes peatonales con la justificación de aplicar el protocolo contra el acto de colgar “narcomantas”.
En la cuestión de obstrucción a la documentación ciudadana y periodística, citamos los casos de intimidación, amenaza y detención por parte de elementos de la Fuerza Ciudadana del gobierno de Chiapas a una persona que grababa la violencia física con la que actuaban estos elementos contra una mujer; las agresiones físicas y materiales por parte de policías de fuerza civil del estado de Tamaulipas en contra de una reportera y un camarógrafo que documentaban un accidente vial; las agresiones contra un fotógrafo en Acapulco, Guerrero quien tomaba fotos para seleccionar las locaciones para la grabación de un programa de televisión; y el ataque en Tamaulipas por parte de un paramédico de la Cruz Roja a un reportero que documentaba un accidente, entre otros más.
Es importante recordar que la CDHDF se ha pronunciado recientemente a través de sus recomendaciones por violaciones a los derechos a la protesta y a la libertad de expresión, acontecidas en el Distrito Federal. En la Recomendación 7/2013, este Organismo determinó que las violaciones a los derechos a la libertad, seguridad e integridad personales, en el contexto del operativo policiaco puesto en marcha con motivo de las protestas que tuvieron lugar el 1º de diciembre de 2012, también vulneraron el derecho a la protesta de las personas que se manifestaban de manera pacífica.
A través del instrumento 8/2014, la Comisión hizo énfasis en las obligaciones del Estado en materia de prevención, protección e investigación de las agresiones contra las personas que ejercen labores periodísticas, con motivo de las omisiones en la investigación del robo del que fue víctima en 2012 la asociación periodística Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC A. C.).
Por último, en la Recomendación 11/2014, emitida por seis casos relacionados con violaciones a derechos humanos de personas que se encontraban ejerciendo su derecho a la documentación ciudadana, la CDHDF destacó el papel central que los derechos a la libre expresión y al acceso a la información tienen en la democracia, y su preocupación por que dicho carácter no sea entendido por las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, quienes –por el contrario- obstaculizan su ejercicio.
En el contexto de la preocupante situación de la libertad de expresión por la cual atraviesa el país desde hace algunos años, y ante los ataques a la libertad de expresión ocurridos recientemente, la CDHDF reafirma su compromiso en la defensa de las y los comunicadores y de todos los espacios para el ejercicio de la libre manifestación de las ideas, y hace un llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones necesarias y den con los responsables de los crímenes y de los ataques en contra de los derechos humanos.
Consciente de la grave situación por la que atraviesan las y los comunicadores, así como las y los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, la CDHDF seguirá impulsando, de la mano con Organizaciones de la Sociedad Civil e instancias de gobierno del Distrito Federal, la propuesta de iniciativa Ley para la Protección Integral de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, en aras de promover las acciones que protejan sus derechos e integridad.
