Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 167/2014
17 de septiembre de 2014
El hecho de que a partir de 2015 desaparezca la figura de contratación de trabajadores y trabajadoras eventuales y de honorarios, anunciado hoy por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, representa un gran paso para que el trabajo decente sea una realidad en la Ciudad de México.
Así lo consideró la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, quien añadió que esta regularización de trabajadores y trabajadoras será un referente a nivel nacional por el impacto social y económico de corto, mediano y largo plazo y, sobre todo, un acto de justicia para quienes han servido a quienes viven y transitan por esta capital.
Recordó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la estabilidad en el empleo es un derecho fundamental por ser condición necesaria para la efectividad de los derechos inherentes a la relación de trabajo, y que al garantizar un ingreso fortalece la economía interna. Un trabajo estable también favorece la productividad y competitividad, ya que la capacitación y formación del personal se traduce en una inversión de largo plazo al generar identidad y compromiso de quienes se encuentran en dicho supuesto.
La Presidenta añadió que la regularización del personal al servicio del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y su inscripción al sistema de seguridad social contribuirá a fortalecer las instituciones vinculadas al mismo con las aportaciones que se generen. Recordó que diversos investigadores en la materia han señalado que la posibilidad de sobrevivencia de las instituciones de seguridad social depende de tener una base laboral que contribuya continua y periódicamente a ese sistema.
Dijo también que el proceso de regularización de personal presentado por el Jefe de Gobierno lo inserta en las propuestas formuladas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) relativas a que el trabajo decente genera desarrollo sostenido y contribuye al rompimiento del círculo de pobreza, pues los derechos inherentes a la relación de trabajo posibilitan en mayor medida, el acceso a la educación, salud, vivienda, etcétera.
