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Reformas a la Ley de Centros de Reclusión para el DF abonan al reconocimiento y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad: CDHDF

Boletín 146/2014
10 de agosto de 2014

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) destaca el trabajo coordinado de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario –ambas del Distrito Federal– por el avance en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en centros de reclusión de la ciudad, a través del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, publicado el pasado 7 de agosto del 2014.

Con la publicación de dichas reformas, se dejan sin efecto prácticas incompatibles con el discurso de los derechos humanos, tales como el uso de cadenas y camisas de fuerza; se reconoce la existencia de una unidad de protección civil y el Consejo de Honor y Justicia; se derogan disposiciones propias de la reglamentación y se compatibilizan otras con la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, así como con el Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal.

Los citados avances se suman a los que ya existían, como el establecimiento de un servicio profesional de carrera para el personal penitenciario; reconocimiento de la ubicación de personas de acuerdo a su género, así como la posibilidad de que personas próximas a obtener la libertad sean incorporadas a “Programas de Reinserción Social, abonan a la generación de un marco jurídico acorde al contenido del artículo 18 constitucional.

Esta Comisión buscará participar de forma proactiva para que la construcción de las disposiciones reglamentarias a las que remite en sus disposiciones transitorias, se elaboren con enfoque de derechos humanos, consciente del debate nacional que se observa respecto la aprobación de la iniciativa de Ley Nacional de Ejecución Penal.