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La capacitación de servidores públicos, indispensable para prevenir violaciones a derechos humanos: CDHDF

Boletín 005/2014
17 de enero de 2014

Los programas de capacitación se derivan de diversos acuerdos y convenios suscritos con diversas autoridades del GDF.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, informó que continúan los programas de capacitación integral a servidoras y servidores públicos de la administración capitalina, a fin de lograr establecer en el corto plazo un sistema de certificación en materia de derechos humanos.

Lo anterior lo manifestó al referirse al anuncio de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF), en el sentido de que buscarán la certificación del personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, del Sistema de Reclusorios y de la Dirección de Justicia Cívica, en materia de derechos humanos y en la atención a las víctimas del delito.

La Doctora Gómez Gallardo detalló que estos programas de capacitación se derivan de diversos acuerdos y convenios suscritos con diversas autoridades del GDF, en el marco del cumplimento de algunas Recomendaciones que la CDHDF ha emitido en los últimos años para la protección y salvaguarda de los derechos de las personas que habitan y transitan en la ciudad de México.

Destacó que una de las medidas más efectivas para la prevención de violaciones a los derechos se encuentra precisamente en la capacitación y certificación de las y los servidores públicos.

Es por ello que, puntualizó, la capacitación integral se considera en cada una de las Recomendaciones de la CDHDF como una garantía de no repetición de las violaciones cometidas.

Explicó que la Dirección General de Educación por los Derechos Humanos de esta Comisión, coordina estos esfuerzos de capacitación y certificación, y que junto con otras áreas de la CDHDF continuarán su labor con las autoridades para fortalecer estos programas de formación.

Indicó que la suma de esfuerzos entre las instituciones públicas, los organismos autónomos y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el rubro de capacitación, se entiende como un compromiso en favor de los derechos de todas las personas.

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