Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 437/2012
21 de noviembre de 2012
•Hay límites claros en el ejercicio de los usos y costumbres de las comunidades, señala el Ombudsman capitalino
La familia del niño Hendrik Cuacuas Gómez buscó el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) seguros de que esto garantizará un proceso justo hasta dar con el paradero de los responsables que le arrebataron la vida a su hijo.
Acompañado por el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, Enrique Cuacuas, padre del menor fallecido el pasado 4 de noviembre luego de recibir un disparo por arma de fuego mientras veía una película en una sala de cine, confió en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) hará bien su trabajo y que no dejará el caso en la impunidad.
Señaló el derecho de su familia a saber qué sucedió en realidad, cómo, quién, y por qué motivos murió su hijo dentro de la sala del cine. Comentó que ha recibido una explicación bastante clara por parte de la PGJDF respecto a lo sucedido, con base a dictámenes periciales, en el sentido de que la bala entró desde el exterior de la sala por el techo, cómo lesionó y causó la muerte del niño.
Enrique Cuacuas dijo que es importante que las autoridades puedan detener a la persona responsable de este hecho, y comentó que también es importante que esto no vuelva a ocurrir.
El Presidente de la CDHDF explicó que, atento a la investigación de la Procuraduría capitalina, este Organismo no ha encontrado hasta el momento algún elemento que implique alguna responsabilidad de la PGJDF por violación a derechos humanos en este caso.
En este sentido, agregó que una de las líneas de investigación que sigue la CDHDF en su queja de oficio es la dilación por parte de la PGJDF en la atención del caso, pero aseveró que hasta ahora no se tiene elementos para afirmar que esta ocurrió. Apuntó que la queja sigue abierta.
Indicó que se ha verificado que hasta el momento, la segunda hipótesis que se planteó, y que estuvo sostenida en evidencia empírica y en un análisis mucho más profundo de la situación, aparece como la correcta.
Resaltó la necesidad de que la autoridad envíe un mensaje de certeza sobre lo que ocurrió, para que la ciudadanía tenga claro qué fue lo que pasó en el desafortunado caso de la muerte de Hendrik.
Expuso que la CDHDF seguirá atendiendo el caso, de la mano del señor Enrique, especialmente coadyuvando para que lo ofrecido por la empresaCinépolis a la familia se materialice en un acuerdo. Anunció que este mismo día habrá una reunión entre la empresa y la familia para que se firme un acuerdo privado en relación a los gastos médicos, funerarios y sicológicos para la familia de Hendrik.
Por otra parte, Luis González Placencia destacó el grado de pistolización que existe en distintos puntos de la ciudad de México, con la ausencia de aplicación de las normas que deberían evitar que esto ocurriera
Subrayó que para la CDHDF, que ha sido defensora de los usos y costumbres de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas, hay límites claros en el ejercicio de estos usos y costumbres, “esos límites se presentan cuando existe la posibilidad de la violación de un derecho fundamental, como es el derecho a la vida”.
Mencionó que está claro que esta costumbre (del uso de armas) genera un riesgo importante, que se materializó en la muerte de Hendrik, hecho que debe ser una llamada fuerte de atención para que personas que son dueñas de las armas tengan conciencia sobre el riesgo y la responsabilidad que implica tener un arma, aun cuando su tenencia sea legal.
Señaló la posibilidad de que la CDHDF emprenda una campaña, junto con instancias que atienden el tema de los pueblos indígenas y comunidades originarias de la ciudad, como la Sederec, que posibilite el distinguir entre el ejercicio libre de los usos y costumbres y las consecuencias que este ejercicio tiene en los derechos de las personas, especialmente cuando se habla del derecho a la vida.
“La participación de la ciudadanía es fundamental. La autoridad tiene que hacer su parte, pero es importante enviar un mensaje a la ciudadanía para poder distinguir lo que es una actividad que tiene como finalidad divertirse, incluso celebrar, cumplir con ciertos rituales y actividades que ponen en riesgo la vida de las personas”, abundó.
Añadió que tanto las autoridades delegacionales como de la Procuraduría tendrían, incluso, que haber de antemano visibilizado este riesgo en las festividades y generar condiciones de prevención.
