lunes , 6 febrero 2023

Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado Mexicano, en el Caso de la Desaparición de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera

Boletín 365/2012
1 de octubre de 2012

• Las familias de las víctimas de desaparición forzada esperan verdad justicia y reparación: LGP

• No voy a descansar hasta saber dónde está mi hijo; porque no me robaron una casa, un carro, se llevaron a mi hijo: Leonor Olvera López

• La PGR redoblará esfuerzos para la investigación del caso, señala Marisela Morales al pedir perdón a los familiares

En el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, ocurrida hace diez años a manos de agentes estatales, familiares y defensores de derechos humanos exigieron que se dé con su paradero, se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia castigando a los responsables.

En el Salón Digna Ochoa y Plácido de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), su Presidente, Luis González Placencia, subrayó que un Estado que comete desaparición forzada y que no la resuelve es un Estado que falla y que se pone en entredicho a sí mismo.

“La desaparición forzada es parte de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con múltiples víctimas de este delito, desde aquellas desapariciones forzadas cometidas en los años 70, hasta las de quienes en el contexto de violencia que vivimos en el país han corrido una suerte similar, los familiares de todas y todos ellos esperan, como hoy la madre de Jesús Ángel, Leonor Olvera, verdad, justicia y reparación”.

En presencia de la Procuradora General de la República, Marisela Morales, el Ombudsman capitalino señaló que Jesús Ángel, quien hoy cumpliría 35 años, ha sido víctima tres veces: de la imputación de un acto que no cometió, de la desaparición, y de la ausencia de una investigación eficiente para encontrarlo.

Hay que tener en cuenta, apuntó, que en caso de violaciones cometidas por servidores y servidoras públicas hay quien sabe del paradero de los desaparecidos, “de ahí la importancia de este acto que representa la oportunidad para que el Estado asuma la responsabilidad sobe la desaparición forzada de Jesús Ángel y con ello la obligación de esclarecer lo sucedido, investigar su paradero, procesar a los responsables y tutelar el derecho que tiene su familia a la verdad”.

Destacó la presencia de los Subsecretarios de Gobernación, Max Diener Sala y de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, así como de la Procuradora Marisela Morales, “porque en sus manos estará a partir de hoy resarcir este daño, confiamos plenamente en usted. El compromiso que hoy se asume fortalece al Estado y renueva la confianza en nuestras instituciones”, dijo.

Ofreció la capacidad instalada de la CDHDF para que a través de un compromiso de Estado, y por lo tanto de las instituciones, se dé con el paradero de Jesús Ángel, un Estado que se defina al lado de las víctimas. Reiteró el compromiso de seguir acompañándola en su búsqueda por la verdad y la justicia

A su vez, la señora Leonor Guadalupe Olvera López exigió a las autoridades presentes en el Acto que se resuelva la desaparición de Jesús Ángel, luego de diez años de buscarlo, tocando puertas, recorriendo delegaciones, reclusorios, hospitales, caminando sola, sufriendo amenazas, y hasta la fecha no lo encuentra, no se lo entregan.

“Pero no voy a descansar hasta saber dónde está mi hijo; porque no me robaron una casa, o un carro, se llevaron a mi hijo. Yo exijo que me lo entreguen, porque se lo llevaron personas que están para que nos cuiden, no para que nos desaparezcan”, expresó.

En su intervención, la Procuradora General de la República, Marisela Morales, pidió perdón a la familia de Jesús Ángel y ofreció disculpas por los efectos que ha ocasionado su desaparición forzada a lo largo de diez años, al reconocer que éste fue víctima de violaciones a derechos humanos el 14 de marzo de 2002, tras ser detenido por agentes del Estado mexicano, entre ellos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

A partir de entonces, agregó, la familia inició su búsqueda, la cual se extiende hasta nuestros días, “por ello el Estado mexicano asume su responsabilidad y solicita sentidamente el perdón de las víctimas y de toda la sociedad”. Dijo que ha instruido al personal a su cargo para que redoble esfuerzos en las investigaciones del caso, manteniendo la convicción de su responsabilidad como servidores públicos. Expuso que diversos factores han impedido dar con su paradero.

Sostuvo que la PGR no tolera ni tolerará que sus integrantes perpetren actos que laceren a las personas y a sus familias, “sabemos que la desaparición forzada genera un estado de incertidumbre y angustia para todos los familiares de las víctimas que no puede ser ignorada por el Estado mexicano”, abundó.

Consideró la desaparición forzada de Jesús Ángel como un hecho brutal, cuya naturaleza y consecuencias “nos obligan a todos a reflexionar en las graves responsabilidades de los servidores públicos, especialmente cuando la ilegalidad, la impreparación, el descuido, la prepotencia, y el abuso de personas, investidas de un poder legal, se ceban sobre un ser humano”.

La funcionaria aseguró que la desaparición de Jesús Ángel no será encubierta nunca por la PGR, y asumió ante la madre de la víctima la responsabilidad de seguir investigando el paradero de su hijo y de los responsables de tan abominable acto.

Por su parte, la Directora del Centro para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alejandra Nuño, señaló que en este caso, las instituciones le fallaron a Jesús Ángel y a su familia, “inicialmente los policías que tenían que brindarle seguridad lo detuvieron arbitrariamente, lo torturaron y luego lo desaparecieron”.

Agregó que los funcionarios debieron haber protegido a la familia y no hostigarla, ni amenazarla, además de brindar información veraz y oportuna de su paradero, cuestión que no ha ocurrido. Y sin duda, expresó, debieron sancionar adecuadamente a todos los funcionarios que participaron en los hechos.

Expuso que si bien hay un funcionario federal sancionado, es fundamental que todos y cada uno de los participantes sean procesados y sancionados adecuadamente.

“La solicitud de perdón implica reconocer que se ha cometido una violación de derechos humanos, pero también deber ser un compromiso expreso y público, por las más altas autoridades del Estado, que significará además y principalmente esperar en un futuro más cercano que distante, la ubicación del paradero de Jesús Ángel, dar a conocer la verdad de lo sucedido, y sancionar a cada uno de los responsables”, indicó.

Como representantes de la familia de la víctima, confió en que las autoridades del Estado mexicano presentes tomen las medidas necesarias para se cumpla efectivamente el Acuerdo de Solución Amistosa firmado en mayo de 2012.