Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 305/2012
21 de agosto de 2012
• El caso es paradigmático de la impunidad y la desvergüenza del Estado Mexicano frente a los derechos humanos de las personas más pobres del continente, coinciden académicos y defensores.
Al conmemorar el Segundo Aniversario de la Masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, se solidarizó con sus familias, a quienes el Estado mexicano no ha siquiera identificado ni entregado sus restos.
La Masacre de San Fernando muestra la debilidad del Gobierno federal para garantizar, al menos, un regreso digno de los cadáveres de esas personas a sus familias: “No hemos logrado consolidar un sistema de identificación que nos permita saber quiénes son las víctimas”.
En la Conmemoración del Segundo Aniversario de la Masacre de San Fernando: Estado Actual del Caso e Implicaciones de su Presentación ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), dijo que el hecho que conmovió a las conciencias en el país dejó en claro lo que el Gobierno federal y los gobiernos estatales se habían negado a reconocer: los secuestros de un número considerable de migrantes centroamericanos a manos de la criminalidad organizada.
“Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, muchas de ellas quizá nunca serán identificadas; nos solidarizamos con los más de 400 mil migrantes que cruzan anualmente la frontera sur hacia los Estados Unidos; nos solidarizamos y nos conmovemos con quienes dedican su vida a la defensa de los derechos de las personas migrantes, de los que no reconocen jurisdicciones para su lucha”, dijo el Ombudsman capitalino.
Y es que, explicó, en el marco de la absurda guerra contra los cárteles de la droga en el país, se ha apostado por la negación sistemática de la realidad, de la existencia de franjas importantes del territorio nacional bajo el control de la delincuencia; de la debilidad del Estado para reconocer que las condiciones estructurales y económicas de inequidad promueven la migración en el país y no permiten retener a las personas en sus lugares de origen.
González Placencia lamentó, sobre todo: “La criminalización de la ayuda, que evidencia la incapacidad para generar un sistema nacional de protección, federal y local, así como la obstaculización del trabajo de quienes han dedicado su vida a asistir a las personas migrantes, a través de la motivación de actitudes y expresiones antinmigrantes en varias regiones del país, especialmente en el Estado de México”.
El desplazamiento de la culpa, explicó, se hace visible cuando el Gobierno federal dice que lo que pasa a las y los migrantes es culpa de la criminalidad organizada: “El tema no es quien tiene la culpa, sino de quién es la responsabilidad de prevenir, resolver y generar las condiciones para que actos como el de San Fernando no vuelvan a ocurrir”.
Desafortunadamente, señaló, ese evento parece no haber sido suficiente para generar un momento de reflexión, una respuesta fuerte del Estado mexicano, nos hemos ido enterando de más fosas clandestinas y más hechos en los que las y los migrantes siguen desapareciendo.
En su intervención, el Obispo de Saltillo y miembro del Consejo de Garantes del Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Raúl Vera López, dijo que la infiltración del crimen organizado en las estructuras de la función pública, afecta terriblemente la vida del país, ya sea en el Instituto de Migración, en las filas del Ejército y de las corporaciones policíacas, locales y federal.
El caso San Fernando, agregó Vera López, dibuja típicamente esa complicidad entre quienes están en los retenes para supuestamente capturar a los migrantes y deportarlos: “Los mismos policías son los que los entregan a los delincuentes en las casas de seguridad; lo que significa el aumento de la putrefacción de las estructuras de administración de la justicia. Es muy delicado esto”.
Quienes trabajamos directamente con los migrantes vemos que la cadena de impunidad que permite actuar al crimen organizado significa sufrimiento, muerte, tortura y destrucción de las personas migrantes y de sus familias, quienes abandonan a su patria y a su familia con la esperanza de mejorar sus vidas, subrayó.
Y es que, dijo que según su experiencia, la mayoría de las personas emprenden su viaje previo compromiso de endeudamiento con familiares y vecinos, para venir a encontrarse con la muerte, con los delincuentes que las someten a situaciones espantosas hasta que sus familiares en Estados Unidos entreguen por lo menos 3 mil 500 dólares.
El Obispo Vera López dijo también que el proceso electoral sirvió sólo para fortalecer al crimen organizado, toda vez que el actual conflicto, según parece, se resolverá dejando de lado las evidencias del manejo de fondos producto del lavado de dinero en las campañas partidistas para el compro del voto.
Dejar en la impunidad los crímenes que han sucedido en los últimos años, lamentó, significa alentar a las organizaciones criminales, como lo demuestran los siete cárteles registrados al inicio de sexenio y que a punto de finalizar suman ya 25 grandes grupos de la criminalidad organizada.
En representación del Padre Alejandro Solalinde, Coordinador Pastoral de la Movilidad Humana, región Pacífico-Sur y del albergue “Hermanos en el Camino”, en Ixtepec, Oaxaca, Armando Vilchis Vargas, voluntario de la casa para migrantes, anunció que será a más tardar el próximo viernes cuando se incorpore de lleno a sus actividades, una vez superado el problema suscitado con autoridades de la Diócesis para que se trasladara a otro punto del país.
“Hoy nos convoca la patología del Estado mexicano”, señaló el profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Camilo Pérez Bustillo, al denunciar lo que llamó “La persistente impunidad de un caso emblemático de terror estatal, que ha marcado y permeado el sexenio que concluye entre los puños ensangrentados del sexenio de Felipe Calderón”.
A partir del amplio y diverso tejido de solidaridad e indignación conformado por organizaciones de migrantes, organismos civiles independientes, defensoras de derechos humanos, eclesiásticas y académicas que llevó a someter al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), dijo que la masacre y las fosas de San Fernando, junto con la masacre de Acteal, son ejemplos paradigmáticos de un patrón general de las patologías de Estado.
En su calidad de integrante de la Comisión sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), señaló también que el proceso por el que se someterá a México inició en octubre de 2011 y concluirá en 2014.
“Nos comprometemos a darle seguimiento, hasta sus últimas consecuencias, a la demanda de justicia, verdad, reparación integral individual y colectiva, y de no repetición de todas las conductas y políticas, acciones y omisiones que han constituido una política de terror estatal en contra las y los migrantes en tránsito, y que hicieron posible y perfectamente predecible y prevenible la masacre de San Fernando y las fosas”, advirtió Pérez Bustillo.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) data de 1979, por la Fundación Lelio Basso en Roma, Italia. Es el Tribunal de Conciencia contemporáneo más antiguo y generalmente reconocido; se constituyó para dar seguimiento al Tribunal Russell, primero en el mundo que juzgó los crímenes de guerra y de lesa humanidad de Estados Unidos de Norteamérica en Vietnam, así como la emergencia del terrorismo de Estado, a través de golpes militares en Sudamérica.
Los miembros del Jurado de Honor del Tribunal Permanente de los Pueblos incluyeron a los filósofos franceses Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, al ex Presidente mexicano Lázaro Cárdenas y a los escritores Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Eduardo Galeano.
En la Conmemoración del Segundo Aniversario de la Masacre de San Fernando participaron también la Jefa del Área de Sociología Política y Económica del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius; el Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), José Rosario Marroquín; el ex Diputado Federal y miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano, Red Migrante, José Jacques Medina; Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Julio da Silveira Moreira, de la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo (ABRAPO) y Vicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados del Pueblo; Pedro González Gómez, de la Asamblea de Migrantes Indígenas; José Antonio Foronda, de Prevención Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM) y de la Comisión Jurídica del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento; y la Coordinadora de Formación y Análisis de Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), Dolores González Sarabia.
La profesora del Posgrado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Clemencia Correa, fungió como moderadora del evento.
