sábado , 4 febrero 2023

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

Boletín 237/2012
26 de junio de 2012

• La CDHDF señala la necesidad de generar políticas con enfoque de derechos humanos que atiendan la prevención

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera necesario generar políticas con enfoque de derechos humanos que atiendan la prevención y la decisión informada sobre el consumo de drogas, así como los tratamientos y medidas alternativas, en donde se involucre a todos los sectores de la sociedad y las instituciones y no sólo el combate al narcotráfico.

Asimismo, la CDHDF manifiesta su preocupación por la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley para el Tratamiento de las Adicciones en el Distrito Federal, ya que pretende crear un régimen jurídico de excepción, difícilmente justificable o adaptable a nuestro marco jurídico, cultural, social y económico.

En este sentido, la CDHDF estima que se trata de una ley descontextualizada de la realidad del país y de la ciudad de México, que no tiene posibilidades de contribuir significativamente a disminuir el consumo de drogas en el territorio nacional.

Para este Organismo, en términos de derechos humanos, la propuesta de iniciativa de decreto de Ley estigmatiza a la persona usuaria, ya que el proceso esencial de la suspensión de la pena a cambio de tratamiento, hace que el uso de la droga se vuelva el objeto de control, no el delito en sí mismo.

De tal suerte, que se trata de una iniciativa que criminaliza el consumo y obvia que el derecho al tratamiento es un derecho de salud universal, sin excepción de persona alguna, haya delinquido o no. Asimismo, omite la implementación de una política de atención a las drogas con enfoque de derechos humanos, salud, y prevención social.

Por lo anterior, la CDHDF hace un llamado a las autoridades capitalinas, en especial a las y los asambleístas, para oponerse a la aprobación de un proyecto que, en esencia, contraviene los principios de derechos humanos expresados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Por otra parte, solicita al Estado mexicano revisar las políticas actuales sobre las drogas, para que se traduzcan en políticas en materia de salud pública y prevención social, más que considerarlo un problema de seguridad centrado en el combate frontal a los grupos de delincuencia organizada, lo que ha derivado en enormes costos humanos y sociales; violaciones a los derechos humanos e incremento de la corrupción y la violencia en el país.

Para la CDHDF, los efectos negativos de las políticas actuales dificultan totalmente que se cumpla con el objetivo de disminuir el consumo de drogas, erradicar las redes del crimen organizado y recomponer el tejido social, al mismo tiempo que evidencian su ineficacia.

De ahí la necesidad de tomar medidas contundentes, no represivas, contra el narcotráfico, como el desmantelamiento de la base patrimonial de las organizaciones criminales, la prevención de la corrupción política al más alto nivel y la prevención de la infiltración del dinero sucio.

La violencia no acabará hasta que no se desmantelen las redes de protección a esos grupos, tanto al interior de las estructuras de poder del Estado mexicano como al interior de los grupos empresariales que representan a los poderes fácticos del país, ejemplo de lo anterior es la autocensura por motivaciones económicas y políticas que ejercen las empresas de difusión importantes.

Las políticas sobre drogas han sido ineficaces porque mezclan el crimen organizado con el consumo, cuando se debería contar con políticas diferenciadas para combatir al narcotráfico por un lado y para garantizar la salud de las personas por el otro.

Esta mezcla de combate contra el crimen organizado y las políticas prohibicionistas sobre el consumo de drogas están basadas en miedos y prejuicios, por la asociación que se hace entre crimen y drogas, así como en la criminalización, exclusión y estigmatización de las personas consumidoras, al buscar suprimir la producción e interrumpir los flujos de comercio, en vez de abordar el problema de fondo, desde un aspecto de salud, social y económico.