miércoles , 1 febrero 2023

CDHDF urge a implementar medidas eficaces para la protección, respeto y garantía de los derechos de las personas refugiadas

Boletín 230/2012
20 de junio de 2012

• De acuerdo con cifras del ACNUR, en 2010 había en México 1,226 personas refugiadas.

En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) urge a las autoridades capitalinas a avanzar en la implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), el cual contiene acciones de política pública para respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de las personas refugiadas, sin que hasta el momento se cuente con resultados favorables.

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2010 había en México 1,226 personas refugiadas, originarias de El Salvador, Guatemala, Colombia, Haití, entre otros, y de las cuales, 36% son mujeres.

Para la CDHDF, en el Distrito Federal es necesario atender la situación de las personas refugiadas, pues es aquí en donde se concentra un número importante de esta población, la cual se enfrenta a la invisibilización social y a la discriminación, generada por la insensibilidad ciudadana.

Los derechos contenidos en el Capítulo 29 del PDHDF abarcan ámbitos fundamentales de la vida de las personas refugiadas. Se desarrollan acciones concretas como el de la legislación y políticas públicas integrales; el derecho al trabajo y a los derechos humanos laborales; el derecho a la salud; el derecho al acceso a la justicia; el derecho a la vivienda; el derecho a la educación y el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

La CDHDF exhorta a las instancias del gobierno capitalino a  garantizar la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de las personas refugiadas; a impulsar la concreción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos que garanticen su ejercicio pleno y a instrumentar acciones de sensibilización y capacitación dirigidos a la población y las y los funcionarios públicos a fin de fortalecer una cultura de respeto y reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas en la ciudad de México.