Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 03/2012
24 de mayo de 2012
Muy buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Saludo con respeto y agradezco la presencia del doctor Edgar Elías Azar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, así como de la Diputada Alejandra Barrales, Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Agradezco también la presencia en el presídium del señor Eduardo Gallo, quien aceptó acompañarnos en este acto como miembro de la sociedad civil, de la doctora Nashielly Ramírez, Consejera de esta Comisión, en representación de ese órgano consultivo, así como del licenciado Juan José García Ochoa, quien viene en representación de la Jefatura de Gobierno.
Doy la mas cordial bienvenida a las y los Consejeros y ex Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al ex Presidente de este organismo, a mis colegas, ombudsperson de diversas entidades del país, a los miembros del cuerpo diplomático, las y los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las y los compañeros de los medios, servidoras y servidores públicos, integrantes de los órganos legislativos, peticionarias, peticionarios, a mi querida esposa Laura y a mi hijo Diego, a mis compañeras y compañeros de trabajo y a todas y todos quienes nos acompañan en este auditorio Digna Ochoa, así como a quienes nos siguen en las redes sociales y a través de Internet.
Nuevo contexto para los derechos humanos
Es para mí un honor dirigirme a ustedes para rendir cuentas de lo realizado por este organismo autónomo constitucional durante 2011, un año que será recordado como el marco en el que ocurrió la más importante Reforma a la Constitución de la República en materia de derechos humanos y como el punto de partida de una transformación sin precedente en el modo de ver estos derechos en la vida pública. Ya desde 2010 esta Comisión preparó su estructura para adecuarse al nuevo marco constitucional y, en el margen estrecho que le da su actual Ley, creó nuevos espacios para maximizar sus capacidades de defensa, su potencial de promoción y sus posibilidades de incidencia en materia de derechos humanos.
Reorganización institucional frente a la Reforma Constitucional
2011 vio consolidar estos esfuerzos. La recientemente creada Consultoría General Jurídica, hoy se desempeña con amplios márgenes de acción, colocando a la Comisión en la arena jurídica nacional e internacional, al acompañar con éxito casos ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De igual manera, el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos concretó un importante esfuerzo de vinculación que nos tiene hoy más cerca que nunca de los centros académicos más relevantes del país, colaborando directamente con las y los investigadores, jóvenes y consolidados, que se encuentran estableciendo el estado del arte en la discusión sobre los derechos humanos en México.
Una vez que entró en vigor la Reforma Constitucional, esta Comisión puso en marcha la Quinta Visitaduría General, y desde entonces recibe quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos laborales de trabajadoras y trabajadores de los órganos de gobierno del Distrito Federal y de las demarcaciones políticas capitalinas.
En la lógica de la Reforma, y en atención al compromiso y la experiencia de trabajo que esta institución tiene con las víctimas –especialmente las de violaciones graves a derechos humanos–, creamos la Unidad de Acompañamiento a Víctimas, que hoy ofrece, con enfoque psicosocial, un apoyo que, al complementar la atención jurídica de los casos, se torna integral.
Estas nuevas áreas, junto a la Coordinación de Relatorías, que hoy cuenta con relatores para la libertad de expresión, derechos de las mujeres, de infancia y juventud, defensoras y defensores y de personas con discapacidad, complementan el esquema de defensa y promoción de los derechos humanos de la Comisión.
Situación de los derechos humanos en la ciudad
Una vez fortalecida la estructura histórica de la institución, enfocamos nuestra atención en la identificación de problemas estructurales que, a partir de los casos que recibimos e investigamos, dibujan los escenarios en los que ocurren las violaciones a los derechos humanos en la ciudad. Ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en acatamiento a lo que mandata la Ley de la CDHDF, denuncié esos escenarios con detalle, e hice una enérgica llamada de atención acerca de la necesidad de que las y los destinatarios de nuestras Recomendaciones las acepten y las cumplan. En atención a lo que la propia ley exige, solicité al órgano legislativo que llamara a comparecer a las y los servidores públicos que rechazan o incumplen las Recomendaciones, ya que el sentido de hacer cumplir tal disposición legal no es otro que evitar que se genere impunidad y un desgaste innecesario entre las autoridades y esta Comisión, lo cual sólo daña a las victimas. La relación entre nuestros organismos está más allá de la relación entre sus titulares; y es en ese sentido, que debe ser institucional, a favor del mejoramiento de las tareas de Estado que tenemos encomendadas, y de cara al respeto de los derechos de las y los habitantes y transeúntes de esta ciudad.
Tres son las áreas que definen esos escenarios de violaciones a derechos humanos y en las cuales es impostergable intervenir: 1) la relación entre gobierno y ciudadanía con motivo de la construcción de obra pública y privada;2) la violencia estructural contra las mujeres, las personas privadas de la libertad y las poblaciones callejeras, y 3) el sistema penal.
1) Relación entre el gobierno y la ciudadanía con motivo de la construcción de obra pública y privada
Sobre el primer punto, esta Comisión se avocó a investigar las quejas interpuestas por el caso de la llamada Supervía Poniente, así como por la construcción de desarrollos habitacionales en Santa Úrsula, Coapa. Con rigor técnico, esta Comisión se pronunció por la suspensión de las obras debido a irregularidades en su autorización y a defectos en los procedimientos de participación que ponen en riesgo el ambiente y deterioran las relaciones con, y entre las y los ciudadanos. Estos casos son representativos de problemas que erosionan el vinculo entre el gobierno y una ciudadanía que exige que se le tome en cuenta cuando la construcción de obra pública o privada tiene efectos en su entorno. Desde luego, primero y fundamentalmente, es necesario que los permisos y concesiones se apeguen al marco jurídico vigente —porque ello es garantía de que el ambiente no sufrirá un deterioro irreversible— pero además es necesario explicar, concertar, incluir e incluso convencer sobre el porqué esas obras son necesarias, y de qué manera el beneficio público redunda en el más inmediato provecho para las vecinas y vecinos que se ven afectados por ellas.
2) Violencia estructural contra mujeres, personas privadas de la libertad y poblaciones callejeras
En lo que se refiere a la violencia estructural, esta Comisión destacó casos que son representativos de la situación de las mujeres en tanto trabajadoras en instancias de los órganos de gobierno del Distrito Federal; desafortunadamente el acoso laboral y sexual, la discriminación y el maltrato siguen siendo comportamientos instalados en la relación entre hombres y mujeres en las oficinas públicas que dependen de los órganos de gobierno de esta ciudad. Destacó también la situación de las personas privadas de la libertad, quienes siguen siendo víctimas de tortura y malos tratos, así como de obstáculos para acceder a su derecho a la salud. Reconozco en este espacio el esfuerzo del gobierno de la ciudad y de la Secretaría de Salud para poner en marcha la Torre Médica de Tepepan, que ayudará a resolver problemas como los documentados por esta Comisión, en los cuales se detectó restricción y retardo en la remisión de internas para que sean atendidas en hospitales del sistema de salud; seguro ello también implicará lo necesario para evitar que ocurran muertes por negligencia médica.
El otro gran tema relacionado con la violencia estructural atañe a las poblaciones callejeras. La Recomendación 13/2011 es representativa de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran tres generaciones de personas que viven en la calle. En ella se evidencian importantes fallas de la política pública en la materia, la ausencia de un sistema eficiente que controle a las instituciones de asistencia privada que tienen por objeto la atención de estas poblaciones, y la necesidad de un enfoque nuevo que, centrado en los derechos de estas personas, abandone la perspectiva punitivo-asistencial con la que, sin éxito alguno se ha encarado este tema, y que se proponga realmente una integración social respetuosa de la identidad de ellas y ellos, ciudadanos y ciudadanas también, del Distrito Federal.
3) Sistema penal
Finalmente, el tercer escenario de violaciones es el sistema penal. El estado actual en que se encuentra deja ver importantes falencias que se expresan en tres niveles por lo menos: uno relacionado con las deficiencias propias de los modelos inquisitoriales, como el que todavía caracteriza a nuestro proceso penal; otro relacionado con la incorporación de nuevas instituciones que, lejos de abonar a la garantía de derechos, los lesionan con base en argumentos efectistas que plantean hipótesis erróneas desde las cuales se da por válida la oposición entre seguridad y derechos humanos; y el último configurado por las malas prácticas y los abusos de servidores públicos concretos. Todo ello nos ha llevado a afirmar que el riesgo más importante para la libertad en esta ciudad es, paradójicamente, el sistema penal. Por ello nuestra insistencia en que se elimine el arraigo, mala práctica constitucionalizada que, sin embargo, puede ser abrogada, como ocurrió, a propósito de la Recomendación 2/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde esta forma de detención arbitraria ya ha sido eliminada de la ley.
Nuestra preocupación por el debido proceso no es un capricho intelectual. Se basa en la realidad de casos de personas arraigadas que no estaban vinculadas con delitos concretos o a quienes se les fabricaron delitos ex profeso; en nuestra más reciente constatación del absurdo que significa la presentación de probables responsables ante los medios de comunicación, especialmente cuando a la postre resultan inocentes; y en el despropósito de mantener un sistema de justicia penal juvenil que hace más de un lustro debió migrar completamente al modelo adversarial y que, como lo acabamos de constatar apenas la semana pasada, sigue generando violencia. Por eso también nuestra insistencia en que se erradique la tortura, la que cometen las Policías de Seguridad Pública y de Investigación, así como la perpetrada por custodios en el sistema penitenciario.
En no pocas ocasiones esta Comisión se ha pronunciado por el estado que guardan nuestros centros penitenciarios, afirmando que se trata de bombas de tiempo, que siguen sobre poblándose sin reparar en que el encierro no sólo no abate el delito sino que crea condiciones para que éste se reproduzca y se cometa, dentro, y desde dentro, de las instituciones carcelarias.
Incidencia
Alrededor de tales escenarios, esta Comisión ha articulado todos sus esfuerzos y todas las herramientas que le otorga su mandato para denunciarlos, pero también para colaborar desde nuestra trinchera con el fin de entenderlos y solucionarlos: 13 Recomendaciones que no se emitieron de forma aislada; todas ellas fueron acompañadas de foros de análisis académico, cursos de capacitación, diplomados, una agenda estratégica con sociedad civil, reuniones con servidoras y servidores públicos, informes especiales, informes ante organismos internacionales, litigio estratégico de casos, acciones conjuntas con otros ombudsman locales, conferencias de prensa, debate público en medios de comunicación, amicus curiae y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presencia ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) y diversos grupos de trabajo del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.
Todo ello encaminado a llamar la atención de las y los titulares de los órganos de gobierno de la ciudad para que también hagan valer su liderazgo en el reconocimiento y la solución de los problemas estructurales, su indignación y rechazo total de las malas prácticas; así como su voluntad y las acciones necesarias para la sanción de responsables y la reparación integral de los daños a las víctimas.
Mensaje político
Distinguidos miembros del presídium, invitadas e invitados, la ciudad de México está sin duda a la vanguardia en la promoción de los derechos humanos; como ninguna otra en el país, esta ciudad y sus órganos de gobierno han mostrado una enorme sensibilidad para responder a una sociedad civil fuerte, organizada y con una sólida conciencia sobre sus derechos. Por ello, es de elemental justicia hacer un reconocimiento a las y los diputados que integran la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya que este periodo ha sido uno de los más prolíficos y de mayor avance en la incorporación a la ley de nuevos derechos; en especial reconozco a la Diputada Alejandra Barrales —Presidenta de la Comision de Gobierno— y al Diputado David Razu, —Presidente de la Comision de Derechos Humanos, ambas de ese órgano legislativo— por esos logros. Al Tribunal Superior de Justicia y a su titular, doctor Edgar Elías, hay que reconocerles también la actitud de colaboración con esta Comisión, así como para apoyar a su Centro de Capacitación y a su Dirección de Derechos Humanos, áreas cuyos esfuerzos tarde o temprano redundarán en un cambio de actitud de jueces y magistrados hacia los derechos humanos. Y desde luego, a las y los servidores públicos del gobierno de la ciudad que ponen todo su empeño para introyectar y difundir el valor de los derechos como eje de la política pública. Muy especialmente, agradezco al doctor Armando Ahued, Secretario de Salud y al doctor Manuel Mondragón, Secretario de Seguridad Publica, por su actitud frente a las Recomendaciones y su apoyo a esta Comision. No me queda duda de que todos estos esfuerzos implican cambios que en la vida diaria son ya, garantía de inclusión para millones de personas quienes, por sus identidades, por sus valores o por sus estilos de vida, son estigmatizadas y excluidas en otros lugares de la República.
En contraste, el trabajo de esta Comisión da cuenta de otros miles, ciudadanas y ciudadanos que habitan o transitan esta ciudad, que son victimizados por autoridades del Distrito Federal. Por ello, cabe recordar que un gobierno democrático no sólo es el que promueve los derechos, sino aquel que reconoce cuando los viola y que se compromete con la reparación integral de los daños a las víctimas. Seguro estoy de que esta ciudad tiene todo para que, con respeto y compromiso, sus órganos de gobierno, esta Comisión y la sociedad del Distrito Federal avancemos juntos en la construcción de una efectiva cultura de derechos.
Y es esa certeza la que nos obliga a solicitar que el Ejecutivo local encabece, junto con su gabinete, un cambio de actitud respecto de este órgano constitucional autónomo, sin otra finalidad que la de dejar sentando que nuestra labor obedece a nuestro mandato, con el único interés de representar a las víctimas, —víctimas de Estado— buscar que se las resarza y que se enmiende lo necesario para que los actos que les victimizaron no vuelvan a ocurrir. A unos meses de que se cumpla el final del sexenio, queda tiempo para demostrar que el interés que el gobierno de la ciudad ha explicitado por consolidar un régimen de derechos, puede transmitirse también a todos quienes integran el servicio público e irradiar hacia los otros órganos de gobierno de la ciudad. Fortalecer a la Comisión y respetar su autonomía es muestra de vanguardia política, y de compromiso con los derechos de todas y de todos.
Muchas gracias.
