Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 168/2012
6 de mayo de 2012
• Participa el Quinto Visitador de la CDHDF, Luis Jiménez Bueno, en elForo temático Trabajo digno para las Trabajadoras del Hogar
México presenta un rezago en la protección a los derechos de las trabajadoras del hogar, con un marco jurídico restrictivo y las visiones de los jueces, que contrastan con los compromisos asumidos a nivel internacional y de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, advirtió el Quinto Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis Jiménez Bueno.
Durante su participación en el Foro temático: Trabajo digno para las Trabajadoras del Hogar, dijo que aunque la mencionada Reforma, aprobada en junio de 2011, reconoce los instrumentos internacionales como parte del cuerpo jurídico nacional, la Ley Federal del Trabajo sólo hace referencia a esta actividad en tres Artículos de un único capítulo.
“No hay certeza jurídica sobre exactamente a qué se tiene derecho, porque no dice por cuánto tiempo ni con qué periodicidad se otorgan los periodos de descanso y las vacaciones, por ejemplo, colocando a las trabajadoras en una situación de desventaja con relación a su contratante. Si no se explica claramente, si no está enunciado en la ley, pues entonces no sé de qué me estás hablando, porque fácilmente las prestaciones quedan a interpretación y juicio de la otra persona”, explicó.
Durante su participación en el Panel 1: Acciones locales para la revalorización de las trabajadoras del hogar, se refirió a “La Reforma Constitucional y la protección de los derechos humanos laborales de las personas Trabajadoras del Hogar” y señaló que en México hay poco más de 2 millones 19 mil personas que realizan trabajo del hogar, lo que significa casi 5% de la población empleada.
Agregó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del INEGI, de los poco más de 43 millones 809 mil personas ocupadas en México, de los 2 millones 19 mil trabajadores del hogar, un millón 824 mil son mujeres y 195 mil 212, quienes laboran en la modalidad “de planta” en 11.8% de los casos, en tanto “de entrada por salida” lo hace la gran mayoría, con 88.2%.
Jiménez Bueno dijo que tan sólo por el número de personas que se desempeñan como trabajadores del hogar, el Estado mexicano a través de sus instituciones, está obligado a reconocer y a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos laborales e instó a erradicar la jurisprudencia derivada de los juicios de amparo que incluso resultan más restrictivos y desventajosos para las trabajadoras que han exigido sus derechos laborales.
Al dirigirse a las trabajadoras del hogar asistentes al Foro, insistió en que: “No pueden ser obligadas a hacer algo contrario a lo que han pactado, tienen derecho al respeto a su dignidad; no por el hecho de estar recibiendo una paga por estar haciendo un trabajo, las pueden tratar con la punta del pie, nombrar de manera peyorativa, hostigarlas y violentarlas sexualmente. Ustedes están en condiciones de decir por cuánto dinero están dispuestas a realizar trabajo del hogar”.
Dijo que la Quinta Visitaduría de la CDHDF, que recién comenzó a operar en febrero pasado, tiene la facultad para intervenir en casos laborales, cuando las autoridades responsables de informarles y defenderlas no atienden debida y claramente a las trabajadoras que acuden a defender sus derechos, en este caso a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
El Foro temático Trabajo Digno para las Trabajadoras del Hogar” se realizó en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, en el que participó también la Directora General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Beatriz Santamaría Monjaraz, quien habló de “Acciones intersectoriales a favor del Trabajo Digno en la ciudad de México”.
Recordó que fue a través de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) que se instituyó el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con la intención de colocar en la agenda pública la situación de discriminación sistemática a que se ven expuestas.
