sábado , 4 febrero 2023

Coinciden Organizaciones Civiles en la criminalización institucional de las y los jóvenes capitalinos: “el símil a nivel nacional es acusarlos de terroristas”

Boletín 119/2012
29 de marzo de 2012

  • Urgen a atender marco normativo propuesto en la Recomendación sobre el Caso New’s Divine para una política integral para poblaciones juveniles en la ciudad

Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) coincidieron en señalar la política de criminalización institucional en el Distrito Federal hacia las poblaciones juveniles que, de acuerdo a su análisis, los asimila a “terroristas”.

En la conferencia de prensa sobre “El uso desproporcionado del sistema penal contra las y los jóvenes”, el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, urgió a atender al respectivo marco normativo propuesto en la Recomendación 11/2008 sobre el Caso New’s Divine.

Agregó que los puntos recomendatorios contenidos en ese instrumento, relativos a la política pública integral de atención a las poblaciones juveniles, no han sido atendidos y urgen a una modificación estructural que en síntesis propone el diálogo y el acompañamiento social e institucional desde con las y los jóvenes y adolescentes.

Señaló que la ambigüedad de la figura “ataques a la paz pública” se aplica actualmente en el Distrito Federal en sentido contrario al espíritu de la Recomendación 11/2008, así como a los principios internacionales en materia de jóvenes, ignorando el contexto de violencia en el que se desarrollan y considerándolos de entrada como individuos propensos a la violencia.

“¿Cómo se castigaría entonces a quienes con toda premeditación y por otras causas incendiaron el Casino Royale o a quienes han hecho lo mismo en contra de las redacciones de diversos medios en las entidades del país?”, cuestionó Sauri Suárez, en referencia al caso de los jóvenes involucrados en una riña suscitada en la estación del Metro Santa Anita, en febrero pasado,  quienes fueron acusados por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, por el que podría ameritar una sentencia de 5 a 30 años de prisión.

Dijo que no puede establecerse un piso tan alto para castigar conductas como la de la pugna entre grupos de jóvenes, como la que llevó a cuatro jóvenes involucrados en un disturbio que tuvo lugar en un estadio deportivo fueron consignados ante el Ministerio Público.

En tanto, la Consejera de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, se pronunció porque la sociedad en general no continúe tolerando la criminalización y la política de mano dura en contra de las y los jóvenes en la ciudad, luego de que más de 85% de las personas de entre 19 y 29 años consideran que no están siendo protegidas por las policías, además de que 75% de la población general considera peligroso que las y los jóvenes se reúnan en las calles y es motivo para llamar a la policía.

Dijo que las y los jóvenes representan más de un cuarto de la población, que representan a unos 36 millones de personas que atraviesan situaciones a las que las autoridades están siendo omisas e incluso criminalizándolas en lugar de protegerlas, de manera individual y también colectiva.

Recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó ya sobre la informalidad económica que alcanza a 60% de las y los jóvenes mexicanos, que una tercera parte está en el desempleo, intensificado en la misma medida de su nivel académico, además de que cada día mil 800 jóvenes de entre 15 y 24 años abandonan la escuela, factores que contextualizan a las juventudes y que están siendo ignoradas por las autoridades.

La política criminalizadora que considera que cuando hay más de un joven es terrorismo y más de dos es pandillerismo, agregó la Consejera de la CDHDF, se contradice o ignora las propias encuestas oficiales que dan cuenta de que más de 40% de las y los jóvenes considera a las calles, esquinas y vecindarios como un punto de reunión entre pares.

Lamentó que la aprobación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, reglamentaria del Artículo 18 Constitucional, llegue con seis años de retraso, además de que las medidas punitivas continúan siendo altas y sin considerar el contexto de las y los jóvenes, las ofertas educativa, laboral y para su recreación: “Que no existen ni en esta ciudad ni en todo el país”.

Por su parte, la ex-Consejera de la CDHDF, Clara Jusidman, señaló que la ciudad de México carece de una política preventiva progresista, así como de una política pública integral en materia de juventudes, principalmente las más desfavorecidas y que ha preferido su criminalización y los somete a procesos judiciales que los condenan a una vida cada vez más deteriorada.

La también Presidenta Honoraria de INCIDE Social, dijo que su organización está sorprendida de que el Gobierno del Distrito Federal (GDF), que ha impulsado políticas progresistas y de avanzada para las mujeres y los adultos mayores, por ejemplo, y que en el caso de las y los jóvenes no sea así.

“Vemos todo lo contrario: una política que criminaliza y discrimina particularmente a los jóvenes que viven en zonas pobres; se les reducen los espacios para su convivencia e identificación colectiva, para poder encontrarse con otras y otros jóvenes, que es una necesidad en esa etapa de sus vidas”, advirtió.

El Gobierno capitalino está reduciendo esos espacios y no se abre a la posibilidad de mesas de concertación y de diálogo con quienes están en algún tipo de conflicto con otros grupos.

En su intervención, el Director General de Cauce Ciudadano, A.C., Carlos Cruz Santiago, expresó su preocupación por los hechos que el domingo pasado derivaron en la consignación de cuatro jóvenes ante el Ministerio Público y de que puedan ser acusados también del delito de ataques a la paz publica, como una manifestación de la política de mano dura en medio del proceso electoral.

Se pronunció porque los mecanismos de mediación de conflictos establecidos en la pasada administración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no se sigan aplicando, contraviniendo incluso las respectivas líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

De igual forma, agregó, preocupa que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) solape esa postura de la Procuraduría y mantenga bajo proceso a los jóvenes, cuando el delito por el que se les acusa es de una magnitud tan severa, al equipararlos a terroristas.

“Demandamos a las autoridades Ministeriales, de Seguridad Publica, así como a las y los Jueces, a respetar el debido proceso al que tienen derecho las y los indiciados, así como a respetar las medidas especiales establecidas en las Convenciones y Tratados Internacionales sobre los Derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas jóvenes”, reiteró.

Finalmente, se pronunció por establecer mesas de trabajo y diálogo de las autoridades con los grupos de jóvenes organizados, con el acompañamiento de la CDHDF y de las OSC, por dar cumplimiento al punto seis de la Recomendación 11/2008, sobre la creación de un cuerpo policial mixto especializado en intervención con jóvenes y en la resolución no violenta de conflictos.

En la conferencia también estuvo presente el abogado de Cauce Ciudadano, A.C., Armando Barrera.