Boletín 117/2012
27 de marzo de 2012
- Llaman a impulsar una ley de defensoras y defensores de derechos humanos que tenga por objeto protegerlos.
- Ciudad de México, segunda entidad federativa con mayor número de agresiones a defensoras y defensores: informe de la OACNUDH.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, aseveró que una de las amenazas más importantes que recaen sobre defensoras y defensores de derechos humanos es la de su criminalización.
Al encabezar la presentación del “Informe Especial sobre el Derecho Humano a Defender Derechos Humanos en la Ciudad de México 2011”, elaborado por la CDHDF y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), detalló que el trabajo de defender derechos es riesgoso, debido a que el contexto que se ha construido en los últimos seis u ocho meses es de suyo adverso.
“Ya calificarse como defensor o defensora en un contexto como el que estamos viviendo en el país, en el que son frecuentemente criminalizados y descalificados, ya es un acto de valentía”, sentenció.
De ahí la necesidad, agregó, de que las organizaciones de derechos humanos les brinden protección inmediata y busquen los mecanismos para que esa protección se les dé desde las instituciones que tienen esa encomienda.
El Ombudsman capitalino dijo que si bien es cierto que la mayor parte de las agresiones que les ocurren en la ciudad no tienen que ver con el Gobierno capitalino, sino con otras administraciones estatales o federales, también es cierto que se incrementaron las quejas que recibió la Comisión en 2011 con respecto al 2010.
Dejó en claro que el rol de la CDHDF es tener una vocación ciudadana. “Tenemos clarísimo que una institución como esta, que es una institución del Estado desde luego, pero que tiene que servir para empoderar a las personas”, concluyó.
Por su parte, el Subsecretario de Gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, anunció que próximamente la administración local elaborará un diagnóstico sobre la situación que enfrentan defensoras y defensores de derechos humanos en la ciudad, y posteriormente se incluirá un capítulo en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el derecho a defender los derechos.
Además, aseguró que antes de finalizar el actual gobierno capitalino se inaugurará un espacio cultural que se conocerá como “La Casa de la Defensa de los Derechos y los Periodistas”.
A su vez, el Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, AC, Miguel Concha Malo, afirmó que en el país se vive un clima de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, en el que casi cada tercer día se presenta un caso de violencia en su contra.
Advirtió que ante este clima de violencia e impunidad, en el Distrito Federal se han incrementado los ataques no sólo contra sus habitantes que exigen sus derechos, sino en contra de las y los defensores que se han refugiado en ella, como es el caso de Norma Andrade.
“Aunque en la ciudad no son tan visibles, publicitados o frecuentes los actos de violencia contra las personas defensoras como en otras entidades de la República, sí existen diversas acciones u omisiones cometidas por las instancias del gobierno que las colocan en una situación de vulnerabilidad y riesgo”, subrayó.
Ante este contexto, Concha Malo exhortó a impulsar una ley que contemple los derechos transversales que la propia defensa de los derechos humanos implica; difundir el derecho a defender los derechos ciudadanos; e investigar los casos de agresiones de manera efectiva.
Así como implementar políticas públicas específicas que atiendan esta problemática como es el caso de incluir un capítulo en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y generar programas de protección especializada para las personas defensoras de los derechos.
Igualmente, el Coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, ACUDDEH, AC, Alejandro Cerezo, expresó la necesidad de impulsar una ley de defensoras y defensores de derechos humanos que tenga por objeto protegerlos.
“La ventaja de crear un marco jurídico es que le brinda una mayor capacidad y competencia para actuar; recursos presupuestales, materiales y humanos adecuados para el eficaz cumplimiento de protegerlos y capacidad en toma de decisiones ante situaciones de riesgo”, enfatizó.
En tanto, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, Luisa Pérez Escobedo, comentó que de acuerdo con el Informe Temática de la Oficina de 2009, la ciudad de México era la segunda entidad federativa con mayor número de agresiones a defensoras y defensores.
“Esto puede sonar paradójico o contrario a la imagen que cualquier defensora o defensora tiene respecto a que el Distrito Federal puede llegar a ser una especie de burbuja de protección, pero nosotros en 2009 lo señalamos como la segunda entidad con mayor número de agresiones”, puntualizó.
Por lo anterior, exhortó a contar con una base de datos que pueda contabilizar todas las agresiones que se denuncian para tener un mayor acercamiento a este lamentable fenómeno.
En su oportunidad, la Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, AC, Agnieska Raczynska, aseveró que lo que exigen las y los defensores a las autoridades es salvaguardar su derecho a la seguridad para realizar su labor, el cual catalogó de alto riesgo.
En ese sentido, criticó el hecho de que autoridades del más alto nivel, como Secretarios de Estado o Gobernadores, desprestigien el trabajo de las y los defensores con “declaraciones que vulneran su labor y su seguridad”.
Entre las organizaciones que participaron en la elaboración del presente informe se encuentran Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, AC; Católicas por el Derechos a Decidir, AC; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC; el Colectivo Construyendo Resistencia; el Comité de Derechos Humanos Ajusco; Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social, AC; Protección Desk México y la Red por los Derechos de la Infancia en México.