miércoles , 1 febrero 2023

CDHDF urge a las autoridades a localizar a campesinos ecologistas de Guerrero, a dos meses de su desaparición.

Boletín 69/2012
21 de febrero de 2012

•             La demora en las investigaciones limita la posibilidad de hallarlos sin daños en su integridad

A poco más de dos meses de la desaparición forzada de Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán A.C., la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su preocupación por los escasos resultados en las investigaciones para localizarlos.

Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, quienes también forman parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fueron secuestrados por un grupo armado que los interceptó en Tecpan de Galeana cuando se dirigían a la ciudad de México, a principios de diciembre pasado.

La CDHDF subraya que en los casos de desaparición forzada y secuestro la demora es un factor que afecta la posibilidad de hallar o liberar a las personas, pues el paso del tiempo consume la probabilidad de encontrarles sin daños a su integridad, mientras que para sus familiares la tardanza alimenta la angustia e incertidumbre.

Por ello, la celeridad con que actúen las autoridades para localizar a las personas y la eficiencia para investigar incide de manera decisiva en la confianza en las instituciones y compromiso para abatir la impunidad.

Cabe mencionar que la Procuraduría General de la República (PGR) desmintió que los cuerpos encontrados el pasado fin de semana en Guerrero correspondieran a las personas desaparecidas.

En este contexto, la CDHDF condena los hechos que vulneran la labor e integridad de quienes defienden derechos humanos y hace un llamado a las autoridades responsables de las investigaciones para localizar con vida a los miembros de dicha organización campesina.

El Estado mexicano debe ofrecer garantías suficientes para quienes defienden derechos humanos. La impunidad que rodea los casos recientes de agresiones, homicidios y desapariciones en perjuicio de estas personas es un factor que merma la confianza ciudadana en las autoridades y limita gravemente el ejercicio de los derechos, además de contravenir la vocación del Estado democrático de derecho de lograr una sociedad justa, libre y en paz.