Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 14/2012
12 de enero de 2012
Este Organismo solicita se investigue y se deslinden responsabilidades de las autoridades involucradas en todos sus niveles.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) deplora el uso de la violencia y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron migrantes guatemaltecos el pasado 9 de enero, cuando fueron desalojados de un refugio en Tenosique, Tabasco, por parte de autoridades federales y estatales.
Cabe destacar que el grupo personas migrantes fue desplazado de manera forzada de la comunidad de Nueva Esperanza de Petén, Guatemala, por lo que se encontraba asentado en la línea fronteriza con México desde el pasado 23 de agosto de 2011.
La madrugada del 9 de enero, a decir de las víctimas, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de instancias de seguridad federal y estatal comenzaron a desmantelar el refugio e intentaron persuadir a las y los integrantes de la comunidad para que subiera a unos autobuses; sin embargo, cuando la gente se resistió, las autoridades utilizaron la fuerza contra algunos de ellos.
Cuando algunos de las y los migrantes guatemaltecos decidieron huir de regreso a su país, los policías comenzaron a detener a niñas y niños, obligando así a sus padres y madres a abordar los autobuses.
Después de tres días de detención, las autoridades migratorias mexicanas deportaron anoche a Guatemala a 70 personas, entre los que se encontraban 45 infantes.
La CDHDF considera que este hecho que se suma a una serie de violaciones recurrentes de las que son objetos las personas inmigrantes que cruzan por nuestro país, por parte de las mismas autoridades mexicanas y que dichas acciones atentan contra el bien superior de las y los niños, reconocido en la Constitución y por las Directrices para la Determinación del Interés Superior del Menor emitidas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
Dichas directrices señalan que el Estado no debe bajo ningún motivo, separar a las y los niños de sus padres, a menos que estén en riesgo o bien, que se encuentren en una situación que afecte sus usos y costumbres. Dichas medidas consideran que el Estado es responsable por la integridad psico-física de las y los niños de migrantes que se encuentren bajo su jurisdicción.
La CDHDF considera que estos hechos atentan contra la unidad familiar, así como contra la integridad física de todas y todos los integrantes de dicha comunidad, por lo que solicita se investigue y se deslinden responsabilidades de las autoridades involucradas en todos sus niveles.
