Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 04/2011
14 de abril de 2011
Saludo
Diputadas y Diputados a la V Legislatura de la Asamblea del Distrito Federal; distinguidas invitadas e invitados especiales, muy buenos días a todas y todos.
Fundamento y objeto de la comparecencia
Comparezco hoy para informar la situación de los derechos humanos en la ciudad y lo realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre del 2010. No tengo duda de que este ejercicio autónomo de rendición de cuentas incidirá positivamente en el fortalecimiento de nuestro régimen democrático y en la protección de los derechos humanos.
Consejo
Agradezco la presencia de las y los consejeros de la Comisión, que acuden en representación de nuestro Consejo. Mercedes Barquet, Santiago Corcuéra, Denise Dresser, Manuel Fuentes, Patricia Galeana, Angeles González Gamio, Clara Jusidman, Ernesto López Portillo, Carlos Ríos y José Woldernberg desempeñaron en 2010 un papel fundamental como garantes de la autoridad moral de la Comisión y como fuente de legitimidad de las decisiones del Ombudsman.
Programa de Derechos Humanos. Situación
2010 fue escenario de importantes avances en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal: se instaló el Mecanismo de Evaluación y Seguimiento, cuyos equipos, Técnico Operativo y Orientador sobre la Implementación, constataron las dificultades de dar seguimiento a los compromisos asumidos por las entidades implementadoras y acompañaron su proceso de fortalecimiento. En coordinación con el Gobierno de la ciudad, la Asamblea, el Tribunal Superior de Justicia, organizaciones de la sociedad civil y la academia, con la observación de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión fungió como Secretaría del Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa. Desde ahí, colaboramos en la preparación y debates ocurridos en los espacios de participación, mesas de implementación, así como en la discusión que a la postre dio lugar a la iniciativa de Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, aprobada por ustedes en la presente legislatura.
Programa de Derechos Humanos. Pendientes
Sin duda, el Programa y ahora también su Ley, colocan a la ciudad de México como el espacio mejor identificado en el país con un verdadero Estado de Derechos. Por eso, quiero recordar nuestra responsabilidad al convertir al Programa en el eje rector de la acción pública en el Distrito Federal, y también señalar la necesidad de que el Gobierno y la Asamblea impulsen mecanismos para garantizar la continuidad de este esfuerzo. Es importante trascender el discurso de las buenas intenciones y de lo políticamente correcto, para hacerse cargo de los pendientes que la realidad de una ciudad compleja, como la nuestra, revela en su acontecer cotidiano.
Resumen de actividades
Para nosotros, 2010 significó más de 113 mil personas atendidas, 38 mil servicios otorgados, 11 mil personas escuchadas, 9396 quejas iniciadas, casi 8 mil casos solucionados, doce Recomendaciones emitidas y cerca de 6 mil medidas cautelares dictadas. Trabajamos asimismo con más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, capacitamos a casi 3 mil servidoras y servidores públicos, e interactuamos con 18 mil niñas, niños y adolescentes. Todo este esfuerzo, que empodera personas, construye ciudadanía, genera sinergias y fortalece a la Comisión como ejemplo de institucionalidad democrática, se ha logrado, gracias al esfuerzo de mis compañeras y compañeros, no obstante que en los últimos 3 años no se ha incrementado, en términos reales, el presupuesto que nos ha sido asignado.
Núcleo Democracia. Situación
En lo que se refiere a la protección y garantía de derechos relacionados con la democracia, la Comisión registró 48% más quejas que en 2009. Éstas refirieron presuntas violaciones a los derechos de petición y pronta respuesta (430), igualdad ante la ley (109), derecho a la información (85), derecho de reunión (13) y derecho a la libre circulación (10). Las autoridades mayormente señaladas como responsables fueron la Secretaría de Gobierno (269), la Secretaría de Seguridad Pública (73) y la Procuraduría General de Justicia (52). En este núcleo fue emitida la recomendación dirigida al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal que documenta la violación a los derechos a la igualdad y no discriminación por motivos de salud de una trabajadora de ese centro educativo. Cabe resaltar que la autoridad no aceptó la reparación del daño.
Núcleo Democracia. Pendientes
Por el porcentaje de quejas en que se acreditó la violación y por el tipo de derechos violados, llama la atención que servidoras y servidores públicos continúen desatendiendo las solicitudes ciudadanas, obstaculicen el derecho a la información y ejerzan diversas formas de discriminación. Estas situaciones son si duda evitables, por lo que llama la atención que sigan ocurriendo. En el caso de la discriminación, no hay excusa; los más de cien asuntos que atendimos en 2010 exigen un compromiso serio con la sanción de quien discrimina.
En relación con los derechos de reunión y de libre tránsito, el problema debe ser atendido armonizando el aparente conflicto de derechos. En una frase: para que el espacio público sea de todos, es necesario que sea de nadie.
Núcleo Poblaciones. Situación
En lo que se refiere a los derechos de las poblaciones que configuran el crisol urbano, la Comisión recibió un 25% más quejas que en 2009. Las presuntas violaciones en este núcleo se refieren a los derechos de la niñez y la adolescencia (362), de las personas con discapacidad (150), de las personas adultas mayores (124), el derecho a una vida libre de violencia (116) y otros relacionados con las mujeres. Las autoridades más señaladas fueron, nuevamente, la Secretaría de Gobierno (269), la Secretaría de Seguridad Pública (73) y la Procuraduría General de Justicia (52). Cabe señalar que al menos dos quejas tuvieron que ser concluidas para proteger la integridad de las víctimas. En este rubro se emitió la recomendación 03/2010, debido a que se comprobó que una mujer, trabajadora de la Secretaría de Salud, fue víctima de acoso sexual en su centro de trabajo.
Núcleo Poblaciones. Pendientes
En materia de poblaciones, hay pendientes que el gobierno debe atender. Las y los jóvenes siguen siendo perseguidos y estigmatizados, destinatarios de políticas asistenciales, desarticuladas y sin perspectiva de derechos. Para las mujeres, el Distrito Federal sigue siendo el primer lugar en violencia comunitaria, y el primer lugar en violaciones a niñas y adolescentes. La situación de las personas con discapacidad se refleja en los obstáculos reales y simbólicos para la accesibilidad, y en actitudes patologizantes contrarias a la Convención de Naciones Unidas que protege sus derechos. La población adulta mayor sigue siendo excluida. No hemos superado el sectarismo ni el asistencialismo, por lo que debemos avanzar hacia una visión transversal y de derechos humanos que coloque en leyes, políticas y programas que son para todas y todos, los derechos de estas poblaciones, y en general de todas aquellas que han sido excluidas o estigmatizadas.
Seguridad Humana. Situación
En el rubro de seguridad humana, esta Comisión recibió 17% más quejas que en 2009. Ocho de cada diez se refirieron a presuntas violaciones al derecho a la salud (1765), las demás, a los derechos al agua (112), a un nivel de vida adecuado (98), al trabajo (72) y a la propiedad. Las autoridades mencionadas como responsables fueron la Secretaría de Salud (1218), la Secretaría de Gobierno (511) y la Secretaría de Medio Ambiente (115). Se emitieron cuatro Recomendaciones. La primera fue dirigida a las secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Protección Civil, al Sistema de Aguas de la ciudad y a la Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón, por violación a los derechos al agua y a un medio ambiente sano en agravio de habitantes de la Delegación Gustavo A. Madero.
La segunda se dirigió a la Secretaría de Gobierno y a la Oficialía Mayor, por la violación a los derechos a la cultura, al trabajo, a la seguridad jurídica y a una adecuada protección judicial, de personas dedicadas al trabajo no asalariado en vía pública. La recomendación no fue aceptada por el Oficial Mayor y lo fue parcialmente por la Secretaría de Gobierno. Sobre este asunto, es preciso informar que la Comisión ha constatado una actitud negligente y mal intencionada del Subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, Héctor Serrano Cortés, quien ha discriminado y estigmatizado a las personas peticionarias, y quien en reiteradas ocasiones ha obstaculizado la posibilidad de hallar una solución. Hacemos un llamado al Secretario de Gobierno, superior jerárquico de este servidor público, para que resuelva a la brevedad esta situación.
La tercera recomendación se refiere a la pérdida de la vida de una persona, a causa de negligencia de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Lamentamos que, no obstante la aceptación total de la recomendación por parte de la Procuraduría, la Secretaría de Salud se haya negado a dar parte del caso a su contraloría, y la Secretaría de Gobierno haya decidido no ofrecer una disculpa a las personas agraviadas. Sobre el particular, consideramos que regatear la reparación del daño es inaceptable.
La cuarta Recomendación emitida en este núcleo tiene que ver con la negativa a instalar un puente peatonal en la Delegación Venustiano Carranza. Ésta fue enviada a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Transportes y Vialidad y a la Delegación respectiva. A la fecha, ninguna autoridad ha entregado pruebas sustanciales de cumplimiento, por lo que la situación de riesgo persiste.
Seguridad Humana. Pendientes
Para la Comisión, el problema más serio en términos de seguridad humana se encuentra en el ámbito de la salud. Nuestros datos señalan que se obstaculiza el acceso a servicios hospitalarios, la atención especializada y la canalización oportuna. Pero, en 2010 surgieron también importantes cuestionamientos en torno a los proyectos de desarrollo urbano. Se han desobedecido normas que aseguran la participación ciudadana, la medición rigurosa de los impactos ambientales y la transparencia en temas de innegable interés público. El desencuentro entre el Gobierno y personas opositoras al proyecto denominado Supervía, documentado en la primera Recomendación de 2011, es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar si no se corrigen esos patrones.
(10:18) Núcleo Seguridad Pública y Sistema de justicia. Situación
Por otra parte, es preocupante que el ámbito que concentra las mayores y más graves violaciones a derechos humanos, siga siendo el de la seguridad pública y el sistema de justicia penal. En 2010, las quejas en este núcleo aumentaron 17%. La mayoría se refiere al sistema penitenciario (3069; 30.3%), seguida de quejas por presuntas violaciones a los derechos a la seguridad jurídica (2365; 23.3%), los derechos de las víctimas (1673; 16.5%), a la integridad personal (1121; 11%) y al debido proceso (958; 9.5%). Estas presuntas violaciones fueron atribuidas en su mayoría a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a la Procuraduría General de Justicia (2685 menciones) y a la Secretaría de Seguridad Pública (1056 menciones).
En el núcleo de seguridad y justicia se emitieron la mayoría de las recomendaciones: en total, seis. Estas Recomendaciones documentaron detenciones arbitrarias, obstáculos al debido proceso, la defensa adecuada, así como el uso desproporcionado de la fuerza. Ello se evidenció en los casos Valdés Larqué, Treviño Muguerza y Gámez Mogollón. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría han aceptado parcialmente estas recomendaciones, pero se han negado a ofrecer disculpas y a reconocer que estas prácticas tienen un carácter estructural.
Asimismo, hay que destacar la apremiante situación de los centros de reclusión, que constituyen un foco de alarma en materia de violaciones a los derechos humanos en el Distrito Federal: la primera Recomendación de 2010 se refirió a un caso de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de personas privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Marta Acatitla; la Recomendación 10/2010 documentó el caso de una persona interna, adulto mayor, a quien una jueza ordenó prisión preventiva domiciliaria, no obstante lo cual, la Secretaría de Gobierno hasta la fecha, le mantiene privado de la libertad. Finalmente, el gravísimo caso de trata de internas en el sistema penitenciario, que originó la Recomendación 04/2010 contra la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia. Por este caso hay sólo una persona sentenciada, otra está prófuga y ningún servidor o servidora pública del sistema penitenciario ha recibido sanción. La persona denunciante fue golpeada por custodias y vive bajo vigilancia permanente de la Comisión porque teme por su vida y por su integridad. Esta Recomendación y otros casos dejan ver que en las prisiones existen estructuras de poder que hacen posible todo tipo de mercados ilegales; que las y los internos están a merced de la violencia institucional; que hay personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas enfermas que podrían ser sujetas de alternativas a la prisión. No es exagerado afirmar que la situación de las cárceles es cada vez peor.
Seguridad Pública y Sistema de Justicia. Pendientes
El núcleo de seguridad pública y sistema de justicia es el que más derechos erosiona, porque no sólo afecta a las personas que tienen contacto directo con éste, sino a muchas otras que son víctimas indirectas de la violencia que ahí se produce; presenta retraso en la modernización de sus prácticas, procedimientos y actitudes; y también es, estructuralmente, el más opaco y proclive a la corrupción. Sorprende por ello, que la armonización con la reforma penal constitucional haya avanzado de manera tan lenta e ineficiente. Preocupa que se proponga la videograbación de juicios, cuando el problema está en el proceso; que se insista en que más gente encarcelada es un factor que disminuye la delincuencia, cuando la prisión ha potenciado nuevas formas de delinquir, y que se insista en leyes más severas, cuando, una sociedad centrada en los derechos no requiere mano dura, sino leyes más inteligentes.
Actitud de la autoridad frente a la CDHDF
En síntesis, en el 70% de las casi 8 mil quejas concluidas, se constataron violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de Gobierno –en especial la subsecretaría del sistema penitenciario–, así como la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, fueron las más señaladas. Las violaciones más acreditadas fueron contra los derechos de las personas privadas de la libertad, la seguridad jurídica, la salud, las víctimas, la integridad y el debido proceso. De las 12 Recomendaciones emitidas, nueve fueron parcialmente aceptadas y una rechazada. El Secretario de Gobierno aceptó parcialmente tres de siete Recomendaciones que recibió, el Procurador General de Justicia aceptó de manera parcial dos de cuatro, y los secretarios de Seguridad Pública y de Salud, aceptaron parcialmente una de las dos recibidas. El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal sólo recibió una Recomendación que aceptó parcialmente, y el Oficial Mayor también recibió sólo una Recomendación, que no aceptó, convirtiéndose en la única autoridad que en 2010 rechazó una Recomendación.
Vista a la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF
Aceptar, aceptar parcialmente o rechazar una Recomendación es prerrogativa de la autoridad, pero el diseño de protección a los derechos humanos en el Distrito Federal prevé que ello debe ser explicado ante esta Asamblea. Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de esta Soberanía citar a las y los servidores públicos a rendir cuenta de sus decisiones. En este acto, haré entrega de un reporte detallado del incumplimiento, las aceptaciones parciales y el rechazo de Recomendaciones, al Presidente de dicha Comisión para que se actúe conforme a la ley.
Reconozco que la colaboración con las autoridades fue, en la mayoría de los casos, fluida, pero es mi deber informar a esta Asamblea sobre las resistencias que frecuentemente enfrentamos en el sistema penitenciario y en el sistema de justicia para adolescentes. Asimismo, señalamos la actitud de algunas autoridades para cuestionar el mandato legal y la autoridad del Ombudsman, disputándole la competencia, interpretando a conveniencia sus Recomendaciones, aceptando a modo los puntos recomendatorios que no les confrontan con su condición de violadores de derechos humanos, negándose a la reparación del daño, y arguyendo posiciones jurídicas arcaicas, formalistas y contrarias a los derechos humanos. No debemos tolerar estas violaciones, ni consentir la impunidad de quienes las cometen.
Posicionamiento
Legisladoras y legisladores, no tengo duda de que la ciudad de México es vanguardia en el país y ejemplo de una ciudadanía cada vez más incluyente y empoderada.
El esfuerzo que se ha hecho desde los órganos de gobierno, los organismos autónomos y las jefaturas delegacionales, para generar un modelo de sinergia con la sociedad civil y con la academia, ha dado como resultado leyes, políticas y programas tendientes a lograr mayor equidad, más confianza y también mayor corresponsabilidad. El deber es preservar lo logrado. Por eso, que no haya duda: en la ciudad de México hay Ombudsman; y estoy seguro de que también diputadas y diputados sólidamente comprometidos con proteger y hacer respetar los derechos de todas y de todos.
Muchas gracias, quedo a sus ordenes.
