Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 56/2026
5 de agosto de 2026
En los últimos años, la Ciudad de México ha impulsado la expansión del transporte público eléctrico mediante sistemas como el Trolebús, el Cablebús y unidades eléctricas de transporte colectivo, al tiempo que ha experimentado un crecimiento significativo en el uso de vehículos eléctricos personales, como scooters, bicicletas y motocicletas.
La incorporación de estas nuevas formas de movilidad plantea desafíos en materia de seguridad vial, accesibilidad universal, convivencia entre distintos modos de transporte, uso democrático del espacio público y regulación de la circulación en banquetas, ciclovías y vialidades.
En este contexto, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), Justicia para Todxs y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) llevaron a cabo la Mesa de Diálogo «Derecho a la movilidad, seguridad vial y electromovilidad: retos para una ciudad más segura e incluyente».
El propósito del conversatorio fue generar un espacio de intercambio entre autoridades, academia y sociedad civil para analizar estos desafíos desde una perspectiva de derechos humanos y contribuir a la construcción de una ciudad más segura, accesible e incluyente.
En el Salón Digna Ochoa de la CDHCM, la representante de Justicia para Todxs, Evelyn Sánchez, señaló la necesidad de poner en el centro de las políticas públicas de movilidad los derechos del peatón a la vida y a la seguridad, pues en la Ciudad de México se realizan diariamente alrededor de 198 mil viajes en bicicleta.
En su participación, el integrante del Laboratorio de Movilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Antonio Suárez, aseguró que la bicicleta eléctrica es el vehículo más utilizado en México y a nivel mundial, y que la electromovilidad está generando una nueva forma de movilidad social.
La coordinadora de la iniciativa de Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety, Jessica Garduño Arredondo, subrayó que el problema no radica en que las personas usen o no vehículos de electromovilidad, sino en que se están registrando numerosas muertes y lesiones graves relacionadas con su uso, sin que existan cifras confiables al respecto.
El abogado de Relaciones Jurídicas de la empresa JET, Jorge González Orta, llamó a concebir la movilidad como un derecho humano y no únicamente como un tema de infraestructura, señalando que las personas deben ser el eje central de las políticas públicas en la materia.
La representante de la empresa Honey Whale México, Beatriz Almanza, indicó que el principal reto de una política pública de movilidad con enfoque de derechos humanos radica en la corresponsabilidad entre las personas usuarias y las empresas.
Por último, el Director de Seguridad Vial y Seguimiento de la Información de SEMOVI, Emmanuel Mejía León, señaló que encontrar consensos con organizaciones civiles, empresas de electromovilidad y academia es prioritario para la Secretaría de Movilidad, ya que el diálogo es lo que permite mejorar como ciudadanía.
Y la jefa de la Unidad de Normas Técnicas de la SEMOVI, Gimena Macías, señaló que las normas son perfectibles y pueden mejorarse a partir de la experiencia, y reiteró que la Secretaría mantiene sus puertas abiertas para conocer las opiniones de organizaciones y academia en la materia, con miras a continuar regulando este ámbito.
La CDHCM refrenda su compromiso de garantizar el derecho a la movilidad y de colocar en el centro la necesidad de proteger la seguridad de todas las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México.
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