Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 85/2025
30 de agosto de 2025
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Informe Temático Al presentar el Informe Temático “Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas”, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, subrayó que los hallazgos del documento deben traducirse en acciones operativas concretas para mejorar la manera en que se busca en la capital y en un trabajo interinstitucional coordinado para enfrentar con mayor eficacia esta problemática.
Explicó que este trabajo se construyó a partir del análisis de 34 expedientes, más uno adicional, tramitados ante la Comisión por casos de desaparición ocurridos entre 2017 y 2024. “Las personas llegan aquí como último recurso”, subrayó, lo que evidencia las fallas estructurales que persisten en los mecanismos institucionales y que limitan el acceso a la justicia, la verdad y la reparación.
La Ombudsperson capitalina expuso algunos de los hallazgos del análisis desarrollado, entre los cuales destaca que en 6 de cada 10 casos no se aplicó una entrevista inicial, conforme a la información que debe recabarse de acuerdo con lo establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda.
En lo relativo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el 44% de los casos no fueron inscritos. Además, en 13 expedientes que sí se registraron, la inscripción se realizó con un retraso de entre cuatro meses y hasta cinco años después de presentada la denuncia de desaparición. Solo en 3 de cada 10 casos se efectuaron acciones de búsqueda inmediata que permitieron obtener indicios relevantes. Asimismo, en el 97% de los casos las investigaciones ministeriales se integraron sin un plan de investigación que orientara las diligencias. De igual forma, solo en el 26 % de los casos la información aportada por las familias fue tomada en cuenta por la autoridad ministerial, en tanto que en el 73 % restante fue ignorada o considerada de manera tardía.
De los expedientes revisados, en 32% no se asignó asesor jurídico público, en 41% sí se asignó y en 27% se asignó hasta que se inició un expediente en la CDHCM.
Ramírez Hernández subrayó que el análisis de contexto es clave para construir hipótesis de búsqueda sólidas, identificar patrones delictivos y comprender condiciones de riesgo para las víctimas directas e indirectas. En 61% de casos, se documentó que la autoridad no realizó ningún tipo de análisis de contexto.
Para los casos de localización de personas se revisaron 35 expedientes, 90% fueron localizadas sin vida y 10% localizadas con vida; en el 81% de estos casos estas personas fueron localizadas por las mismas familias y colectivos.
La Defensora explicó que el Informe precisa, desarrolla y fundamenta el concepto de desaparición administrativa, “esta es la que se origina por la intervención directa de las autoridades, de forma inintencionada, que provoca la imposibilidad de localizar a una persona o prolonga su desaparición a partir de una serie de actos, omisiones y negligencias”.
Resaltó que la importancia de esta conceptualización radica en que permite nombrar y visibilizar una práctica que hasta ahora había permanecido difusa, y que afecta directamente a las familias en su derecho a ser buscadas y a la verdad. Al desarrollar estándares claros sobre la desaparición administrativa, el Informe abre la puerta a que las instituciones reconozcan y corrijan fallas estructurales, evitando que actos u omisiones de carácter burocrático se conviertan en factores que causen o prolonguen la desaparición.
“De los 11 casos en que se logró la localización de las personas desaparecidas, preocupa que en el 45.5% de ellos al menos una autoridad tuvo contacto directo con las personas cuando aún estaba con vida mientras permanecía oficialmente desaparecida”.
Finalmente, destacó que el Informe plantea ejes de acción que se articulan con la estrategia de búsqueda recientemente anunciada en la Ciudad de México, aportando pautas operativas concretas para transformar las prácticas institucionales. Entre ellas, la mejora en los registros y su interoperabilidad, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el impulso a acciones más eficaces de búsqueda, investigación y atención a las víctimas, así como propuestas específicas para la identificación forense y el resguardo y trato digno de cuerpos. Con estas recomendaciones, la Comisión busca ofrecer herramientas prácticas para cerrar las brechas estructurales que hoy limitan la efectividad en la búsqueda.
La Presidenta de la CDHCM puntualizó que “lo importante es que se aprenda, que se construya y que no se repita, son casos donde ya están reconocidas las fallas”. Enfatizó que los hallazgos del Informe no se quedan en un diagnóstico, sino que constituyen un llamado a corregir fallas estructurales y a garantizar que cada búsqueda sea efectiva, con resultados y bajo los más altos estándares de derechos humanos.
En su participación, Nuriney Mendoza Aguilar, Directora General de Quejas y Atención Integral de la CDHCM, sostuvo que el hablar de la magnitud de las desapariciones de personas en México no se puede limitar a un análisis nacional, ya que en la Ciudad de México el registro supera las 5 mil personas. “La lectura de esta cifra se vuelven aún más sensible cuando analizamos a los grupos de población afectados”.
En este contexto, precisó que entre las personas menores de 18 años el 57% de los reportes corresponden a niñas y adolescentes, lo que muestra un impacto diferenciado por género en edades tempranas, además, las y los jóvenes entre 15 y 19 años constituyen el grupo etario con mayor número de reportes en lo que sitúa la adolescencia como un periodo crítico de riesgo.
En el caso particular de las mujeres, la vulnerabilidad aún es más marcada; el 37.6% de los registros de desaparición de mujeres se encuentran en los rangos de 10 a 19 años de edad, es decir, casi 4 de cada 10 casos.
Apuntó que este fenómeno demanda un compromiso político y operativo de articulación interinstitucional. “Este Informe no es únicamente un diagnóstico, es sobre todo una hoja de ruta, un llamado a transformar la manera en que se concibe y se implementa la búsqueda, a colocar a las personas desaparecidas y a sus familias en el centro y a entender que garantizar el derecho a ser buscada es una condición indispensable para la vigencia del resto de los derechos”. Enfatizó, además, que “no podemos permitir que la búsqueda se diluya en la burocracia”.
El Comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, manifestó que esta agenda tiene que ver con la responsabilidad de todas las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México para que cualquier persona que se encuentra en una condición que le impide volver por su propio pie a casa, con corresponsabilidad de las autoridades, ayudarla y dar certeza a sus familiares.
Reconoció las aportaciones del Informe Temático de la CDHCM, al señalar que “estamos ante un momento histórico en el sentido del reconocimiento, completo, interinstitucional, integral, de estas faltas y omisiones, pero también de asumir esta responsabilidad entre instituciones y dar un paso hacia adelante en la búsqueda de personas desaparecidas”.
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