Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 66/2025
6 de julio de 2025
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En pronunciamiento Marta Santos Pais, Rosa María Ortiz, Sara Oviedo, Norberto Liwski, Jorge Cardona, Marta Maurás, José Ángel Rodríguez, Yanghee Lee y Luis Pedernera advierten de narrativas criminalizantes hacia las juventudes.
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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) se suma a la preocupación por las reformas legales y discursos institucionales en países de América Latina y el Caribe, que atentan contra el sistema de justicia penal juvenil especializado.
Tal y como lo advirtieron expertas y expertos en materia de infancia, así como ex integrantes del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
A través de un pronunciamiento, que hace suyo este Organismo, señalaron un avance preocupante de medidas regresivas en varios países de la región (Perú, Ecuador, El Salvador, Honduras, Argentina, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Panamá), que representan una ruptura con el régimen especializado que exige la Convención sobre los Derechos del Niño.
A decir de las y los especialistas, dichas medidas refuerzan una narrativa de criminalización de las juventudes.
La represión punitiva, en América Latina y El Caribe, no puede ser la respuesta a los fracasos del Estado en garantizar derechos como educación, salud, empleo digno o protección frente al reclutamiento por redes delictivas.
De acuerdo con los ex integrantes del Comité de los Derechos del Niño, la Convención establece claramente que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible; el objetivo del sistema debe ser la reintegración social.
En su llamado, advierten que la reducción de la edad penal o la asimilación al sistema adulto no sólo vulneran este marco jurídico, sino que incrementan el riesgo de tortura, tratos crueles, violencia sexual, estigmatización y reincidencia, afectando gravemente el proyecto de vida de adolescentes y comunidades enteras.
La CDHCM refrenda su apoyo al exhorto para que los Estados de la región se abstengan de adoptar o mantener reformas punitivas regresivas, y a derogar aquellas ya aprobadas que contradicen sus obligaciones internacionales.
Cómo bien lo señalaron: La seguridad sostenible no se construye con más castigo a las y los adolescentes en conflicto con la ley, sino con más justicia social.
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