Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 68/2025
9 de julio de 2025
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Fotos del evento La Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, destacó que la planeación y diseño territorial en la Ciudad de México requiere de tomar en cuenta las necesidades y opiniones de las infancias y adolescencias, ya que es una responsabilidad institucional y de toda la sociedad.
Lo anterior, durante su participación en la Mesa 3: “Ciudad y Derechos en la planeación participativa”, del Foro Capital Metrópolis “Derechos Humanos y derecho a la ciudad en la planeación del desarrollo”, convocado por el Instituto de Planeación Democrática de la Ciudad de México (IPDP) y este Organismo.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) consideró necesario repensar cómo es una ciudad para las infancias y las adolescencias, a partir del Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que el 25% de los habitantes de esta capital, pertenecen a este grupo de población, sin contar a niñas y niños que transitan por ella.
Sostuvo que niñas, niños y adolescentes (NNyA) a nivel global no son escuchados y por tanto se ignora cómo viven su ciudad o cómo la quieren: “No los volteamos a ver, a pesar de ser un número importante de personas que requieren atención prioritaria”.
En ese contexto expuso que para incentivar su participación en los procesos de planeación la CDHCM ha llevado a cabo cinco ejercicios de opinión con NNyA: Infancias Encerradas (2020), Caminito de la Escuela (2021), ¿Me escuchas? (2022), Opiniones sobre la violencia entre pares en primaria y secundaria (2023) y la más reciente, Planeando ando (2025).
Respecto a la última consulta, dijo, se escucharon las voces de niñas, niños y adolescentes sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, a partir de sus cuatro ejes: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, Desarrollo con bienestar y humanismo, Economía moral y trabajo, y Desarrollo sustentable.
Ramírez Hernández indicó que participaron cerca de 4 mil NNyA y los resultados les fueron devueltos en 69 actividades en las escuelas donde se levantó la consulta.
En relación al derecho a la ciudad, se analizó el eje de Ciudad Segura, donde expresaron aspectos de convivencia y buen trato, seguridad pública, vida libre de violencias y atención a los problemas sociales. En cuanto a Ciudad Habitable, opinaron sobre gestión de recursos y reciclaje, protección de espacios naturales, así como regulación y vigilancia, entre otros.
La Presidenta de la CDHCM enfatizó que “hoy estamos planeando en la Ciudad para lo que vamos hacer mañana, pero sobre todo para lo que estas generaciones van a vivir y disfrutar en los próximos 10 o 15 años”.
En su oportunidad, Jaime Rello Gómez, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), destacó la función social del territorio y su diversidad, más allá la propiedad, porque actualmente hay una disputa por la ciudad entre la visión de derechos humanos y otra de mercancía.
Consideró que en el centro de la ciudad el problema es el capital inmobiliario y financiero. Hay una defensa de los derechos, porque lo único que quieren es construcción y ganancia. En los 90 se observó la expansión de la ciudad a partir de la construcción de miles de viviendas que ahora están inhabitadas; contrario a ese proceso, hoy se habla de ciudad “compacta” o “inteligente”, donde haya todos los servicios: en síntesis, la privatización.
La investigadora Lucía Álvarez Enríquez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), remarcó que la participación requiere ser reconocida y ejercida como un derecho: no es una dádiva, ni una oportunidad ocasional. Un derecho orientado a la construcción de ciudadanía.
En la era de los despojos, expulsiones e invasiones, apuntó que las personas tienen derecho a ser parte de la ciudad y permanecer en ella; al desarrollo a través del acceso a los recursos y bienes urbanos en condiciones de equidad; además de tomar parte en las decisiones públicas y en la definición del propio proyecto de ciudad.
En tanto, la investigadora Priscilla Connolly Dietrichsen, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, señaló que la planeación territorial permite la identificación de problemas; no obstante, se tiene un mayor impacto en el ámbito privado, que en el público. Apuntó que es necesario un control inmobiliario para disminuir las “injusticias espaciales”, de acuerdo con la zonificación de la ciudad.
El investigador Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que no sólo es necesaria, conveniente y útil, sino obligatoria, la exigencia jurídica constitucional -del más alto nivel- de que la planeación se realice con fundamento en los derechos humanos; no es una concesión de los gobiernos progresistas.
La moderación de la Mesa 3 estuvo a cargo del historiador y luchador social Alejandro Luévano, quien indicó que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata que todo ejercicio de planeación en esta capital debe estar guiado por el respeto y ejercicio de los derechos humanos, en todas las acciones y procesos que se efectúan, así como políticas públicas.
Al dar la bienvenida al segundo día de trabajos del Foro, la Directora General del IPDP, Patricia Ramírez Kuri, aseveró que la planeación es un desafío para la democracia, toda vez que busca desmontar fronteras de desigualdad social, cultural y económicas.
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