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Garantizar la seguridad social debe ser prioridad en la agenda de los derechos de la infancia

Boletín 40/2025
1 de mayo de 2025

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  • NNyA no son patrimonio de los adultos bajo una visión tutelar.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, enfatizó que las niñas, niños y adolescentes (NNyA) son titulares plenos del derecho a la seguridad social, ya que su ejercicio -considerado un desafío global- es fundamental para combatir la exclusión y la pobreza.

Durante su participación en la «Semana Nacional de la Seguridad Social», organizada por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, con el tema «Seguridad Social en las Infancias», recordó que el reconocimiento de la niñez como titular de este derecho se formalizó hasta 2014, con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Aunque este grupo poblacional sea sujeto de numerosos programas sociales y prestaciones, ser titular de prestaciones no es lo mismo que ser titular de un derecho”, recalcó.

Expuso que la seguridad social representa un desafío global, y abordar un enfoque de cobertura a NNyA como titulares directos podría parecer inalcanzable para los Estados.

No obstante, consideró que existen áreas de oportunidad para realizar ajustes significativos que garanticen este derecho a dicha población considerada de atención prioritaria.

La Ombudsperson capitalina señaló que la seguridad social tiene un carácter redistributivo y juega un papel crucial en la reducción de la pobreza, la prevención de la exclusión social y la promoción de la inclusión.

Asimismo, manifestó que, como todos los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad social hasta el máximo de sus recursos disponibles, con un principio de progresividad que impide cualquier retroceso.

«La seguridad social puede garantizarse por medio de planes contributivos o no contributivos, y cualquiera que sea el sistema elegido debe respetar los elementos esenciales de este derecho», afirmó.

En ese sentido, subrayó que debe de ser considerada como un bien social y no como una mercancía o un instrumento de política económica o financiera.

Puntualizó que, a pesar de ser un derecho universal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que sólo el 20% de la población mundial goza de una cobertura adecuada en seguridad social, mientras que más de la mitad carece de toda forma de protección.

“La seguridad social ha estado tradicionalmente vinculada al ámbito laboral como fuente de financiamiento, por lo que el trabajo informal y su precarización han excluido a muchas personas del acceso a una seguridad integral, afectando indirectamente a niñas, niños y adolescentes”, advirtió.

Ramírez Hernández indicó que el derecho a la seguridad social de NNyA quizá sea el mayor reto para que los Estados implementen el paradigma de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque hay que entender que la infancia no es patrimonio de los adultos bajo una visión tutelar.

Nashieli Ramírez Hernández mencionó que el acceso a una seguridad social integral y no parcializada es un indicador clave para la medición de la pobreza.

Informó que, según la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), entre 2018 y el 2020 el porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social disminuyó en 1.4 puntos porcentuales; sin embargo, lamentó que la información detallada por edad no esté disponible.

Planteó que, si bien se ha observado un avance general en el país en materia de seguridad social para la niñez, este tema sigue siendo un desafío global y sus derechos deben ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional.

En la quinta mesa de análisis de la «Semana Nacional de la Seguridad Social», participaron también el Diputado Arturo Olivares Cerda, la Diputada Patricia Mercado Castro y el Diputado Luis Gerardo Sánchez, Presidente e integrantes de la Comisión de Seguridad Social, respectivamente; y los académicos Sebastián Patiño Jiménez y Rodrigo Moreno González.

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