Boletín 99/2024
24 de septiembre de 2024
|
El conflicto es inherente a una sociedad, pero la forma de conducirlo y transformarlo en una democracia, debe de partir desde los principios rectores en materia de derechos humanos, advirtió la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández.
La también Presidenta del Instituto Internacional del Ombudsman (IIO) refrendó su convicción de que los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) deben constituirse como mediadores entre la ciudadanía y los movimientos sociales, por un lado, y las autoridades, por el otro.
Al participar en el III Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) habló de los modelos de las Defensorías del Pueblo, las Procuradurías y Comisiones de Derechos Humanos.
Destacó la importancia la independencia y la autonomía, preferentemente reconocidas constitucionalmente de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, dentro del entramado democrático actual.
La CDHCM, explicó, sintetiza el esquema orgánico y doctrinario de los textos constitucionales de los últimos 25 años en América Latina, así como el cambio de los sistemas jurídicos con sus significativas repercusiones políticas y culturales.
La Constitución Política de la Ciudad de México, agregó, responde precisamente a esa corriente neo-constitucional, y reafirma el papel de la CDHCM en el entramado institucional y en el empuje del que le dota para la transformación cultural, política y social, incluso jurídica.
Es necesario, insistió, incluir los afectos y agendas que afecten a las generaciones futuras en la construcción de las agendas actuales, de manera que la democracia intergeneracional es ineludible a la luz de los temas como los ambientales, por mencionar alguno.
Debemos hacernos cargo, dijo, de que el diseño institucional de los OPDH debe modificarse para un arribo a sociedades menos violentas y más igualitarias dentro de una democracia robusta e incluyente.
“Los Organismos Públicos de Derechos Humanos tienen un mandato fundamental de transformación estructural; su reconocimiento institucional y su rol en la región eleva este objetivo prioritario para el Estado”, advirtió.
Para el caso de la Ciudad de México, indicó, la Constitución local le otorgó a la CDHCM mayores incentivos para la aceptación de las Recomendaciones, de igual manera recursos y acompañamiento institucional para las víctimas de violaciones a derechos humanos; así como fortalecer el enfoque de atención a partir de la conciliación, mediación y orientación.
De igual manera se impulsa el modelo de justicia restaurativa centrado en la necesidad de las víctimas y en las posibilidades de reparación del daño inmediatas y a futuro, como una forma de sanar las lesiones provocadas por los elementos violatorios a derechos humanos.
Un tercer aspecto de la Constitución local, apuntó, ha sido el despliegue territorial de la CDHCM para garantizar la proximidad y la accesibilidad de los mecanismos no jurisdiccionales de derechos humanos, para su garantía y protección, a través de las 16 oficinas en cada una de las Alcaldías.
Cabe mencionar que la ADPRA es una asociación civil que reúne a las Defensorías del Pueblo de Argentina, para el intercambio de información, investigaciones, actualización y desarrollo de las instituciones que defienden derechos y garantías, promoviendo su progreso continuo y perfeccionamiento profesional. Está Presidida por la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Muiños.
Se conformó a comienzos de la década de 1990 y está compuesta por 47 socios; forma parte de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO).