martes , 23 abril 2024

Celebra CDHCM Propuesta de incidencia sobre agenda de los derechos de las personas LGBTTTIQA+ privadas de su libertad

Boletín 20/2024
26 de febrero de 2024

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El respeto y la garantía del derecho a la reinserción social es el crisol en el que se fundan los principios de un sistema penal acusatorio y de un sistema penitenciario congruente con ese modelo, advirtió la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández.

“En la medida en que se ejerzan con plenitud, el derecho a la reinserción social, y estén disponibles las medidas y la garantía de los derechos de todas las personas, de manera diferenciada, se podrá constatar realmente el avance de la consolidación del sistema penal penitenciario”, abundó.

Al participar en la presentación de la Propuesta para reducir prácticas discriminatorias en población LBGT+ privada de la libertad en la Ciudad de México, subrayó que dichos centros son parte de nuestra sociedad, y las personas que ahí residen, también.

La Defensora explicó que, si bien las personas privadas de la libertad son reconocidas como un grupo de atención prioritaria en la Ciudad de México -con motivo de la discriminación estructural-, la mayoría acumula factores adicionales de exclusión.

Ser parte de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual, Queer, Asexual y más (LGBTTTIQA+) es uno de ellos; incluso, cada una de estas siglas conlleva discriminación diferenciada, también en función de la orientación sexual y/o de identidad de género.

Se refirió también a la Opinión Consultiva número 29, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoDH), publicada en 2022, y que constituye un horizonte al que deben arribar los países, en materia de derechos de esa población al estar privada de su libertad.

En ese propósito, dijo que el trabajo conjunto con las personas privadas de la libertad, sus familias, las autoridades penitenciarias, las autoridades competentes, la sociedad civil y la academia, entre otros actores, es fundamental.

De la misma manera, explicó, la incidencia para el reconocimiento de derechos, de identificación de prácticas y de empatía personal y colectiva, así como de las rutas comunes, desarrollado por CEA Justicia Social, en la Propuesta presentada.

“Es un hilo de bordado que une a un actor y objetivo con otro, y tiene el potencial de impactar en la vida de las personas LGBTTTIQA+ privadas de su libertad, a partir de recibir respuestas adecuadas y pertinentes a su cultura y género, por parte de las múltiples autoridades con que tienen contacto, hasta su egreso de los centros penitenciarios”, describió Ramírez Hernández.

Celebró, sobre todo, la propuesta en torno a la discriminación de las personas LGBTTTIQA+ privadas de su libertad: su Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, el Derecho a la Integridad Personal y el derecho a mantener su vínculo con el exterior.

Éste último, sostuvo, confirma parte del núcleo mismo del derecho a la reinserción social, a través de una labor integral que lo visibilice y le dé cabal cumplimiento.

En la presentación de la Propuesta participó también la Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), Geraldina González de la Vega Hernández; y la Subdirectora de Derechos Humanos Igualdad de Género y Políticas Institucionales INFO-CDMX, Rocío Casas Palma.

Asimismo, Geras Contreras, investigador y colaborador del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en México, y del Centro de Estudios Legales y Sociales, en Argentina. Por parte de CEA Justicia Social, Valentina Lloret realizó la descripción de la Propuesta y María Ana del Valle Ojeda fungió como moderadora.

Entre los objetivos de la Propuesta de CEA Justicia Social, está reducir las prácticas discriminatorias hacia la población LGBT+ en contacto con el sistema penitenciario; un espacio de diálogo y compromiso entre el gobierno y sociedad civil de la Ciudad de México; y construir estrategias integrales e incluyentes para la atención, protección y garantía de sus derechos.

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