Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 165/2023
22 de noviembre de 2023
A nivel mundial, el 1% de las personas acumula casi el doble de riqueza que el resto de la población. América Latina y El Caribe es la región más desigual pues el 20% de la población concentra casi la mitad del total de los ingresos, mientras que el 20% más pobre dispone de menos del 5% de ese total.
Dicho escenario es resultado de diversos factores, entre ellos, la arquitectura fiscal internacional que ha permitido que con demasiada frecuencia las empresas multinacionales y las personas más ricas de las sociedades puedan aprovechar las reglas para evitar el pago de contribuciones al Estado. De acuerdo con el Informe sobre el Estado de la Justicia Fiscal 2023, el abuso fiscal internacional representa una pérdida anual de 480 mil millones de dólares en ingresos fiscales para los países y los responsables del 99.7% de dichas pérdidas son los países de ingresos más altos.
Lo anterior, ocasiona una desigualdad desproporcionada a nivel mundial por dos causas. La primera de ellas, porque existe una omisión en cubrir las obligaciones fiscales y la segunda, razón porque dicha omisión traslada el costo contributivo a los países considerados en vías de desarrollo, lo que da cuenta de la desigualdad fiscal que prevalece y de la necesidad de fincar políticas de justicia fiscal.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha motivado diversos instrumentos orientados a garantizar la cooperación internacional en materia de tributación, entre ellos se destaca la Resolución A/78/235 sobre la Promoción en las Naciones Unidas de la cooperación internacional inclusiva y eficaz en cuestiones de tributación, adoptada en 2022 por la Segunda Comisión sobre Asuntos Económicos y Financieros de la ONU. La Resolución plantea la necesidad de luchar contra los flujos financieros ilícitos que suponen un desafío para alcanzar el desarrollo y se instó a comenzar con el debate intergubernamental y a preparar un Informe General en el que se analicen todos los instrumentos referentes al tema.
Por tanto, con el objeto de alcanzar acuerdos más específicos, en 2023 el Grupo de Estados Africanos impulsó otra Resolución A/C.2/78/L.18/Rev.1 -titulada de la misma forma que la del año anterior- con la que se busca establecer un Comité Intergubernamental especial de composición abierta dirigido por los Estados miembros de la ONU con la finalidad de elaborar una Convención sobre la Fiscalidad Global que pueda discutirse y adoptarse en junio de 2025. Dicha propuesta fue acogido el día de hoy con una votación de 125 países a favor, 48 en contra y 9 abstenciones -entre las que figura la de México-.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) lamenta que México se haya abstenido en la votación, sin embargo, celebra la adopción de la Resolución que se constituye como una oportunidad para crear normas internacionales que permitan garantizar la fiscalidad global desde una mirada más equitativa, inclusiva y eficaz lo que resulta de suma relevancia en un momento como el actual en el que, ante las diversas emergencias y catástrofes, las desigualdades se perpetúan en perjuicio de los países considerados menos desarrollados y que no tienen posibilidad de contar en el mediano o largo plazo con una ruta justa que les permita competir.
En suma, se celebran los esfuerzos orientados a garantizar una justicia fiscal con perspectiva de derechos humanos que permita frenar las desigualdades entre las personas y grupos de personas, especialmente cuando la recaudación contribuye a la garantía del disfrute y ejercicio de otros derechos humanos. Las políticas de fiscalidad, como las presupuestarias tendrían que estar orientadas a la consecución progresiva de derechos humanos para las personas.
