Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 06/2023
22 de febrero de 2023
En junio de 2019, fueron aprobadas reformas de la Constitución mexicana, en materia de Paridad entre Géneros, que establecieron la obligación de observar ese principio, tanto en la elección de representantes populares, como en los nombramientos de titularidades, en los tres niveles de gobierno.
A pesar de que la CEPAL -Comisión Económica para América Latina y el Caribe- registra que México supera por 15 puntos porcentuales la media para la región de Latinoamérica en el porcentaje de mujeres en los gabinetes de gobierno; y que se encuentra 22 puntos por arriba, en cuanto al número de mujeres que ocupan los escaños del Poder Legislativo local y nacional, los retos persisten.
En este sentido, quisiera plantear dos aspectos principales para la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de adopción de decisiones.
Primero: la igualdad formal en la composición de los organismos de toma de decisión y puestos de representación popular no guarda una relación necesaria con la transformación de las estructuras que reproducen y perpetúan la desigualdad sustantiva.
Es decir, el ser mujer no asegura que se adoptarán decisiones judiciales, legislativas o de política pública congruentes con los derechos de las mujeres.
En el caso de México, un ejemplo es la parálisis en torno al derecho al cuidado.
Segundo: tiende a asociarse el éxito de una medida de justicia social, como la Paridad de Género, con la inmediatez de resultados en la agenda de derechos de las mujeres que requiere avances sólidos y progresivos, pero que no pueden esperarse de manera inmediata.
Esto implica depositar una expectativa desproporcionada en las mujeres que participan en la vida pública, desestimando que deben de combatir estructuras complejas y anquilosadas.
Observaciones finales: el principio de Paridad de Género debe cumplirse, tanto de forma vertical como horizontal en las instituciones, para que no solo las titularidades tengan una composición equitativa.
Es necesario continuar con estrategias claras y diferenciadas para consolidar la Igualdad de Género formal y, sobre todo, avanzar hacia la igualdad sustantiva que se traduzca en decisiones judiciales, administrativas y legislativas acordes con los derechos de las mujeres.
Un reto adicional es progresar en la incorporación de representatividad de las mujeres históricamente excluidas de las agendas públicas, tales como mujeres con discapacidad, mujeres indígenas y afromexicanas, mujeres migrantes, de la diversidad sexual y de género, entre otras.
