lunes , 24 junio 2024

Discurso de la Presidenta de CDHCM, Nashieli Ramírez, en Informe Temático La seguridad escolar en la Ciudad de México. Análisis desde la perspectiva de los derechos de NNyA

 

Discurso 04/2023
30 de enero de 2023 

Muy buenos días a todas, todos y todes, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Agradezco, en general, a todos los que me acompañan en el presídium, particularmente la presencia -a distancia- de Ernesto Pedernera, y aquí -físicamente-, Fernando Carrera, a Clara Brugada, y a Indalí Pardiño, quienes hemos construido este Informe, resultado -exactamente- de pláticas, específicamente, y actividades, específicamente, con ellos, y que estamos aquí; también, pues ya mencionaron a algunos, que nos están acompañando.

Compañeros y compañeras del trabajo fuerte, como puede ser con el Sindicato, en donde hemos estado haciendo mucha formación, con maestros y maestras; escuelas, en donde también hemos estado participando en algunas actividades, exactamente que tienen que ver con seguridad en las escuelas.

Estamos así, presentando el Informe Temático sobre la seguridad escolar en la Ciudad de México. Análisis desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los planteamientos que de esto deriven y el arranque, digamos, de lo que es una Propuesta General de la CDHCM, para seguir trabajando en esta temática.

El artículo 3° constitucional establece que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, que será integral y educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socio-emocionales y físicas, que les permitan alcanzar su bienestar.

Bienestar, nuestro texto constitucional fija el bienestar, como objetivo de la educación; entendiéndolo como un estado personal amplio, compuesto por diversos elementos que deben de ser propuestos, acompañados, desarrollados y cuidados, con motivo del aprendizaje de las personas en su niñez, adolescencia y juventud.

El bienestar personal y social implica, por tanto, el balance en el ejercicio de múltiples derechos y la satisfacción de muchas obligaciones del Estado, que debe de asumirlas con un enfoque diferencial para cada grupo etario, para los géneros, condición de vida particular, entre otras condiciones determinantes personales y sociales.

La seguridad, en general, y en las escuelas, de manera particular, es una condición necesaria; es también una necesidad y es -a la vez- un objetivo planteado desde el enfoque de bienestar personal.

En el abordaje de la seguridad escolar, hemos dicho de manera reiterada, que es preciso diferenciar entre la integridad personal y la seguridad humana.

El primero, como un derecho y bien jurídicamente protegido de la mayor relevancia, focalizado al ámbito individual; el segundo, como una visión más amplia, que considera derechos individuales y colectivos, que van desde la protección a la vida y la integridad personal, hasta la alimentación, salud, vivienda, derechos culturales y otros colectivos, por mencionar algunos.

La seguridad en las escuelas no puede limitarse a atender tan solo la integridad personal, sino estar orientada y entenderse como un espacio fundamental para la seguridad humana.

Esta mirada amplia es la que nos llevó a realizar la investigación y análisis comprendidos en el Informe Temático Seguridad escolar en la Ciudad de México. Análisis desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De una revisión de 20 países de América Latina, así como de la experiencia en Estados Unidos, desde 1999, y de países europeos, como Inglaterra e Italia, la Comisión no ha podido extraer elementos objetivos de la utilidad y eficacia de los programas enfocados a la revisión de pertenencias para la seguridad escolar; es decir, no existe evidencia de que medidas como esa sean efectivas para la reducción de episodios de violencia y, en estos casos- específicamente de violencia letal, u otros tipos de violencia en las escuelas.

Por el contrario, algunas cuestiones que se advierten de la implementación de los programas, son la estigmatización, señalamiento y reforzamiento de construcciones limitadas respecto a la violencia, al uso y distribución de sustancias que causan adicción (y, por tanto, son una cuestión de salud pública) y la consecuente mayor marginalización de los ámbitos escolares y alumnado, asociado a tales prácticas, hechos que se encuentran lejanos al fortalecimiento de la toma de decisiones informadas frente a las conductas de riesgo.

Aunado a lo anterior, se observó que, en muchos casos, aunque tales medidas fueron promovidas como preventivas, éstas resultan, en realidad, reactivas a eventos aislados de violencia letal, a los cuales no les corresponde ni un diagnóstico pertinente ni un seguimiento adecuado.

En particular, en Estados Unidos, de 250 tiroteos sucedidos en escuelas, de 2000 a 2017, solo en 7 casos se logró detener al tirador respondiente con un arma de fuego.

Es decir que, a estos programas no les corresponde una necesaria valoración de los efectos integrales que impactan a la comunidad escolar con motivo de su implementación; de modo que, más allá de los supuestos resultados específicos – que el Informe agrupa como escasos e insuficientes- pueda ponderarse la medida en una correcta balanza costo-beneficio.

Es decir, en términos de una mejora en la cohesión social de la comunidad escolar, un acompañamiento integral y diferenciado de las autoridades a quienes integran las comunidades escolares, o bien un aumento en la calidad, adaptabilidad, disponibilidad y accesibilidad de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, son -de hecho- más pertinentes.

En el segundo apartado, se revisan los antecedentes, características y desarrollo del Programa Mochila Segura en México, y de algunos de sus similares…

–Si bien es cierto, el programa -en muchas ocasiones-, sobre todo recientemente, después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no utiliza el término Mochila Segura, se sigue aplicando en los hechos y, por lo tanto, es Mochila Segura y sus similares.–

…para después efectuar una evaluación de esta medida e identificar un conjunto de elementos críticos del programa, desde el enfoque de derechos humanos, principalmente de niñas, niños y adolescentes.

Este apartado del Informe da cuenta de que modelos de intervención, como este tipo de programas, no sólo son ajenos a la atención de las causas del problema, sino que en 20 años de aplicación en el país y del análisis de la experiencia de este operativo, existe evidencia de que Mochila Segura y sus similares están lejos de ser un programa para evitar las manifestaciones de extrema violencia en las escuelas.

Ante tal evidencia, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha advertido sobre la necesidad de evitar la implementación de medidas simples y de probada ineficacia para dar solución al fenómeno tan complejo, que motiva casos de violencia, en algunos casos, acontecidos en algunos lugares de la República.

Aquí, es importante resaltar: simplemente, de la información hemerográfica, de 2001 a 2022, tenemos detectados como públicos, como evidentes, como elementos en situaciones extremas, 39 episodios, a nivel nacional: 39 episodios, tanto en primarias, como en secundarias, como a nivel medio superior, de un universo de 255 mil planteles, a nivel nacional.

Si juntamos esa dimensión, estamos -de entrada- dimensionando, que muchos de estos episodios, más bien provocan una cuestión social y una advertencia, que va muchos más allá de lo que verdaderamente está sucediendo en las escuelas.

El problema en las escuelas, naturalmente tiene que ver con esto, y no hay que desacreditar, no debe de suceder uno sólo… Pero el problema en las escuelas tiene que ver, en términos de seguridad, no con integridad física letal, sino con convivencia cotidiana, con el hecho de que en las escuelas convivimos, con el hecho de que en las escuelas esta convivencia nunca estará libre de conflictividad y de que, por lo tanto, es ahí donde los programas tendrían que estar (inaudible), cuando hablamos de seguridad escolar.

Por su parte, el tercer apartado describe los estándares sobre el derecho a la educación. Algunas de las conclusiones de esta investigación están ligadas a la identificación de que la construcción de soluciones sobre las violencias implica necesariamente el reconocimiento de la validez de conflictos que se manifiestan en el entorno escolar, observando el conflicto como connatural de las dinámicas sociales.

A partir de ese hecho, es posible desarrollar metodologías y prácticas para la construcción de interacciones respetuosas en un contexto social determinado, en el que se conjugan diversos elementos que lo caracterizan.

Así como el conflicto no es estático, la paz tampoco lo es, y hay que trabajar por el equilibrio y la progresión de las habilidades para transitar, los primeros, sin riesgos; y sostener la segunda, sin que sea a costa del ejercicio de derechos humanos y criminalización de personas.

Relacionado con lo anterior, es importante anotar que, si bien el ámbito escolar es la arena del ejercicio del derecho humano a la educación, es también el espacio y motivo para el ejercicio de otros derechos.

Aunado a la multiplicidad de derechos involucrados y a la pluralidad de la comunidad escolar, se encuentra la realidad de los contextos en los que se insertan los centros de aprendizaje y estas comunidades.

No puede desestimarse este aspecto en el diseño de cualquier estrategia de seguridad escolar, pues no considerar elementos como la precarización laboral, la ausencia de personas cuidadoras principales por largos periodos de tiempo, la precarización económica, la violencia estructural y focalizada, entre otros, sería tanto como afirmar que las escuelas reúnen grupos sociales aislados e impermeables a su propio contexto social y familiar.

Por lo anterior, aun cuando la prevención y atención de eventos que tienen el potencial de lesionar gravemente la integridad de niñas, niños y adolescentes, debe de ser parte de una estrategia para la seguridad escolar, ésta no puede reducirse a la seguridad física, y mucho menos a dar respuestas punitivistas que fomenten el estigma, lesionen derechos, antagonicen a quienes integran la comunidad escolar y generen condiciones adversas para construir las bases de posibilidad para el ejercicio amplio de derechos.

De lo documentado en el presente Informe Temático, cabe afirmar que vale la pena partir de las evidencias que arroja la sistematización y el análisis de las experiencias semejantes al Programa Mochila Segura, antes de perpetuar este tipo de modelos de atención a la violencia escolar.

A partir de lo expuesto, y a lo largo del presente documento de análisis, se plantean entre otras- las siguientes propuestas:

Tomar en consideración la falta de evidencia que existe, al día de hoy, sobre la eficacia de programas de revisión de pertenencias en las escuelas, como medios para la prevención y erradicación de eventos escalados de violencia al interior de los planteles.

Implementar mecanismos institucionales para la construcción de confianza vertical y horizontal entre integrantes de la comunidad escolar, fijando una ruta accesible para la provisión de servicios de consejería y orientación integral a docentes

Implementando mecanismos de participación diferenciada; estableciendo mecanismos de seguimiento individual y colectivo; fomentando y acompañando de manera especializada al personal escolar sobre la atención, realizando simulacros o ejercicios con casos hipotéticos, entre otros.

Implementando medios alternos de solución de conflictos; llevando a cabo foros, jornadas, mesas de trabajo y otros ejercicios similares, en los que se aborden problemas escolares cotidianos en la escuela.

Implementar en las escuelas mecanismos accesibles y seguros de presentación de quejas por violencia escolar; fortalecer el contenido del Protocolo nacional de coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; y la realización, con las disposiciones legales aplicables para la Ciudad de México, específicamente, en reconocer y recomendar estrategias, a través de los previsto en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que sean congruentes con lo que está planteando este Informe.

Cuestiones (inaudible), impulsar programas integrales, como el que está impulsando Iztapalapa -en este caso-, desde el año pasado, y en el cual hemos venido trabajando de manera coordinada.

Sabemos que el reto no es menor, sino que adoptar medidas amplias, constructoras de comunidad, respetuosas de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y con enfoque de seguridad humana, significa romper con muchas inercias culturales y sociales.

Frente a este escenario, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha puesto en marcha cursos, talleres y otras formas de acompañamiento a la comunidad escolar, de las que pueden extraerse lecciones aprendidas y experiencias para continuar avanzando en conjunto, para la construcción de espacios escolares seguros.

Solamente durante 2022, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha brindado 130 actividades educativas para el fortalecimiento de la seguridad escolar, de las cuales, 79% estuvieron dirigidas a infancias, 3% a responsables de crianza y 18% a docentes.

Estas actividades educativas -consistentes en talleres, cursos, pláticas y conferencias- se han prestado en la mitad de las Alcaldías de la Ciudad de México; de las cuales, la mitad se las ha llevado Iztapalapa. El bachillerato es el nivel académico que concentra la mayor parte de las actividades brindadas, con 45%.

A la par de las actividades educativas, en el mismo periodo -2022-, la CDHCM brindó acompañamiento directamente a las Alcaldías, a través de 250 servicios delegacionales, relacionados con Democracia, Cultura de Paz y Derechos Humanos.

Este organismo reconoce la oportunidad que representa el despliegue de tales esfuerzos, orientados a hacer de las escuelas espacios seguros, junto con la puesta en marcha del Programa de Prevención de Violencias y Adicciones en Escuelas Secundarias de la Ciudad de México, impulsado por el Gobierno de la Ciudad, y también por medio del programa de Construcción de Seguridad y Paz en estas escuelas.

Celebramos iniciativas locales, igual, como lo mencioné anteriormente, como las desarrolladas en el ámbito de la demarcación de la Alcaldía Iztapalapa.

Por eso mismo, celebramos también, en la presentación de este Informe, que estén integrantes de la comunidad escolar en todos sus niveles: maestros, maestras, padres y madres de familia, y naturalmente autoridades, que -como se darán cuenta-, no nada más invitamos a las autoridades educativas que, naturalmente, son quienes coordinan y quienes son responsables de lo que pase en el entorno escolar, sino también a quienes están alrededor de ellas, y que tendrían que ser partícipes de estos programas, como puede ser la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes…

En ese caso, no nada más en la Ciudad de México, sino alrededor de ella; la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y la Secretaría de Salud, entre otros, como parte de una estrategia que, como lo mencioné de manera inicial, no se trata de verlo como, en términos de un programa solamente de protección y de aseguramiento de la integridad física de las niñas, los niños y adolescentes, que es nuestra responsabilidad, sino sobre todo, y específicamente, un programa que tiene que ver con el desarrollo del bienestar físico, social y psicológico de estas niñas, de estos niños y de nuestros adolescentes, que tiene que ver con la creación de habilidades de relación social, que tiene que ver con la creación de habilidades de convivencia entre pares y también con maestras y con maestras, y tiene que ver, por qué no decirlo, con la construcción de ciudadanía.

Esperamos que este Informe sea de utilidad.