Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 115/2022
16 de septiembre de 2022
Para garantizar la correcta aplicación y legalidad del Programa “Conduce Sin Alcohol”, mejor conocido popularmente como “Alcoholímetro”, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) realizó operativos de acompañamiento en diversos puntos de la capital.
El dispositivo estuvo encabezado por el Primer y Segundo Visitadores Generales de la CDHCM, Juan Carlos Arjona Estévez e Iván García Gárate, respectivamente. Participaron más de 25 personas de este Organismo entre Visitadoras y Visitadores, así como personal de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas en Derechos Humanos.
Estos operativos se desplegaron a partir de las 23:00 horas del 15 de septiembre en tres puntos de revisión del “Alcoholímetro”: Avenida Fray Servando Teresa De Mier y Avenida Fernando Iglesias Calderón (Alcaldía Venustiano Carranza); Marina Nacional y Calzada General Mariano Escobedo (Alcaldía Miguel Hidalgo); y lateral de Anillo Periférico y Glorieta de Vaqueritos, hacia el oriente (Alcaldía Xochimilco).
Se verificó la señalética correspondiente en los puntos de revisión, así como de las y los servidores públicos que integran el Grupo
Multidisciplinario que son responsables de la vigilancia y protección perimetral, encauzamiento de conductores al carril confinado, entrevista aleatoria previa, aplicación de la prueba de alcohol en aire espirado (no rebasar el límite 0.4 miligramos por litro), registro, control, certificación, aseguramiento, presentación ante el Juez, y en caso necesario, la atención médica.
De igual forma, las y los Visitadores de la CDHCM acompañaron el traslado de 14 personas que superaron el límite de alcohol permitido, al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como “El Torito”, para verificar las condiciones de estancia.
La CDHCM reconoce la importancia de las acciones preventivas llevadas a cabo por las autoridades como el Programa antes mencionado, y enfatiza que éstas deben proporcionar certeza jurídica y respeto a los derechos humanos: desde el inicio de su aplicación, hasta el cumplimiento de la sanción correspondiente.
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