lunes , 5 diciembre 2022

Discurso de la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, en la inauguración del Ciclo de Mesas de Análisis del Reconocimiento de los Derechos LGBTTTIQA+

Discurso 09/2022
19 de abril de 2022

Buenos días a todas, todos y todes quienes están presentes el día de hoy aquí en las Salas Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo en nuestras redes sociales.

Agradezco mucho la participación e iniciativa de los Consejeros Alejandro Brito y Genaro Lozano, quienes participarán en las mesas de diálogo que tendrán lugar, así como a las, los y les ponentes de las organizaciones civiles y académicas que se suman a este esfuerzo relacionado con la construcción de una cultura de respeto y no discriminación, así como a garantizar la vida libre de violencia para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQA+.

Desde hace más de 40 años, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser la entidad federativa que protege y garantiza en mayor medida los derechos humanos de la población que pertenece a esta comunidad. Como lo sabemos, los avances han permitido caminar a lo largo del tiempo con el objetivo de prevenir y atender los distintos tipos de violencia de los que la comunidad es sujeta, así como visibilizar y reconocer su existencia.

Ejemplo de esto es que desde 1983 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizó el Primer Foro de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, y creó la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia. Asimismo, fue la primer entidad federativa en reconocer el matrimonio igualitario en el 2009, lo que sentaría un precedente para que otras entidades lo hicieran; y desde 2015 se contempla la vía administrativa para el reconocimiento de la identidad de género auto percibida, misma que a partir de agosto de 2021, con la emisión de los Lineamientos para Garantizar los Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo de Reconocimiento de Identidad de Género en la CDMX de las Personas Adolescentes, facilita el acceso a dicho trámite a adolescentes de 12 años en adelante.

En este sentido, la Ciudad de México se ha convertido en pionero del reconocimiento y garantía de los derechos de las personas de la comunidad, y mantiene una “Declaratoria como Ciudad Amigable LGBTTTI” desde 2015; que se considera un anuncio a la comunidad nacional e internacional sobre que la Ciudad de México es un punto de encuentro, de unión, de acuerdo y de diálogo progresista con un claro avance en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas.

La Constitución Política de la Ciudad de México es un claro ejemplo del avance normativo. En su Artículo 11, apartado H, reconoce la discriminación y violencia histórica en contra de las personas LGBTTTIQA+.

Aunado a lo anterior, el 7 de septiembre del año pasado se expidió la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, cuya función principal es establecer las bases de coordinación efectiva entre todos los poderes para atender sus derechos humanos.

En más de una ocasión, la Ciudad de México ha sido referente de avances y regulación en materia de derechos humanos para el resto de las entidades federativas. Esto ha sido consecuencia de la constante lucha de la propia comunidad y de las organizaciones sociales. No se debe a las políticas. Se debe a quienes están aquí el que tengamos estos avances normativos.

En contraste con esto, la realidad es que persiste la violencia y la discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQA+. A la par del reconocimiento de derechos, se han ampliado las formas y medios de ejercer dicha violencia en contra de las personas, tal como lo es el espacio virtual donde de acuerdo con una encuesta promovida por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA por sus siglas en inglés), en 2020 el 84% de las personas afirmó que dichos espacios los han expuesto a discursos de odio y amenazas.

Con frecuencia estas acciones están indirectamente legitimadas por los gobiernos, figuras políticas y otras personas consideradas como personajes prominentes, quienes difunden y/o realizan comentarios violentos, discriminatorios y agresiones que constituyen discursos discriminatorios e incluso, en algunas ocasiones, discursos de odio.

Estos discursos discriminatorioS o discursos de odio son el reflejo de los estigmas, la violencia, los estereotipos, la discriminación y la ignorancia de quienes los emiten. pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de discurso de odio?

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece que se encuentra prohibida toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción legal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Sin embargo, aún y cuando un instrumento internacional establece los límites a la libertad de expresión la regulación de esta es distinta en la región.

Por ejemplo, en Estados Unidos se ha decidido a través del máximo tribunal proteger el discurso sobre asuntos públicos, incluso cuando éste cause dolor con el objetivo de no reprimir el debate público. Lo que, a su vez, genera un margen amplio de discrecionalidad que bajo el amparo de la libertad de expresión permite realizar manifestaciones discriminatorias y violentas.

Sin embargo, la regulación de dicho país, está lejos de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en México.

La libertad de expresión es considerada uno de los máximos bastiones en los que se centra la igualdad, la dignidad y la democracia de nuestro país, y que ésta se ha buscado promover, proteger y garantizar a través de los tres poderes de la unión, órganos constitucionales autónomos y sociedad civil.

Tan solo en la vertiente de acceso a la información, las personas LGBTTTIQA+ son quienes han combatido la censura, el estigma, la ignorancia y la discriminación a través de difundir y hacer accesible la información y construir un diálogo y conocimiento de los temas que importan y afectan a dicha población; tomemos tan solo el activismo emprendido en torno a la epidemia de VIH+.

Ante esto, es claro que se busca seguir avanzando en la construcción de una sociedad donde se respete el derecho humano a la libertad de expresión; y por tanto, debe tenerse especial precaución para admitir restricciones a su ejercicio, por lo que se debe tener especial atención para distinguir entre los discursos discriminatorios y discursos de odio, puesto que los segundos incitan a la violencia verbal, psicológica, entre otras, contra determinados grupos caracterizados con el ánimo de menospreciar y discriminar a las personas.

Por lo anterior, el Máximo Tribunal ha establecido que no todo discurso hiriente, ofensivo y/o discriminatorio constituye discurso de odio, sino que este debe ser considerado así en función de las cuatro circunstancias para, en su caso, ser combatido:

  1. El contexto en que se expresa, es decir, si se trata de una figura pública, un servidor público o si se emite en el ámbito público o privado.

Es pertinente mencionar que resulta sencillo quedarse con una visión añeja sobre el alcance de la inviolabilidad parlamentaria; sin embargo, si se busca una interpretación progresiva y con enfoque en derechos se alcanzará la conclusión de que aún y cuando un legislador en el ejercicio de sus funciones emita discursos discriminatorios o discursos de odio estos deben de ser tomados como tal y por tanto restringidos.

  1. Si su expresión implica o no una apología del odio o una incitación a la discriminación o violencia.
  2. Si su expresión genera un riesgo inminente de violencia o ruptura del orden público.
  3. Si como consecuencia del discurso ya se han generado actos de violencia física o disturbios.

Ante estos tres puntos es preciso señalar que, dado el contexto de violencia generalizada por la que atraviesa el país, es claro que no podemos permitir incitar a la violencia; y por lo tanto el mecanismo jurisdiccional, como el mecanismo no jurisdiccional de protección a derechos humanos, se encuentra obligado a no desestimar el vínculo entre las expresiones que son apología al odio o incitación a la discriminación o violencia, y las agresiones cometidas en contra de personas LGBTTTIQA+, tal como es el transfeminicidio de Paola Buenrostro, que esta Comisión de Derechos Humanos recoge en la Recomendación 2/2019.

Este tema no es nuevo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado múltiples veces en torno a esto y específicamente en lo que respecta al discurso homófobo como una categoría de lenguaje discriminatorio, y en ocasiones como discurso de odio.

Lo anterior, ya que la Corte ha establecido que la homofobia es el rechazo a la homosexualidad y que tiene como componente primordial la repulsa irracional hacia la misma, o la manifestación arbitraria en su contra, por lo que implica un desdén, rechazo o agresión a cualquier variación en la apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de los estereotipos de la masculinidad y feminidad.

Este tratamiento discriminatorio implica una forma de inferiorización mediante una asignación de jerarquía a las preferencias sexuales. En consecuencia, el discurso homófobo consiste en la emisión de una serie de calificativos y valoraciones que suele actualizarse en los espacios de cotidianeidad, generalmente en un sentido burlesco y ofensivo, y que en función de las cuatro circunstancias mencionadas puede constituir discurso de odio.

Frente a los discursos discriminatorios o discursos de odio es necesaria la libertad de expresión, pues solo así se puede combatir la desinformación e ignorancia que hay respecto de ciertos temas.

Las respuestas posibles para contrarrestar dichos discursos y sus efectos consisten en las siguientes acciones al menos: La no protección de esos discursos para su reproducción y fortalecimiento. Desalentarlos mediante la educación y garantizar el acceso a la información, fortaleciendo así la libertad de expresión. Las sanciones a partir de la ponderación de las cuatro circunstancias a las que hice referencia, y que pueden consistir en atribución de responsabilidades civiles posteriores o su represión mediante el derecho sancionador en casos especialmente graves.

La problemática principal radica en que mediante las expresiones violentas y discriminatorias se generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos, por lo que la protección contra éstos requiere la intervención activa del Estado y sus mecanismos para asegurar que el contenido del discurso de odio sea confrontado para evidenciar su incompatibilidad con los derechos y libertades más fundamentales.

Por lo anterior, para la Comisión, como parte de los mecanismos no jurisdiccionales de derechos humanos, es fundamental reflexionar estos temas y echar a andar mecanismos de justicia no restaurativa para los casos donde se aplica y se busca la transformación del paradigma machista, homofóbico y transfóbico, que permea en la sociedad y cultura mexicana y que tiene consecuencias en el mundo real.

Las Mesas de Análisis consistirán en identificar las problemáticas, contextos de violencia y discursos de odio que vive la población LGBTTTIQA+, con el objetivo de construir una agenda pública que abone a la consolidación de una cultura de respeto y no discriminación. Así como a identificar las buenas prácticas y los retos que existen para que se garantice una vida libre de violencia para las personas de la diversidad sexual, no solo a nivel legislativo sino en la realidad.

Sin más preámbulo, siendo las 10:14 horas, declaro inaugurados los trabajos de las Mesas de Análisis del reconocimiento de los derechos LGBTTTIQA+, el cambio cultural frente a los contextos de violencia y discursos de odio en la CDMX.

Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender hoy y por atender en las próximas Mesas de trabajo.

Discurso de Nashieli Ramírez al finalizar la Mesa de Análisis:

Nada más decir que la verdad ha sido siempre aleccionador oír, estar aquí con ustedes y escucharles. Renovar esto que preocupa a la Comisión, le preocupa a su Consejo. Tenemos Consejeros que no nada más son referentes en la agenda de derechos de las personas de la diversidad sexo-genérica, sino también como Comisión.

Creemos que, como lo han señalado aquí todos, todas y todes, estamos ante un momento en donde persiste el pasado en la narrativa, en el tipo de discursos discriminadores y de odio. Y también están las nuevas maneras de parafrasearlo, de referirlo y los nuevos espacios digital. Ya no nada más es la calle.

Y nos enfrentamos a retos, estos nos enfrentan a retos y cómo los equilibramos; a mí me gustó mucho lo que Johan puso en la Mesa en términos a que esto va a terminar y tendría que terminar en la medida en que se fortalecen los derechos, o todos los derechos para todas y todes. Pero también la urgencia de que mientras eso suceda hay que actuar. Hay que hacer cosas que lo paren. Hay que decirlo y decirlo sin miedo. Aunque finalmente desde esta comunidad sea la menos comprometida. Esa es la verdad.

Porque muchos de los discursos que están ahora ahí desde la agenda de un feminismo, que en lo personal en la Comisión no entendemos ni compartimos, tienen que estar claros en términos de nuestra posición de cómo tenemos que hacerle frente, porque no podemos validarlo, no podemos estar con ello; cuando además no nada más representan un riesgo de lo que muchas de ustedes y muchos y muchas de ustedes viven en términos cotidianos de discriminación, que pueden llegar, y lo sabemos, a herirles en su integridad total, no nada más de desarrollo de la personalidad, sino también física. Pero también hieren a los derechos humanos, hieren la plataforma. No es el camino. No es la ruta. ¿Por qué? Porque está abriendo la puerta para retrocesos.

Ese discurso no nada más ataca a la comunidad de la diversidad sexo-genérica. Nos ataca a todos y a todas, y nos ataca además de manera desigual si formamos parte de grupos altamente vulnerables y discriminados.

Entonces por eso tiene que ser una agenda compartida. Por eso esta discusión es una discusión pertinente para la comunidad, naturalmente, pero también para los derechos humanos.

De verdad estamos muy contentos de que vino Alejandro Brito, de que podamos tener esto y siéntanse ustedes, como siempre, en esta Comisión muy bienvenidos, bienvenides a la discusión, pero en el marco de los derechos, de los derechos para todas, todos y todes.

Gracias.