4 de abril de 2022
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La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) refrendó su compromiso con la libertad de expresión y con la protección de las personas periodistas del país, quienes son agredidas, amenazadas, desplazadas o asesinadas.
En el “Conversatorio: Participación de los organismos defensores de derechos humanos en la protección de la libertad de expresión a través del Mecanismo. Experiencias de Oaxaca, Veracruz y CDMX”, la Presidenta de la FMOPDH, Nashieli Ramírez Hernández, manifestó que se tiene ese compromiso y vínculo como Sistema No Jurisdiccional.
Durante el Conversatorio, realizado en el marco del LV Congreso Nacional de la FMOPDH: “Libertad de expresión y protección a periodistas, análisis desde el Sistema No Jurisdiccional” -en la ciudad de Durango-, la Ombudsperson capitalina explicó que la Ciudad de México cuenta con una Constitución que reconoce los derechos del gremio periodístico.
“Y coloca a las y los periodistas como un grupo de atención prioritaria desde el orden constitucional, y eso robustece muchísimo en términos locales lo que podemos hacer y exigir alrededor de ellos”, apuntó.
Resaltó que la capital del país no es, por mucho, el principal escenario fatídico de violencias contra las y los periodistas, sino que su principal actuación tiene que ver con el fenómeno de desplazamiento forzado. La Ciudad de México es el mejor lugar donde pueden estar a partir de cuándo están siendo perseguidos o ven en peligro su integridad, su vida y su trabajo”, afirmó.
En este sentido, Ramírez Hernández señaló que los retos son los planes de retorno. “Cómo podemos, a partir de nosotros que estamos en las Comisiones, poder articular planes de retorno que permita que se pueda proteger o se puedan tener mecanismos de inclusión para periodistas desplazados”, expresó.
Detalló que del periodo 2015 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha ofrecido 400 servicios de protección, de los cuales 180 son básicamente dirigidos a periodistas.
Este tema, consideró, implica una agenda de derechos de mayores dimensiones. “Es el derecho a la libertad de expresión, sí, pero es el derecho a la información de todos y todas, y eso compete a toda la sociedad. Hoy por hoy, y mucho después del COVID-19, tenemos que caminar junto a todo lo que implican las y los comunicadores”, finalizó.
En su oportunidad, el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, denunció que los cacicazgos son los que generan un riesgo mayor para las y los periodistas en la región oaxaqueña.
Informó que del 2012 a la fecha, 19 personas periodistas han sido asesinadas en el estado de Oaxaca. Y la Defensoría a su cargo, agregó, del 2015 a la fecha tiene 300 expedientes abiertos por agresiones al gremio periodístico.
Reconoció que en Oaxaca el nivel de agresiones a personas periodistas es mayor, por lo que se pronunció por identificar cacicazgos, reconocer la presencia del crimen organizado como riesgo y aplicar protocolos para la protección de comunicadores.
A su vez, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, manifestó que los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) aportan insumos para la protección de las y los periodistas.
Comentó que en los últimos dos años la Comisión a su cargo ha abierto 11 quejas que involucran derechos de personas periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión. “Dos de éstas fueron abiertas o radicadas de oficio al tener la noticia de una posible vulneración de derechos”, subrayó.
Indicó que las autoridades señaladas en las 11 quejas son los ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del estado. “Y la mayoría de los casos tienen que ver con restricciones ilegítimas a su labor, agresiones o retardos en la integración de las carpetas de investigación”, explicó.
El Conversatorio fue moderado por la Directora de PDP (Protección de Personas Defensoras y Periodistas), Cecilia Real.