martes , 7 febrero 2023

El conocimiento técnico y jurídico en perspectiva de género y derechos humanos es indispensable para el perfil de personas servidoras públicas en materia de procuración y administración de justicia

Boletín 25/2022
13 de marzo de 2022

El déficit de perspectiva de género en el diseño, generación, desagregación de la información en procuración y administración de justicia contribuye a perpetuar y reproducir estereotipos y estigmas, en detrimento del Derecho de acceso a la justicia de las mujeres.

Al participar de forma virtual en el Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, destacó lo anterior, toda vez que al ser un factor en detrimento de su acceso a la justicia, lo convierte en un objetivo primordial de transformación.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) expuso diversos elementos de necesaria transformación para el efectivo acceso a la justicia de las mujeres identificados en Informes Especiales publicados y Recomendaciones emitidas por este Organismo de 2018 a la fecha.

Las primeras omisiones, indicó, son la garantía de los derechos de las víctimas durante la atención inicial que consiste, por lo general, en la falta de especialización en el trato hacia ellas; falta de conocimientos jurídicos en diversas materias como la familiar, administrativa y penal; y de manera transversal a los anteriores, en derechos humanos y perspectiva de género para realizar una adecuada valoración, orientación y canalización.

Lo anterior, dijo, es relevante si se retoman las observaciones del Comité CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) a nuestro país, en el sentido de la necesidad de capacitación del personal involucrado en la cadena de contactos y procedimientos en la cadena de justicia.

En el marco del Panel Magistral: “Justicia con perspectiva de Género”, sostuvo que los organismos de procuración de justicia tienen la obligación de garantizar los derechos de las víctimas antes, durante y después de la investigación de los hechos.

Cuando las víctimas son mujeres, enfatizó, es preciso identificar desde un análisis interseccional, el cruce de la categoría de género con la edad, identidad nacional u originaria,  diversidad lingüística, diversidad sexual y de género, la discapacidad, entre otras.

Apuntó que desde la CDHCM se ha observado que si bien una de las causas para tales omisiones es la falta de capacitación, formación y sensibilización del personal, es preciso aumentar la exigencia en sumar requisitos concretos para la contratación del personal que tengan que ver con el conocimiento y dominio de la perspectiva de género aplicada a la procuración y administración de justicia, así como el dominio del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres y los estándares internacionales, regionales y nacionales.

Explicó que otras omisiones son las de considerar la atención integral como un elemento fundamental para favorecer el acceso a la justicia de las mujeres, por ejemplo, brindar primeros auxilios psicológicos que deben de poder ser proporcionados por primer respondiente.

Una tercera omisión ocurre al no ordenar y dar seguimiento a las medidas de protección. Las autoridades, dijo, tienen la obligación de adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres.

Por otro lado, Ramírez Hernández consideró fundamental la atención a la perspectiva de género en las estrategias de generación de información como recurso fundamental para la rendición de cuentas de los sistemas de procuración y administración de justicia, y el acceso a la justicia de las mujeres. Es decir, diseñar metodologías con criterios y estándares internacionales para analizar el impacto -cuantitativamente y cualitativamente- de la violencia contra las mujeres.

En el Panel Magistral también participó Susana Vanessa Otero González, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); la Magistrada Idamis Pastor Betancourt, del Tribunal Electoral del Estado de Puebla; la Magistrada Marisol Castañeda Pérez, Presidenta del Colegio de Juzgadoras; la Magistrada Consuelo Margarita Palomino, Presidenta 50+1 Puebla; María Rocío García Olmedo, Titular de la Unidad de Género del Congreso del Estado de Puebla; Norma Pimentel, Presidenta de Provincia 33; y Elsa Bibiana Peralta Hernández, Coordinadora del Foro.

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