Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 34/2021
03 de agosto de 2021
Buenos días a todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy de manera virtual y a los pocos que estamos aquí de manera presencial. En especial saludo a la Doctora Almudena Ocejo, Secretaria de Inclusión y Bienestar Social; al Licenciado Efraín Morales López, Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; al Maestro Adolfo Román Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales de la Alcaldía de Cuauhtémoc; al Doctor José Cristopher López Olguín, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Coyoacán; y al Maestro Marco Polo Carballo Calva, Director General de Desarrollo Social de la Alcaldía Venustiano Carranza.
El día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) recibe a dos dependencias del Gobierno central de la Ciudad de México y a tres Alcaldías. El motivo que nos reúne es escuchar, en un ejercicio de voluntad hacia la no repetición de violaciones a derechos humanos, un reconocimiento institucional de responsabilidad por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2017, en agravio de 76 personas en situación de calle documentados en la Recomendación 15/2018 emitida el 9 de octubre de 2018.
La reparación integral del daño tiene como objetivo último el restablecer la situación al escenario previo en el que se encontraban las personas antes de que sucedieran los hechos que condujeron a transgredir sus derechos humanos, lo cual no es sencillo. Por ello, una reparación integral implica la puesta en marcha de muchas medidas: de restitución, de indemnización o compensación, verdad y justicia, satisfacción y no repetición. Si bien en este caso no han podido llevarse a cabo las medidas de restitución a las víctimas por desconocer su paradero, sí pueden emprenderse las medidas de no repetición para garantizar que los hechos sucedidos no vuelvan a ocurrir.
Las medidas de no repetición implican un profundo respeto por el proceso que han padecido las víctimas, respeto por su dignidad. Implican, sobre todo, un compromiso de las instituciones en su conjunto por modificar las condiciones estructurales que permiten o dan pie a que sucedan hechos como los documentados en agravio de la población en situación de calle, un grupo de atención prioritaria en la Ciudad.
El reconocimiento de responsabilidad, por tanto, es fundamental pues implica un primer paso público y comprometido, por parte de la autoridad, para acelerar y consolidar el tránsito de la mirada tradicional de asistencia social hacia un enfoque de garantía de derechos a partir del cual las personas en situación de calle puedan también ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos que les afectan.
Reconocer la responsabilidad sobre actos que lesionaron los derechos de esta población prioritaria es el punto de partida para el establecimiento de una nueva dinámica entre el gobierno y la ciudadanía más invisibilizada y casi despojada de personalidad jurídica y social como consecuencia directa de la discriminación: la población en situación de calle. El Estado, a través de sus instituciones, tienen el deber reforzado de evitar este tipo de discriminación estructural.
El acto público que se lleva a cabo el día de hoy constituye tan solo un paso para restaurar el tejido social roto, la confianza entre la población y las instituciones del Estado, entre otras dimensiones valiosas y necesarias.
La Recomendación 15/2018 que adjudica responsabilidad a quienes están aquí presentes hoy por nueve casos: cinco de retiros forzados y destrucción de pertenencias, dos de detenciones arbitrarias y dos de agresiones.
El día de hoy nos acompañan las autoridades que reconocieron su responsabilidad en tales hechos que evidencian acciones de limpieza social bajo el argumento de que las personas en situación de calle pueden constituir focos de inseguridad o de insalubridad. Tales motivaciones y acciones invisibilizan el fondo de la problemática y contribuyen a reproducir estigmas y prejuicios que discriminan. Las acciones de limpieza social han llevado a las peores formas de violación a derechos humanos en la historia de la humanidad.
Las acciones documentadas en esta Recomendación evidenciaron que en sus actuaciones para dotar de seguridad o recuperar los espacios públicos, algunas personas servidoras públicas omitieron respetar la dignidad de las personas en situación de calle.
Es de mencionarse que la Recomendación 15/2018 reconoce que el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, publicado el 16 de junio de 2016, constituyó un muy buen esfuerzo por parte de las autoridades y particularmente de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar Social, para atender con un enfoque de integralidad a ese sector poblacional. Sin embargo, los hechos documentados, dieron cuenta de las omisiones en su adecuada implementación y de la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para su cumplimiento.
Son diversas las causas que llevan a las personas a vivir en la calle, pero tienden a estar vinculadas con la pobreza, así como con la falta de alternativas para atender de manera individual cuestiones estructurales que deben ser de interés público como son la violencia familiar, la salud mental, la movilidad humana, entre otras.
La Comisión confía en que el reconocimiento de responsabilidad público que manifestarán las autoridades el día de hoy, a la par de una efectiva mejora en la respuesta hacia esta población, coadyuvará exactamente a recuperar estos procesos. En ese esfuerzo, la Comisión reitera su compromiso de acompañamiento a las autoridades y protección a las víctimas.
