Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 22/2021
11 de junio de 2021
Muy buenos días a todas, todos y todes, y saludo especialmente a los funcionarios del Colegio de Bachilleres que nos acompañan presencialmente aquí en las instalaciones de la Comisión. Al Director General del Colegio Bachilleres, Remigio Jarillo González, que la verdad como lo dice: estamos en una situación diferente para vernos. Nos hemos visto bastante en los últimos meses y me da mucho gusto que estés aquí Remigio y que estés, naturalmente, con Laura Montalvo Díaz (Secretaria General del Colegio de Bachilleres), con Silvia Alejandra Guzmán Saldaña (Secretaria de Servicios Institucionales) y ahora con las personas titulares de unidades, coordinadoras sectoriales y direcciones del Colegio de Bachilleres.
Hace exactamente 10 años, un día como hoy, entró en vigor la Reforma Constitucional mexicana más transformadora de sus tiempos. El Artículo 1° Constitucional incorporó la siguiente disposición: Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Esto representó un cambio de paradigma significativo. Desde ese momento todas las personas fuimos reconocidas como sujetas de derechos y todas las autoridades adquirieron una responsabilidad directa en la construcción de un Estado que efectivamente facilitara que todas y todos pudiéramos ejercer nuestros derechos.
La descentralización de dicha obligación dotó de un carácter especial al rol que ejerce el profesorado y el personal directivo de una escuela, pues no se consolidan como sujetos de derechos, sino que son precisamente ellas y ellos quienes se convierten en garantes directos del derecho a la educación. Adquieren una doble calidad que les brinda múltiples oportunidades, así como desafíos profundos conforme a los contextos en los que se desenvuelven sus funciones.
El ámbito educativo agrega una capa de complejidad, particularmente si hablamos de la educación media-superior, por un lado el trato con niñas, niños y adolescentes implica adoptar de manera obligatoria un grado diferenciado de responsabilidad en razón de su estatus como grupo de atención prioritaria. Y sobre todo, en atención a sus necesidades y percepciones acordes a su edad.
El rol como garante de derechos de adolescentes no puede ni debe ser un ejercicio de la manera en el que se haría con personas adultas. Es necesario reconocer sus particularidades como grupo, así como las estructuras de poder y orientación que rigen la función educativa.
Por un lado, es pertinente observar y empatizar con las características y desafíos de las adolescencias en la actualidad. Ya lo decía Remigio cuando habla de las transformaciones y cómo tenemos que ir adecuando estas miradas.
Nos encontramos en un mundo que discrimina a las y los adolescentes de manera constante y que tampoco permite posicionarles al centro de los problemas que les atañen o intentar comprender las distinciones con las que perciben la vida.
Un ejemplo es la brecha digital innegable. Para las nuevas adolescencias, el papel que juegan las redes sociales y el internet en la construcción de su identidad y en el descubrimiento de nuevo conocimiento resulta fundamental.
En el mismo sentido, las relaciones interpersonales se pueden establecer de manera completamente diferente, haciendo uso de los medios digitales, y las y los adolescentes conciben este fenómeno como parte de su cotidianeidad. Esto, además de una brecha digital, produce una brecha cultural importante.
Otro elemento de esta caracterización corresponde a las formas de protesta, organización y movilización de las generaciones más jóvenes; sus mecanismos de exigibilidad y producción de demandas podrán ser diversos, pero no deben desdeñarse o deslegitimarse. Es imposible garantizar su derecho a la educación de manera holística sin abordar estas diferencias y trabajar en favor de la conciliación, el diálogo y el respeto por la diversidad y los derechos humanos.
Los contextos cambian y las demandas siguen. Las maneras de protestar cambian, pero la protesta está ahí y que más lo sabe en su historia el Colegio de Bachilleres. El Colegio de Bachilleres surge exactamente, si ustedes se acuerdan, de todas las movilizaciones del 1968 y de la que Remigio nos estaba comentando el día de hoy: El Halconazo del 71. Esa es la raíz fundamental de la formación del Colegio de Bachilleres. Surge a partir de una demanda, surge de una demanda social, surge de demandas estudiantiles por abordar la educación y esa es su naturaleza y esa es la que nos tenemos que remitir cuando hablamos desde el Colegio de Bachilleres y cuando hablamos de su identidad y de lo que es y representa.
Por lo tanto, a mí no me cabe duda que vamos a poder seguir caminando y transformándonos a raíz y a partir exactamente de reconocernos identitariamente por eso.
Ante la demanda de espacios igualitarios y respetuosos para todas y todos, los integrantes de una comunidad escolar se identifican como el reto para conciliar los intereses presentes. Para ello, y con la intención de crear esquemas de participación y no discriminación y a la luz de las obligaciones actuales, será esencial adquirir las herramientas y los panoramas teórico-prácticos que nos permitan actuar para una resolución integral de conflictos con un enfoque restaurativo.
En este contexto surgen las gestiones para el Convenio Marco de Colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Colegio de Bachilleres, cuyo objetivo general es conjugar esfuerzos y recursos para la difusión, promoción, formación y capacitación en derechos humanos.
Esta alianza sienta las bases para que el Colegio de Bachilleres transversalice las obligaciones y la cultura de los derechos humanos en todas las acciones educativas, laborales y culturales que emprenda.
Mediante el Convenio, establecemos los mecanismos de cooperación para impulsar acciones con el propósito último de promover, organizar y desarrollar la cultura de los derechos humanos y otras actividades para el fortalecimiento mutuo de ambas instituciones.
Además, buscamos producir un espacio específicamente para la capacitación, educación, difusión e investigación, en el cual sean partícipes personas integrantes del servicio público, la sociedad civil, la academia y, por supuesto, los grupos de atención prioritaria.
La Comisión se solidariza con la comunidad del Colegio de Bachilleres y pone a su disposición su experiencia y herramientas en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Tras nuestra participación en más de 30 diligencias durante diversas protestas en esta comunidad, entendemos que el proceso de diálogo que conlleva a la reparación integral tras el resquebrajo de la comunidad y el sentido de colectividad exige una preparación adecuada y una delineación y adopción clara de responsabilidades, a lo cual estamos dispuestas a coadyuvar.
El Colegio de Bachilleres es un semillero del conocimiento, la profesionalización y la cultura en México. Como tal, es reflejo de las realidades sociales y de los problemas que enfrentamos como sociedad, pero también funge como una plataforma de formación de una ciudadanía comprometida con los derechos de todas y todos y preparada para enfrentar los retos por venir en la materia.
Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el Convenio representa una oportunidad de colaboración muy especial; los talleres con los que iniciamos este proceso y las actividades futuras que emprendamos en el marco de esta cooperación están encaminados a replantear el tejido comunitario y proteger a sus integrantes.
Muchísimas gracias.
