Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 102/2021
7 de junio de 2021
El impulso político de las mujeres indígenas en la Ciudad de México precisa de su participación electoral-partidista-institucional tanto como de la comunitaria, asociada a usos y costumbres, así como a la autodeterminación de los pueblos originarios.
Así lo señaló la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante su participación en el Conversatorio Participación Política de las Mujeres Indígenas.
En el encuentro para hablar respecto a toma de decisiones y liderazgos de las Defensoras de Derechos Humanos, abundó sobre el aspecto normativo, la participación política institucional y la participación política comunitaria.
Dijo que, constitucionalmente México reconoce y protege la participación política, electoral y comunitaria; pero en los hechos, la práctica social y la inercia institucional corren a ritmos diferentes.
Además de reconocer las identidades indígenas, a partir de procesos identitarios, es necesario diseñar un marco normativo y los mecanismos de garantía, así como promover los derechos de mujeres indígenas, a partir de lo que es ser mujer e indígena, de manera que sus propuestas políticas logren permear en todos los temas y de la agenda legislativa.
En el caso de la Ciudad de México, apuntó, la mayor parte de la población indígena pertenece a comunidades indígenas residentes, es decir, no originarios de la Ciudad, con una participación política diversa, tanto electoral como dentro de las mismas comunidades.
La participación política de las comunidades indígenas residentes se orienta mucho más a la exigencia de sus derechos a la vivienda y al trabajo; mientras que en las comunidades originarias se diluyen las instituciones sociales, políticas y económicas propias ante el ámbito urbano, demandando estrategias para su visibilización y reivindicación.
Se refirió también al Proceso Electoral que concluyó el fin de semana, y en el que se registraron 207 postulaciones de personas indígenas a las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa.
“Es decir, 207, en contraparte son casi 300 espacios, que es bastante copioso. En el principio de representación popular que son las candidaturas de mayoría, 118 son mujeres”, señaló.
Sólo 7.98% de esas candidaturas se identificaron como indígenas y 1.69% como afromexicanas, sin desagregar más datos desde la visión de género, siendo uno de los pendientes estadísticos e indicadores.
En el espacio para debatir y visibilizar trayectorias, metas e ideas sobre la participación y representación, así como sobre los obstáculos, prácticas sostenibles y consejos para la protección de las mujeres indígenas que defienden derechos humanos, participaron también la Defensora interina del Pueblo Boliviano, Nadia Cruz; la Concejala de Rapa Nui, Chile, María Icka; la activista, política ambientalista y pacifista indígena colombiana del pueblo arhuaco, Ati Seygundiba Quigua Izquierdo.
El Conversatorio fue convocado por la Red de Defensorías de mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).
FIO reúne a más de 75 Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Presidentes de Comisiones Nacionales o estatales de Derechos Humanos en 20 países iberoamericanos, en un foro para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución Ombudsman.
La RINDHCA forma parte de la estructura de representación regional de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).
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