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La CDHCM reconoce la aprobación de la Ley Ingrid en la Ciudad de México

La CDHCM reconoce la aprobación de la Ley Ingrid en la Ciudad de México

Boletín 35/2021
24 de febrero de 2021

A poco más de un año del feminicidio de Ingrid Escamilla, el día de ayer el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para adicionar un artículo al Código Penal local, con base en el cual se sancionará a cualquier persona servidora pública que, de manera indebida, difunda, transmita, registre o exponga información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal.

La filtración de información por parte de personas servidoras públicas y la consecuente lesión a los derechos de las víctimas es un hecho ampliamente documentado y señalado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) tanto en su Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia, como de manera particular en la Recomendación 09/2019 sobre la falta de investigación y filtración en los casos de posible feminicidio. Este instrumento reunió a 12 víctimas directas afectadas por esos motivos y reconoció como víctimas estructurales a las mujeres y niñas que habitan y transitan por la capital.

Por lo anterior, este Organismo celebra la modificación al Código Penal del Distrito Federal, pues constituye un avance legislativo fundamental en materia de protección de las víctimas, considerado como un grupo de atención prioritaria por la Constitución de la Ciudad de México.

Esta determinación contribuye también a garantizar los derechos a una investigación pronta y eficaz, a la verdad, a ser tratadas con dignidad, que se salvaguarde su integridad, y a la justicia, previstos en la Constitución Federal, la Constitución local, la Ley General de Víctimas y su correlativa en la Ciudad de México.

Asimismo, en vista de la violencia diferenciada que sufren las mujeres en México, la CDHCM insiste en que la investigación y el tratamiento de un caso penal deberá llevarse a cabo con una perspectiva de género y un enfoque interseccional de derechos humanos, es decir, que tome en cuenta las características y contextos de discriminación y violencia que cada persona pueda haber experimentado.

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