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La lucha contra la discriminación, pendiente en la Agenda de Derechos Humanos; fundamental para la igualdad y la democracia de una sociedad

Boletín 76/2020
19 de junio de 2020

Según datos de la Enadis 2017, alrededor de dos de cada diez mexicanos y mexicanas manifestó haber sido discriminada por: la forma de vestir o arreglo personal, el peso o estatura, la edad y las creencias religiosas. Según la encuesta fueron discriminadas en su familia, calle, transporte público  servicios médicos: 25% personas con discapacidad, 20% personas indígenas o de la diversidad religiosa; 16.3% adolescentes, jóvenes o personas mayores.

La discriminación repercute en amplios sectores de la población que son afectados sus derechos por condiciones y características concretas; es por ello que la lucha contra la discriminación es un  pendiente en la agenda de derechos humanos; fundamental para la igualdad y la democracia de una sociedad.

México fue precursor en colocar la agenda contra la discriminación a nivel internacional, ejemplo de ello es la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU. Actualmente existe un marco normativo e institucional antidiscriminatorio que ha ido fortaleciéndose y ampliándose progresivamente desde el año 2001, en el que se reformó el Artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de adicionar una cláusula antidiscriminatoria, en la que se establece la obligación del Estado de prohibir la discriminación en todas sus formas y expresiones.

La creación de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación en 2003, y con ello, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación marcó un parteaguas para el establecimiento de políticas públicas de Estado antidiscriminatorias.

Un gran aporte del Consejo ha sido su trabajo que está en los estudios sobre la material y en la atención a quejas vinculadas a acciones de discriminación. Destaca la realización la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, que permite detectar elementos para la construcción de políticas públicas que buscan generar condiciones de igualdad. Así como su papel en la Encuesta Intercensal de 2015, cuando por primera vez se incorporó una pregunta en torno a la identificación de la población afrodescendiente en México. Desde 2011 ha trabajado en el reconocimiento a favor de las trabajadoras del hogar, impulsando la ratificación del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos Convenio 189 de la OIT, que actualmente ha permitido avances para la protección de sus derechos.

En la Ciudad de México, trabaja a favor de la igualdad; desde 2011 en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), que es un organismo descentralizado.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha trabajado en diversas acciones con el CONAPRED. Desde 2010, el Premio «Rostros de la Discriminación”, que busca reconocer la labor de periodistas en la lucha diaria por la igualdad y no discriminación en México. En la colaboración por la construcción del Movimiento por la Diversidad Cultural de México desde hace una década, con el fin promover el reconocimiento y la protección de la diversidad y las expresiones culturales, desde los diferentes organismos gubernamentales y áreas de servicio público: salud, educación, justicia, investigación, promoción y desarrollo cultural. También se ha trabajado en el concurso de cuento para niñas y niños “¿Si yo fuera una persona Refugiada?” que promueve a sensibilizar a la población mexicana sobre la situación de millones de personas refugiadas de todas las edades en todo el mundo, quienes se ven obligadas a abandonar sus países.

La CDHCM reconoce la ardua labor del Consejo como un organismo público de gobierno que ha trabajado durante 17 años a favor de los derechos humanos de las personas que son discriminadas. Resalta la importancia de su labor a favor de la igualdad y la democracia de nuestro país. El CONAPRED, y sus equivalentes locales, son sin duda instituciones fundamentales para la agenda de los derechos humanos en nuestro país, y por lo tanto su permanencia y fortalecimiento son de gran relevancia.

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