Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 55/2020
25 de abril de 2020
En el marco del décimo tercer aniversario de la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital del país, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) se congratula por las recientes disposiciones legales que permiten la excarcelación de mujeres criminalizadas por abortar de manera voluntaria o involuntaria.
De enero de 2016 a diciembre de 2019, las instituciones públicas de salud de la Ciudad de México han realizado 62 mil 003 interrupciones legales del embarazo. De acuerdo con las cifras, el 40% de las interrupciones han sido solicitadas por mujeres que viven en pareja. De total, cerca del 45% fueron realizadas por mujeres que cuentan con estudios a nivel bachillerato concluido, 30% con secundaria y 16% licenciatura.
La Ciudad de México ha sido un lugar seguro para que mujeres de toda la República ejerzan sus derechos reproductivos y a la salud, pues si bien el 63% de los servicios fueron aprovechados por residentes de la capital, los servicios de salud locales han sido una alternativa segura para otras, provenientes de distintas entidades del país.
Cabe destacar que durante 2019, el número de procedimientos reportados en la Ciudad de México se redujo en casi la mitad con respecto a los tres años anteriores, por lo que resulta pertinente un análisis de lo que esa cifra significa pues la accesibilidad, adaptabilidad y disponibilidad de los servicios de salud de calidad deben garantizarse para la satisfacción del derecho a la salud de las personas y, particularmente, de las mujeres.
En ese sentido y congruente con una visión integral de la salud, que no sólo considera el aspecto físico sino también el psicoemocional, es preciso continuar con el avance hacia esquemas de salud pertinentes, culturalmente, y desde la perspectiva de género.
De igual forma, desde una perspectiva interseccional, es importante prevenir la discriminación en el acceso a los servicios de interrupción del embarazo en grupos de atención prioritaria como niñas, adolescentes, mujeres indígenas, en situación de calle, privadas de libertad y hombres trans, entre otros.
Es importante resaltar que hace unos días, después de la publicación de la ley que decreta la amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales federales por diversos delitos, entre ellos por el delito de aborto previsto en el Código Penal Federal.
Para esta Comisión, la liberación de estas mujeres que interrumpieron su embarazo, así como el llamado a los Congresos locales para despenalizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es una forma de contribuir a la eliminación de la violencia institucional hacia ellas.
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