Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 58/2020
30 de abril de 2020
Ante el contexto de emergencia sanitaria que modificó las dinámicas diarias y nos hace pasar tiempo en casa, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) hace un llamado a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) para prevenir y atender la violencia que les afecta, en especial en el seno familiar.
De igual forma a contribuir, en la medida de lo posible, a la satisfacción del derecho al esparcimiento y al juego; así como a acelerar las acciones para eliminar la desigualdad en el ejercicio de derechos entre NNA pertenecientes a los diferentes grupos de atención prioritaria.
En el marco del Día de la Niña y el Niño, este Organismo reconoce a todas las niñas, niños y adolescentes de esta Ciudad, su contribución para disminuir el contagio del COVID-19 mediante su permanencia en casa.
El Sistema Universal de Derechos Humanos conmemora cada 20 de noviembre la importancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el mundo. No obstante, cada país celebra a su población de 0 a 17 años en fechas diferentes. El 30 de abril en México se dedican los festejos a niñas y niños.
El origen de esta tradición a nivel mundial y su relación en nuestro país se gestó en el primer tercio del Siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, las reflexiones sobre el doloroso impacto de los conflictos armados en niñas y niños, resultaron posteriormente en una Declaración de la entonces Sociedad de Naciones. En ella se plasmaron algunos de los principios que sustentan la normativa internacional de protección de derechos humanos de NNA.
Fue hasta 1989 que la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños, misma que fue ratificada por México un año después.
A 30 años de dicha ratificación, la legislación mexicana en la materia es relativamente reciente. Hasta el año 2000 se contó con una Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que fue abrogada en 2014. A partir de esa fecha, se cuenta con una Ley General que trasciende las obligaciones de protección del Estado para sumar las de respeto y garantía de derechos humanos de NNA.
Especialmente importante son las facultades de coordinación de todos los niveles de gobierno que esta legislación establece, lo que si bien se acerca más al estándar que establece la Convención, representa el mayor reto actual para la protección reforzada de NNA.
A partir de 2017, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoció la garantía de derechos para NNA al establecer que constituyen un grupo de atención prioritaria.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la pirámide poblacional nacional y en la Ciudad de México es más ancha en el centro y se reduce en la base, lo que significa que la proporción de niñas y niños ha disminuido, y se incrementó la de adultos.
Sumado a ello, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa del país con mayor población. En ella viven 1 millón 937 mil 538 niñas y niños de 0 a 14 años, que representan el 22% de sus habitantes.
A pesar de lo anterior, el territorio de la Ciudad representa tan sólo el 0.1% del territorio nacional y casi el 70% de éste es rural, lo que resulta en una alta densidad de población que le imprime retos significativos al esparcimiento, seguridad y la posibilidad de dirigir el ingreso familiar a gastos distintos de la vivienda que contribuyan a la calidad de vida de NNA.
Lo anterior representa un reto para las instituciones que tienen ante sí la responsabilidad de incrementar los esfuerzos por eliminar las condiciones de vida que generan pobreza y desigualdad en el ejercicio de derechos de NNA. Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reporta que en nuestro país, uno de cada dos NNA está en situación de pobreza y que 20% de estos últimos se encuentra en pobreza extrema.
Ante fenómenos como el trabajo infantil, violencia, brecha digital en poblaciones infantiles indígenas, embarazo adolescente, aumento de suicidios, entre otros aspectos, obligan a las autoridades a tomar medidas de prevención y atención desde la perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género.
