Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Pronunciamiento de FMOPDH/2020
30 de enero de 2020
Esta Federación, que agrupa a los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, expresa su profunda preocupación ante los escenarios de inseguridad y violencia que en mayor o menor grado se viven en las diferentes regiones del país, particularmente frente al notorio incremento de los registros de desaparición de personas, homicidios dolosos (feminicidios y ejecuciones), robos y asaltos con violencia, entre otros delitos de alto impacto, que forma parte de un contexto generalizado de alta incidencia delictiva a lo largo y ancho del territorio nacional, agravado por los constantes hallazgos de fosas clandestinas con cuerpos o restos humanos; todo lo cual, por su propia naturaleza, ha acrecentado la demanda de los servicios forenses de las entidades federativas.
Preocupada por esta realidad, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), realizó un estudio de la situación que guarda la actividad forense en México actualizada al mes de agosto de 20191. De las aportaciones y alcance descriptivo del documento, se advierten los amplios desafíos que tienen los organismos responsables de los servicios forenses en nuestro país, frente a la agravada incidencia delictiva referida.
Es por ello que la FMOPDH hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, diagnostiquen, atiendan y supervisen la problemática que guardan los servicios forenses en las entidades de la República. En especial, manifestamos nuestra preocupación por las condiciones en las que se encuentran los cuerpos y restos humanos de personas fallecidas no reclamadas que están bajo resguardo de las instancias forenses, dada la evidente insuficiencia en la infraestructura de estos servicios que, sin duda, en muchos de los casos han sido rebasados por el incesante incremento de esas necesidades.
Los diferentes organismos autónomos defensores de derechos humanos que integran esta Federación, consideramos indispensable se atiendan cabalmente las diversas recomendaciones e informes especiales que a nivel nacional y en cada entidad federativa hemos emitido sobre estos temas; pero, además, es importante que se consideren particularmente los siguientes factores:
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- En el caso de la localización de cuerpos y restos humanos, particularmente en fosas clandestinas o lugares similares, se cuente con tecnología forense altamente especializada y se realicen las diligencias, estudios y dictámenes necesarios e indispensables para la “integración” individual de los cuerpos y para la identificación de los mismos, a través de personal técnicamente capacitado.
- Que en los procesos de inhumación de personas fallecidas no identificadas, se integre cabalmente el expediente básico forense de cada una, con las pruebas y pericias suficientes para su posterior identificación y reclamo de sus familiares y seres queridos, conforme lo obligan los distintos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales aplicables.
- Resulta fundamental que, previo a la inhumación de las personas fallecidas no identificadas, se justifique haber realizado con la máxima diligencia acciones eficientes y eficaces para la identificación y localización de sus familiares o seres queridos.
- Que se establezca un sistema homologado y estandarizado debidamente sistematizado para el registro de personas desaparecidas y de cuerpos y restos humanos localizados, interconectado entre las instituciones de investigación de delitos, procuración de justicia y de atención y registro de víctimas con las de búsqueda de personas y las de servicios forenses, a través de una inmediata,efectiva y simultánea comunicación y coordinación, para la eficiente identificación y localización de personas.
- Diagnosticar, atender y resolver aquellos casos, donde se ha rebasado la capacidad de las cámaras de refrigeración de los Servicios Médicos Forenses, acelerando los procesos de identificación e inhumación de personas fallecidas.
En este sentido, esta Federación, considera que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno deberán cumplir irrestrictamente el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y la Cometida por Particulares, y del Protocolo de Minnesota, así como del Manual para la gestión de Cadáveres en Situaciones de Desastre: Guía Práctica para Equipos de Respuesta, el Protocolo del Comité Internacional de la Cruz Roja, del Protocolo Nacional de Primer Respondiente y del Protocolo de la Cadena de Custodia.
Reiteramos el llamado a privilegiar las medidas humanitarias en los servicios forenses y fortalecerlos integralmente como la situación actual amerita, ya que el estudio citado advierte una tendencia desde 2017 a la fecha, de disminución en la mayoría de los casos, de los presupuestos para los servicios forenses. Lo que sin duda implica un retroceso en la calidad de los servicios y no permite atender con la máxima diligencia la alta demanda de que están siendo objeto, ni con la dignidad que la situación amerita a los familiares de las víctimas de tan lamentable tragedia, que acuden todos los días en
busca de sus seres queridos.
Además, deberán priorizarse acciones presupuestarias congruentes con las necesidades propias de estos servicios en las distintas entidades federativas, a fin de proporcionar los recursos suficientes para que funcionen adecuadamente todos los órganos del Estado relacionados con los procesos ministeriales, así como los de búsqueda de personas, incluyendo la importancia de atender y brindar facilidades de atención psicológica y su respectivo seguimiento al personal técnico que labora en
dichos centros forenses.
Finalmente, en el contexto del modelo penal acusatorio en vigor, y por la importancia que reviste el trabajo científico en las investigaciones, resulta necesario valorar y fortalecer la tarea de los peritos, destinándose recursos suficientes para que laboren en condiciones dignas, además de incrementar su número y su profesionalización.
En este orden de ideas, la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos reitera su llamado a que por encima de cualquier acción gubernamental, se garantice el efectivo respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares relacionados con el tratamiento, manejo, clasificación, conservación y traslado de cadáveres y su identificación e inhumación, así como los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.
1 El documento está disponible para consulta, solicitándolo al correo redes@cdhcm.org.mx.
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León; Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
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