Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 46/2020
30 de marzo de 2020
El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar se celebra cada 30 de marzo desde 1988 y es resultado del primer Congreso de Trabajadoras Domésticas que se llevó ese año en Bogotá, Colombia, en el que se fortaleció la cohesión regional del gremio para hacer visible la relevancia del trabajo doméstico remunerado en la economía global y, al mismo tiempo, hacer notar la precariedad laboral y discriminación hacia ellas.
Si bien desde 1983 ya se había proclamado el 22 de julio como Día Internacional del Trabajo Doméstico por el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, el acuerdo se gestó en el seno del movimiento feminista congregado y tenía como finalidad general reconocer tanto al trabajo doméstico remunerado como al no remunerado, ambos como un aporte altamente feminizado a la economía global.
La lucha unida del gremio de trabajo doméstico liderado por mujeres llevó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a promulgar en 2011 el Convenio No. 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Fue hasta diciembre del año pasado, 2019, que el Senado mexicano ratificó su adhesión al Convenio técnico.
La adhesión fue un logro más de las trabajadoras del hogar unidas y sus aliadas, en especial de su Sindicato (SINACTRAHO), el cual le siguió al logro judicial que previamente se había obtenido para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) extendiera la seguridad social a las y los trabajadores domésticos, sin discriminación.
Durante los dos últimos años, se han concretado avances importantes en México para los derechos laborales de las y los trabajadores del hogar. A pesar de ello, aún existen modificaciones normativas pendientes para garantizar la igualdad entre las diversas modalidades de trabajo y, sobre todo, hace falta que las personas empleadoras de trabajo doméstico cumplan ágilmente con sus obligaciones laborales.
En el contexto actual de contingencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, se constata la necesidad de garantizar la seguridad social para el gremio de trabajo doméstico, pues en tanto no haya inscripción formal ante el IMSS, cualquier afectación a la salud de las y los trabajadores debe ser garantizada y cubierta por quienes las emplean lo que, aun cuando podría resultar en un gasto catastrófico con impacto a los recursos familiares de empleadores, es una innegable obligación de cara al cumplimiento de un contrato laboral.
Sumado a ello, ante la necesidad de acatar las medidas gubernamentales de prevención recomendadas para evitar la propagación del virus, tales como evitar el tránsito y la movilidad mediante la cancelación de las actividades laborales no esenciales, se hace un llamado a las y los particulares que emplean a personas para el trabajo doméstico, a que cumplan sus obligaciones laborales y cívicas para garantizar el salario puntual y completo durante la contingencia, así como a cancelar la asistencia del personal al centro de trabajo mientras dura ésta para favorecer el cuidado colectivo, respectivamente.
Esto último es fundamental pues no puede arriesgarse al contagio ni al personal que en su gran mayoría hace uso de más de una forma de transporte público por las largas distancias que recorre, ni a las familias de ellas o de las personas que emplean sus servicios. La fuerza laboral de trabajadoras del hogar es sustantiva en número y su movilidad es amplia por lo que es necesario que se queden en casa con la garantía de su salario.
En el contexto actual, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) advierte la necesidad de continuar con los esfuerzos para la garantía del derecho a la seguridad social de trabajadoras del hogar mediante su inscripción en el IMSS, cuya fuerza laboral es importante para la economía y la sociedad en su conjunto.
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