Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Pronunciamiento 01/2020
14 de febrero de 2020
- Este Organismo hace también un llamado generalizado a no participar en el consumo de la violencia feminicida e insiste en la participación de la policía cibernética para que colabore en la investigación.
- La vida de las mujeres no puede ser un botín, ni la extrema violencia hacia ellas un objeto de consumo.
- Es necesario reparar el tejido social roto tras estos actos de violencia y atender primordialmente a niñas, niños y adolescentes que han padecido de manera cercana los efectos de este delito.
Ante el indignante feminicidio de Ingrid Escamilla y la brutal violencia infligida a su cuerpo exhibida públicamente por las imágenes filtradas y circuladas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) insiste en detener la violencia institucional hacia las mujeres.
Frente a los discursos que desvirtúan el tipo penal feminicidio, la impunidad frente al documentado patrón de filtración de imágenes señalado repetidamente por este Organismo y el desinterés por desmontar los incentivos que generan el consumo de la violencia feminicida, la CDHCM reconoce la indignación generalizada y advierte sobre el peligro que representa para las mujeres la tolerancia institucional y social a tales actos de violencia.
En ese sentido, advierte que el papel de la sociedad en este asunto es fundamental. Por esa razón, hace un llamado a hacer de ésta una causa común. La vida de las mujeres no puede ser un botín, ni la extrema violencia hacia ellas un objeto de consumo.
Sumado a ello, la Comisión insiste en recurrir a los mecanismos existentes de investigación cibernética a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local para que contribuyan a las investigaciones del Ministerio Público y puedan sancionar la más amplia gama posible de conductas penales involucradas en el feminicidio de Ingrid.
Toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada con minucia y perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. En ese sentido, los elementos de contexto para determinar la relación entre la víctima y el victimario son esenciales para arribar a la verdad.
La perspectiva de género en las investigaciones constituye una herramienta metodológica y su ausencia cuestiona el profesionalismo de quien omite incorporarla a su práctica; no es una concesión que depende de la sensibilidad o voluntad de las personas servidoras públicas, es una obligación.
El año pasado, este Organismo publicó el Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México en el que documentó, sistematizó y analizó patrones de violencia institucional tan graves como el hecho de que, en al menos 3 de cada 10 casos de feminicidios investigados por la Comisión, existe filtración de las imágenes de violencia feminicida. En el Informe, propuso recomendaciones específicas para ser aplicadas por la SSC como primer respondiente, a la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en su papel de Ministerio Público y el Poder Judicial de la Ciudad de México en lo correspondiente.
Por otra parte, la CDHCM hace un llamado a dejar de culpabilizar a las víctimas y, sobre todo, a desmitificar el perfil del feminicida para permitir a la sociedad y a las instituciones constatar la urgencia de reconocer que la construcción predominante de masculinidad implica asumir como normales y comunes las relaciones de poder ejercidas por el victimario sobre la víctima, por el hecho de ser mujer.
Además del Informe, cabe recordar que esta Comisión ha emitido instrumentos recomendatorios en los que documentó los efectos de no investigar los delitos con perspectiva de género. Algunas de ellas son:
- Recomendación 06/2016
- Recomendación 4/2017
- Recomendación 1/2018
- Recomendación 2/2019
- Recomendación 9/2019, en la que se identificó a las niñas y mujeres que habitan y transitan por la Ciudad como víctimas estructurales del feminicidio.
La violencia de género trasciende a las mujeres que la viven y alcanza dimensiones colectivas que repercuten en la confianza de la sociedad en sus instituciones. Además, cada acto de violencia contra niñas y mujeres que queda impune –y en particular cada feminicidio- contribuye a su normalización, validación y reproducción. El feminicidio de cada mujer perpetúa la dominación de los hombres sobre las mujeres y su cuerpo, así como el papel de éstas como personas inferiores y subordinadas.
Un aspecto con frecuencia olvidado y de inmediata atención es la necesidad de reparar el tejido social roto tras estos actos de violencia y atender primordialmente a niñas, niños y adolescentes que han padecido de manera cercana los efectos de este delito, así como de los que los han atestiguado, como en el caso de Ingrid Escamilla.
El Estado debe de implementar estrategias de intervención inmediata para atender y reparar la herencia de violencia institucional que su inacción ha dejado en ellas.
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